Normativa

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de LEY:

TITULO I PERSONAL PENITENCIARIO

CAPÍTULO I MISIÓN Y ATRIBUCIONES

Artículo 1º – El Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza es el organismo civil, armado, jerarquizado y profesional integrante del Sistema de Justicia y Seguridad Pública de la Provincia, que tiene por finalidad la ejecución de las penas privativas de la libertad, para lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social y promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. En la ejecución de esta finalidad, la custodia y guarda de procesados y condenados se hará del modo que resulte más favorable para resguardar su dignidad, su personalidad y el principio de inocencia. Asimismo, tiene a su cargo la emisión y confección de dictámenes criminológicos, funciones previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La misión de los agentes penitenciarios comprende la realización de las funciones establecidas en el presente artículo.

Artículo 2º – El personal penitenciario es el garante de la guarda y custodía de las personas privadas de su libertad, conforme a las disposiciones legales y judiciales vigentes.

Artículo 3º – Es obligatoria la cooperación recíproca del personal del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza con las policías y demás fuerzas de seguridad y defensa, previa solicitud en este caso, de las autoridades competentes, bajo las normas reglamentarias.

Artículo 4º – El personal penitenciario podrá hacer uso de armas en circunstancias excepcionales de legítima defensa o ante el peligro inminente para la vida, la salud o la seguridad de agentes, de internos o de terceros, ajustando en todo caso el procedimiento a lo que las leyes y reglamentos sobre el particular determinen.

CAPÍTULO II ESTADO PENITENCIARIO

Artículo 5º – El Estado Penitenciario es la situación creada por el conjunto de derechos y deberes que esta ley y sus reglamentaciones establecen para los agentes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza.

Artículo 6º – Queda sometido al régimen de la presente ley todo el personal afectado al Servicio de Seguridad, personal administrativo, profesional y técnico, que se desempeña en el Servicio Penitenciario Provincial, a excepción del personal civil.

Artículo 7º – Todos los agentes del Servicio Penitenciario de la Provincia y los que en él desempeñen cualquier función, deben subordinación y respeto al Director y a los superiores jerárquicos, cuyas órdenes están obligados a cumplir.

Artículo 8º – Son deberes de los agentes penitenciarios, sin perjuicio de los que impongan las leyes y reglamentos particulares de las distintas Unidades y Servicios:

a) Cumplir fielmente la Constitución Nacional, Provincial y demás leyes y reglamentos, las disposiciones y órdenes de sus superiores jerárquicos, dados por éstos conforme a sus atribuciones y competencia;

b) Prestar personalmente el servicio que corresponde a la función que les fuere asignada, con la eficacia, dedicación, capacidad y diligencia que aquella reclame, en donde sea destinado a cumplir su misión específica;

c) Someterse al régimen disciplinario;

d) Observar para con las personas confiadas a su custodia y cuidado un trato digno y respetuoso de los derechos humanos;

e) Observar en el servicio y fuera de él una conducta decorosa;

f) Usar el uniforme y el correspondiente armamento provisto o determinado por la Institución; siendo responsable de su uso, guarda y custodia.

g) Mantener la reserva y el secreto de los asuntos del servicio que por su naturaleza lo exijan;

h) Declarar bajo juramento su situación patrimonial y modificaciones ulteriores;

i) Encuadrarse en las disposiciones sobre incompatibilidad y acumulación de cargos;

j) Promover las acciones judiciales o administrativas que correspondan, cuando tuviere conocimiento de una ilicitud administrativa, civil y/o penal.

k) No hacer abandono del cargo;

l) Conocer debidamente las leyes, reglamentos y disposiciones permanentes del servicio en general y en particular las relacionadas con la función que desempeña.

II) Mantener permanentemente actualizado el domicilio real.

Artículo 9º – Queda expresamente prohibido a los agentes penitenciarios, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes y reglamentos:

a) Toda negociación en forma gratuita u onerosa con los recluidos o parientes hasta 2º grado y/o cónyuge o concubina, ya sea compra, venta, préstamo o cualquier otra operación en interés Personal o de terceros;

b) Aceptar de los recluidos o de terceros a ellos vinculados, dádivas o beneficio cualquiera sea su valor;

c) Asociarse o tener interés directo por persona interpuesta con las empresas o personas que contraten la venta y compra de artículos con la repartición;

d) Emplear a los internos en sus servicios particulares, hacer servir para su uso personal objeto alguno del establecimiento que no está destinado para ello. Encargarse en forma onerosa o gratuita de comisiones de los internos, llevar o traer de o para los mismos cualquier objeto, como servirles de intermediario para comunicaciones escritas o verbales con terceros, dar noticias y, en general, de todo acto que importe una relación no autorizada por el reglamento;

e) Revelar a los internos las resoluciones superiores cuya comunicación no se haya ordenado;

f) Especular con los productos del trabajo penitenciario;

g) Ejercer influencia sobre los internos procesados para la designación de defensor y/o apoderado;

h) Desempeñar funciones públicas electivas.

Artículo 10 – Son derechos de los agentes penitenciarios sin perjuicio de los demás que establezcan las leyes y reglamentos correspondientes:

a) Conservar el cargo en cuanto dure su buena conducta y capacidad para su desempeño y no se encuentre en condiciones de retiro obligatorio;

b) Progresar en la carrera y percibir las retribuciones que determine la ley;

c) Desempeñar la función que corresponda al grado alcanzado;

d) Ser provisto del vestuario y equipos estipulados por la repartición, que se requieran para el servicio de sus funciones;

e) Gozar de las licencias previstas en esta ley;

f) Ser defendido y patrocinado con cargo al Estado cuando la acción fuese entablada con motivo u ocasión del ejercicio de su función;

g) Gozar del derecho a retiro y de la pensión para sus derecho habientes y de todo otro beneficio previsional o de seguridad social que se instituya;

h) Ser asistido médicamente en caso de accidente o enfermedad ocurrida en acto o a consecuencia del servicio. Dicha asistencia podrá prestarse dentro de la Institución o en un centro científico fuera del asiento de sus funciones.

i) Derecho a la formación permanente para el mejor despliegue de sus actividades funcionales.

Artículo 11 – El Estado Penitenciario se pierde por:

a) Renuncia, cesantía, baja, o exoneración.

b) Condena impuesta por sentencia firme a pena privativa de libertad por delito doloso o inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

Artículo 12 – La pérdida del Estado Penitenciario, no importa la de los derechos a retiro y pensión que puedan corresponder al agente o a sus derecho habientes, con la excepción establecida en el Art. 19, Inc. 4) del Código Penal.

CAPITULO III ESCALA JERÁRQUICA

Artículo 13 – El personal penitenciario se agrupa en las siguientes jerarquías y grados:

Personal Superior

Personal Subalterno

Sección I Escalafonamiento

Personal Superior

Artículo 14 – El personal penitenciario, a los fines de su ordenamiento en los escalafones y subescalafones respectivos, se clasifica en la siguiente forma:

Sección II Escalafón Cuerpo de Seguridad

Personal Superior

Artículo 15 – Desempeña funciones de conducción, organización, supervisión y ejecución en las áreas de la seguridad y técnica penitenciaria, del tratamiento de los internos y relacionados a las comunicaciones de la institución.

Artículo 16 – Al Escalafón Cuerpo de Seguridad, Personal Superior, previa selección de los cuadros del personal subalterno, del mismo escalafón, mediante concurso interno de antecedentes y oposición, se incorporarán con el grado de subadjutor quienes hayan aprobado los cursos específicos en materia penitenciaria, dictados en el Instituto Universitario de Seguridad Pública.

PERSONAL SUBALTERNO

Artículo 17 – Desempeña funciones ejecutivas y subordinadas propias del personal comprendido en el Escalafón Cuerpo de Seguridad.

Artículo 18 – Al Escalafón Cuerpo de Seguridad – Personal Subalterno, la incorporación de los aspirantes será en el grado de agente, quienes hayan cumplimentado los estudios del Ciclo Polimodal, previa aprobación de cursos específicos en materia penitenciaria dictados en el Instituto Universitario de Seguridad Pública.

Sección III Escalafón Profesional y Administrativo Personal Superior

Artículo 19 – Desempeña funciones científicas, docentes, asistenciales y de asesoramiento técnico, que requieran título habilitante universitario y/o terciario. Se subdivide en los siguientes subescalafones:

a) Criminología: comprende a los profesionales con versación criminológica, afectados a los- servicios de observación, clasificación y orientación criminológica del tratamiento penitenciario;

b) Sanidad: comprende a los facultativos afectados a los servicios de medicina psicosomática preventiva y asistencial y profesionales afines (médicos, odontólogos, farmacéuticos, bioquímicos, psicólogos, psiquiatras, infectólogos, nutricionistas, médicos laborales, etc.)

c) Servicio Social: comprende a los trabajadores sociales diplomados, afectados a los servicios de asistencia penitenciaría.

d) Jurídico: comprende a los abogados y procuradores afectados a los servicios de asesoramiento, representación y asistencia técnico-jurídica.

e) Docente: comprende a los maestros, bibliotecarios y profesores afectados a los servicios de educación correccional.

f) Clero: comprende a los capellanes afectados a los servicios de asistencia espiritual.

g) Trabajo: comprende a los ingenieros, veterinarios y otros profesionales, encargados de planificar y dirigir el trabajo penitenciario.

h) Construcciones: comprende a los ingenieros, arquitectos y otros profesionales, encargados de organizar, proyectar y dirigir las construcciones.

i) Contable: Comprende a los contadores públicos, licenciados en administración, licenciados en economía y otros profesionales que requieran títulos universitarios a fin de desempeñar tareas especializadas en el orden presupuestario, contable, económico, financiero y patrimonial.

Artículo 2º – Al Escalafón Profesional y Administrativo, Personal Superior, se incorporarán, previo concurso de antecedentes y oposición y con el grado de subadjutor, los aspirantes que posean el título habilitante requerido.

PERSONAL SUBALTERNO

Artículo 21 – Desempeña las funciones auxiliares que se requieran para la realización de la misión específica asignada a los escalafones Cuerpo de seguridad, profesional y administrativo.

Artículo 22 – Al Escalafón Profesional y Administrativo, Personal Subalterno, la incorporación de los aspirantes será en el grado de Agente, quienes hayan cumplimentado los estudios del Ciclo Polimodal, previa aprobación de cursos específicos en materia penitenciaria dictados en el Instituto Universitario de Seguridad Pública y por concurso de antecedentes y oposición.

Artículo 23 – Los agentes penitenciarios, de acuerdo al escalafón en que se encuentren incorporados, podrán alcanzar el grado máximo de cada escalafón.

TITULO II INGRESO

CAPITULO I CONDICIONES GENERALES

Artículo 24 – Serán requisitos de ingreso:

1) Ser argentino, nativo o por opción.

2) Ser mayor de 18 años y tener hasta 26 años.

3) Aprobar los exámenes de aptitud psicofísica, los que estarán a cargo de un equipo profesional de la Institución conforme a las normativas complementarias.

4) Tener título de ciclo polimodal, secundario o equivalente conforme con las normas que sobre el particular se establezcan.

5) Acreditar la aprobación de cursos específicos en materia penitenciaria, dictados en el Instituto Universitario de Seguridad Pública y/o de otros estudios equivalentes.

6) Justificar antecedentes personales de buena conducta.

Artículo 25 – Anualmente, el Ministerio a cargo determinará los cupos de oficiales que se requiera incorporar en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza.

Artículo 26 – No podrán ingresar:

1) Quienes hubieran sido exonerados o cesanteados en las Administraciones

Públicas Nacionales, Provinciales o Municipales, como así también de Fuerzas de Seguridad Nacionales, Provinciales y Fuerzas Armadas.

2) Quienes hubieran sido condenados por delitos dolosos.

3) Quienes se encontraren enjuiciados por la comisión de un hecho que pudiere configurar delito doloso.

Sección I Personal Superior de Seguridad

Artículo 27 – Será seleccionado de los cuadros del personal subalterno del Servicio Penitenciario Provincial para todos los escalafones, debiendo ser designado mediante concurso de antecedentes y oposición y aprobar el curso de capacitación que se dictará a tal efecto en el Instituto universitario de Seguridad Pública.

Sección II Personal Superior Profesional y Administrativo

Artículo 28 – Será seleccionado mediante concurso de antecedentes y oposición.

Sección III Personal Subalterno

Artículo 29 – Deberá cumplimentar los requisitos enunciados en el artículo 24 de la presente ley establecidos para el ingreso.

Artículo 30 – Las incorporaciones se producirán en todos los casos en el primer grado del escalafón de cada categoría.

Artículo 31 – Cuando se trate de proveer cargo o función que requiera grado superior y no hubiera personal en condiciones de ascenso, se convocará una Junta de Ascensos, quien elevará a la Dirección General la propuesta para la designación al grado inmediato superior, previo concurso de antecedentes y oposición y el cumplimiento de las demás condiciones de ingreso.

Artículo 32 – Toda designación o incorporación a cualquiera de los escalafones de la presente ley, se efectuará interinamente por el término de 6 meses, al cabo del cual deberá confirmarse en el cargo. Esta confirmación se

realizará sobre la base del desempeño del personal, en las funciones asignadas por la superioridad y que hayan sido cumplidas dentro del marco reglamentario; habiendo demostrado idoneidad, adaptación, subordinación y aptitud, la que será evaluada por un equipo técnico, integrado por personal superior conforme al asesoramiento del equipo de psicología laboral del Servicio Penitenciario. Si en el transcurso de los seis meses, mediara alguna circunstancia grave, se procederá a la desafectación en el cargo, sin esperar el cumplimiento del período mencionado, mediante expresa norma emanada del ministro a cargo y/o Poder Ejecutivo, la que deberá ser notificada.

Artículo 33 – No será confirmado todo aquel personal que no cumpliere con lo establecido en el artículo anterior.

CAPITULO II REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 34 – Constituyen infracciones disciplinarias las transgresiones a los deberes establecidos en las disposiciones legales o reglamentarias del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza.

Artículo 35 – El personal del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza, está sujeto a las siguientes sanciones disciplinarias:

  • Apercibimiento
  • Arresto hasta treinta (30) días.
  • Suspensión hasta sesenta (60) días y sus prórrogas.
  • Cesantía
  • Exoneración

La reglamentación, determinará el procedimiento a seguir para la aplicación de estas sanciones en la ley y fijará las facultades disciplinarias del personal del Servicio Penitenciario Provincial en cuanto no estuviere previsto en esta ley. Ningún personal podrá ser declarado cesante, exonerado o suspendido sin sumario administrativo previo; los apercibimientos y arrestos serán por simple información, en todo caso el procedimiento tendrá en cuenta los lineamientos normativos del Art. 18 de la Constitución Nacional.

Artículo 36 – La aplicación de la sanción que importe la separación del personal corresponde a la autoridad, que conforme lo establece la presente ley, tiene facultades para su designación. Al ministro del área corresponde la aplicación de suspensión hasta sesenta (n60) días y sus prórrogas y a la Dirección de la Unidad, la aplicación de suspensión de hasta treinta (30) días, los arrestos y apercibimientos.

Artículo 37 – El personal penitenciario que se considere perjudicado por la aplicación de sanciones disciplinarias que no requieran previa instrucción de sumario administrativo podrá interponer recurso de reconsideración ante la autoridad de quien emanare el acto, de conformidad con las normas de procedimiento administrativo dispuestas en la presente ley.

Artículo 38 – En todos aquellos casos en que el infractor no fuere un subordinado directo, se conformará y remitirá al superior de quien dependiere un comunicado, indicando la sanción que correspondiere e información de los hechos.

Artículo 39 – Cuando las facultades concedidas al personal no le permitieren sancionar determinadas faltas, deberá solicitarlas por escrito a quien estuviere facultado para aplicarlas.

Artículo 40 – Las faltas cometidas en presencia de varios funcionarios penitenciarios con facultades disciplinarias, serán sancionadas por el de mayor jerarquía.

Artículo 41 – El personal penitenciario que tuviere la facultad de aplicar una sanción disciplinaria podrá disponer su postergación o interrupción, fundadas en razones de servicio, de las que deberá dejarse constancia escrita.

Artículo 42 – Cuando el personal penitenciario resultare imputado por la comisión de un hecho que constituyere más de una falta administrativa, se aplicará la sanción más grave.

TÍTULO III SITUACIÓN DE REVISTA

CAPITULO I CONDICIONES GENERALES

Artículo 43 – El personal penitenciario podrá hallarse en alguna de las siguientes situaciones de revista:

  • Servicio Efectivo.
  • Disponibilidad.
  • Pasiva.
  • Retiro.

CAPITULO II SERVICIO EFECTIVO

Artículo 44 – Revistará en servicio efectivo el personal penitenciario que se encontrare:

  1. Prestando servicios en las distintas Unidades o cumpliendo comisiones ordinarias o extraordinarias.
  2. En uso de licencia ordinaria anual.
  3. Con licencia especial por enfermedad o lesión, causadas o no por actos de servicio, hasta tres (3) meses.
  4. En uso de Iicencia especial por maternidad.
  5. En uso de licencia extraordinaria por antigüedad.
  6. En uso de toda otra licencia extraordinaria o permiso, siempre que no fueren consideradas como causales de otras situaciones de revista.
  7. El personal retirado que se incorpore por convocatoria.

CAPITULO III DISPONIBILIDAD

Artículo 45 – Revistará en disponibilidad el personal penitenciario que se encontrare:

1- A disposición de la Dirección a la espera de la asignación de destino. En caso de que durante esta disponibilidad pasare a retiro, conservará el derecho de acumular en su haber previsional los suplementos computables que le hubieren correspondido de acuerdo con la última función desempeñada. Esta disponibilidad no podrá exceder de noventa (90) días.

2- Con licencia especial por enfermedad o lesión causadas por actos de servicio, desde el momento en que se excedieren los tres (3) meses de licencia previstos en el inciso 3) del Artículo anterior y hasta completar los dos (2) años. Completado el plazo legal, y si persistieren las afecciones de la salud, se dispondrá la baja, sin perjuicio de los derechos previsionales que correspondieren. Reintegrado a su servicio, agotado o no el término legal previsto, se establecerá, mediante junta médica, su aptitud para determinar la situación de revista que corresponda. El personal que padeciere otra afección por actos de servicio deberá ser pasado nuevamente a esta situación de revista.

3- En uso de licencia especial por enfermedad o lesión no causadas por actos de servicio, desde el momento que excedieran los tres (3) meses de Iicencia previstos en el inciso 3) deI artículo anterior y hasta completar dos (2) años. Vencido ese término se establecerán sus aptitudes para determinar la situación de revista que corresponda. Si persistieren las afecciones de la salud deberá disponerse su baja, sin perjuicio de los derechos previsionales que correspondieren. El personal que hubiera revistado en esta situación y siempre que hubiera agotado el término legal previsto, no podrá revistar nuevamente en disponibilidad.

CAPITULO IV PASIVA

Artículo 46 – Revistará en pasiva el personal penitenciario que se encontrare:

1- Con licencia extraordinaria por situaciones particulares, el personal no podrá estar en esta condición sino después de cinco (5) años de haber salido de ella y nunca cuando permanezca en el mismo grado.

2- Bajo proceso judicial y privado de su libertad, dicho tiempo no se computará para el ascenso.

3- Sancionado con suspensión por la comisión de faltas al régimen disciplinario.

4- Suspendido preventivamente, por imputación de faltas que requirieren de instrucción de sumario administrativo.

5- En transgresión, pública y colectivamente, a lo establecido en el artículo 10 de la Constitución de la Provincia y en el Art. 9º, Inc. h) de la presente ley.

6- Con sumario administrativo por abandono de servicio.

Artículo 47 – La suspensión preventiva no podrá extenderse por más de sesenta (60) días, pero podrá ser ampliada por la Inspección General de Seguridad cuando mediaren razones fundadas y por iguales plazos en que se hubieren prorrogado algunas de las etapas de la instrucción sumarial.

Artículo 48 – A los fines de esta ley se considerará abandono de servicio cuando se hubieran agotado las gestiones por parte del titular de la Unidad, a efectos de procurar el comparendo del personal; o se tomare conocimiento por cualquier medio fehaciente sobre la intencionalidad en la concreción de tal situación. Estas gestiones deberán realizarse durante las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a que se produjere la incomparecencia al servicio.

Artículo 49 – El tiempo transcurrido en disponibilidad o pasiva, se computará a los efectos del ascenso, retiro y retribución en la siguiente forma:

a) Al personal comprendido en el Inc. 1) del Art. 45 de la presente ley, como servicio efectivo.

b) Al personal comprendido en el Inc. 1) del Art. 46 de la presente ley, no se le computará a ningún efecto.

c) Al personal comprendido en el Inc. 2) del Art. 45 de la presente ley, como servicio efectivo.

d) Al personal comprendido en el Inc. 2) del Art. 46 de la presente ley, no se le computará para el ascenso.

e) Al personal comprendido en el Inc. 3) deI Art. 45 de la presente ley, solamente a los efectos del retiro y retribución.

f) AI personal comprendido en el Inc. 3) del Art. 46 de la presente ley, no se le computará a ningún efecto.

g) Al personal comprendido en el Art. 45 de la presente ley, no se le computará para el ascenso ni retiro, salvo que haya sido sobreseído de la causa, no se le haya aplicado sanción disciplinaria por falta de mérito o ésta fuera de apercibimiento o arresto. En el caso de que se aplicara suspensión como medida sancionatoria y el lapso de ésta fuera menor que el tiempo que estuvo afectado por la medida cautelar, la diferencia se computará en todos los efectos.

h) Al personal comprendido en el Inc. 5) deI Art. 46 de la presente ley, no se le computará para el ascenso.

i) Al personal comprendido en el Inc. 6) deI Art. 46 de la presente ley, no se le computará a ningún efecto.

CAPITULO V RETIRO

Artículo 50 – Accederá a situación de retiro, el personal del Servicio Penitenciario Provincial que posea Estado Penitenciario y que reuniera las siguientes condiciones.

1) Cuando se encontrare en situación de percibir el haber jubilatorio correspondiente a su grado conforme a la legislación vigente. En esta situación el Poder Ejecutivo podrá disponer la continuidad en situación de servicio efectivo, si razones de servicio lo exigieren y contando con el consentimiento del funcionario penitenciario.

2) El retiro adquiere el carácter de obligatorio, cuando el personal cumpla los años de servicio y la edad requerida por la legislación para tal efecto, no pudiendo mantener su relación de empleado público a partir del momento en que se cumplan tales requisitos.

3) Cuando el personal penitenciario cumpliere con los requisitos de edad y tiempo de prestación de servicios que exijan las normas  previsionales para el retiro voluntario conforme a la legislación vigente y lo dispusiere el Poder Ejecutivo.

4) A los fines del otorgamiento del retiro conforme a lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto-Ley Nº 4176 y sus modificatorias, todo el personal con estado penitenciario y sometido al régimen de la presente ley queda comprendido en el grupo “A” del Art. 12 del Decreto-Ley Nº 4176.

5) Conforme al carácter de tarea insalubre que reviste la labor penitenciaria, se computará un año más por cada tres años de servicio prestado conforme a la presente ley, cuando computare 18 o más años continuos o alternados percibiendo el ítem insalubridad.

Artículo 51 – Se encuentran en retiro el personal penitenciario que cesa definitivamente su obligación de prestar servicio efectivo, y produce los siguientes efectos:

1) Cierra el ascenso y produce la vacante del cargo;

2) No permite desempeñar funciones en actividad penitenciaria, salvo en caso de convocatoria.

Artículo 52 – El personal que se encontrare en situación de retiro, podrá ser temporalmente incorporado al servicio en caso de convocatoria por graves alteraciones del orden, de conmoción pública, de otros motivos graves o por ampliación de los servicios institucionales.

TITULO IV ACTUACIONES SUMARIALES

CAPITULO I PROCEDIMIENTO SUMARIAL

Artículo 53 – El inicio del procedimiento sumarial se ordenará por resolución de la Inspección General de Seguridad en razón de:

1- Denuncia recibida por cualquier medio, informe del jefe de dependencia donde revistare el presunto infractor o donde se hubiera cometido el hecho.

2- Pase a situación pasiva en los términos del Art. 46, Inc. 4).

3- Extracción de compulsa judicial.

4- Conocimiento obtenido por cualquier otro medio de hecho, que pudiere constituir falta gravísima administrativa al presente régimen disciplinario.

Artículo 54 – La instrucción del sumario tendrá por objeto:

1- Comprobar la existencia de un hecho que constituyere falta gravísima administrativa pasible de sanción.

2- Reunir la prueba de todas las circunstancias que pudieren influir en su calificación legal.

3- Determinar la responsabilidad administrativa, del o los agentes intervinientes en el hecho principal o sus accesorios.

4- Dar las pautas determinantes de las responsabilidades civil y penal que pudieren surgir de la investigación.

Artículo 55 – El órgano competente designará al sumariante, quien deberá iniciar la instrucción dentro del primer día hábil de notificado del cargo.

Artículo 56 – Se podrá disponer la suspensión preventiva o el traslado del personal penitenciario que incurriere presuntivamente en falta administrativa que diere lugar a la iniciación de sumario administrativo, por resolución fundada e irrecurrible, siempre que su alejamiento fuere necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados; cuando su permanencia en el servicio fuere incompatible con el estado de autos o cuando la continuidad en la prestación del servicio público de seguridad implicare un riesgo para sus destinatarios.

Artículo 57 – El sumario será secreto en los primeros quince (15) días de su iniciación durante los cuales el sumariante acumulará la prueba de cargo.

Artículo 58 – Cumplido dicho término se citará al sumariado a prestar declaración indagatoria, la que será un medio de defensa y de prueba en todo cuanto declarare. La declaración deberá contener:

1- Las circunstancias personales del imputado, su domicilio real y legal, cuando lo constituyere, su jerarquía y dependencia de revista.

2- El hecho que se le atribuyere y las pruebas existentes.

3- Notificación del derecho de abstenerse de declarar sin que ello signifique presunción de culpabilidad.

4- La constancia del derecho de dictar por sí su declaración, de nombrar defensor en el sumario y de ser asistido por él.

Artículo 59 – Prestada la declaración indagatoria, se correrá vista por ocho (8) días al sumariado para que proponga las medidas probatorias que creyere oportunas para su defensa.

Artículo 60 – El sumariado podrá ser patrocinado por un abogado matriculado.

Artículo 61 – Durante los quince (15) días subsiguientes, el sumariante practicará las diligencias propuestas por el sumariado y en caso de considerarlas improcedentes, dejará constancia fundada de su negativa.

Artículo 62 – Deberán acumularse al sumario administrativo todos aquellos antecedentes que, habiendo sido solicitados, se produjeren con posterioridad y hasta el momento de su resolución definitiva.

Artículo 63 – El sumariante deberá ser asistido por un secretario de actuación, quien suscribirá y certificará todo lo actuado, notificaciones y constancias.

Artículo 64 – Las actuaciones y diligencias del procedimiento deberán practicarse en días y horas hábiles administrativos. Las actuaciones sumariales no podrán ser retiradas de la sede de la instrucción, salvo por orden judicial.

Artículo 65 – Las presentaciones no efectuadas en el horario hábil administrativo del día en que venciere el plazo, se podrán efectuar válidamente hasta la hora diez (10) del día hábil siguiente.

Artículo 66 – Cuando se considerare necesario se podrán habilitar días y horas para cumplir alguna actuación o diligencia determinada.

Artículo 67 – Todos los términos establecidos en este capítulo son en días hábiles administrativos y perentorios. Podrán ser prorrogados al doble por resolución fundada del sumariante y por un término mayor por resolución fundada de la autoridad que dispuso el sumario administrativo. El pedido de prórroga no impedirá el desarrollo de las actuaciones sumariales.

Artículo 68 – Los sumarios devueltos por la Inspección General de Seguridad para el cumplimiento de nuevas medidas o diligencias, deberán instruirse en el plazo de quince (15) días, término que podrá ser ampliado en las mismas condiciones del artículo anterior.

Artículo 69 – El incumplimiento de los plazos señalados en la presente sección harán pasible al sumariante de las sanciones pertinentes, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponderle.

Artículo 70 – En lo pertinente a medios y producción de la prueba se aplicarán las disposiciones del Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza.

CAPITULO II RECUSACIÓN E INHIBICION

Artículo 71 – El sumariado sólo podrá recusar con causa al sumariante por alguno de los motivos previstos en el Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza.

Artículo 72 – La recusación deberá ser interpuesta por el sumariado ante el sumariante mediante escrito fundado, en el que ofrecerá la prueba pertinente. Sólo podrá recusar dentro del término establecido en el artículo 61.

Artículo 73 – Aceptada la recusación por el instructor, éste comunicará dicha circunstancia a la Inspección General de Seguridad, la que dispondrá la designación del nuevo sumariante. Cuando éste rechazare la causal de recusación invocada, con su informe elevará a la Inspección General de Seguridad todas las actuaciones para su decisión. La decisión que recayere respecto de la recusación planteada, será irrecurrible.

Artículo 74 – Cuando el sumariante se hallare en alguna de las causales de inhibición, deberá informar y elevar las actuaciones a la Inspección General de Seguridad, la que resolverá la inhibición solicitada, adoptando las medidas pertinentes para el caso.

CAPITULO III REMISION DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO

Artículo 75 – Dentro de los ocho (8) días siguientes de producidas las pruebas, el sumariante emitirá dictamen en el que aconsejará la resolución a adoptar. Del mismo se correrá vista al inculpado para que en el término de cinco días produzca su alegato.

Artículo 76 – El informe del sumariante deberá contener en lo pertinente:

1- Las condiciones personales del sumariado.

2- La relación circunstanciada de los hechos y las pruebas.

3- La calificación legal.

4- Una exposición de los motivos en que se fundare.

Artículo 77 – Incorporado el alegato a las actuaciones o vencido el plazo sin que se hubiera presentado, el sumario administrativo deberá ser elevado a la Inspección General de Seguridad para su remisión a la Junta de Disciplina.

Artículo 78 – Recibidas las actuaciones con el informe del sumariante, si la inspección considerare necesaria la producción de nuevas medidas, así lo dispondrá y las remitirá nuevamente al sumariante para su cumplimiento.

Artículo 79 – No podrá dictarse el sobreseimiento, el cierre de la causa por falta de mérito o el archivo definitivo del sumario administrativo cuando el hecho que motivó las actuaciones hubiera dado origen a proceso judicial y el juez competente no se hubiera expedido con declaración de sobreseimiento, falta de mérito o absolución.

Artículo 80 – La sustanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de las sanciones pertinentes en el orden administrativo, serán independientes del proceso penal iniciado por el mismo hecho; y el sobreseimiento o absolución en sede judicial no impedirá la aplicación de la sanción que correspondiere mediante procedimiento sumarial.

Artículo 81 – Todo sumario administrativo prescribirá en el término de dos (2) años de iniciado el mismo. El personal no podrá ser sumariado después de haber transcurrido dos (2) años de cometida la falta que se le imputa. El personal no podrá ser sancionado sino una sola vez por la misma causa.

CAPITULO IV COMPETENCIA DE LA JUNTA DE DISCIPLINA

Artículo 82 – La Junta de Disciplina solamente se avocará a los hechos investigados por la Inspección General de Seguridad.

Artículo 83 – Recibidas las actuaciones, la Junta de Disciplina, deberá:

1- Resolver por mayoría de votos de sus miembros en los casos en los que correspondiere aplicar la sanción de suspensión por más de diez (10) días, dentro del término de diez (10) días de recibidas las actuaciones.

2- Dictaminar en los casos en los que correspondiere aplicar las sanciones de cesantía y exoneración, dentro de diez (10) días de recibidas las actuaciones.

Artículo 84 – Las resoluciones y dictámenes de la Junta de Disciplina se efectuarán por escrito y deberán contener:

1- Nombres, apellidos y grado del sumariado.

2- Una exposición sucinta de los motivos de hecho en que se fundare, consignándose las normas jurídicas aplicables.

3- La parte dispositiva, fecha y firma de los integrantes de la Junta.

CAPITULO V INFORMACIÓN SUMARIA

Artículo 85 – El Director de Unidad deberá iniciar información sumaria cuando fuere necesario demostrar someramente cualquier hecho o circunstancia que pueda constituir faltas leves o graves, pudiendo aplicar las sanciones que correspondan a dichas faltas.

Artículo 86 – Se deberá oir al interesado, quien tendrá derecho a presentar descargo.

Artículo 87 – En todos los casos las informaciones sumarias se completarán con los dictámenes técnicos y jurídicos pertinentes.

Artículo 88 – Las disposiciones del procedimiento sumarial establecidas en la presente ley se aplicarán supletoriamente en las informaciones sumarias, en cuanto fueran compatibles con el carácter sumarísimo de las mismas.

CAPITULO VI RECURSOS

Artículo 89 – El personal penitenciario tendrá derecho a recurrir los actos administrativos sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos y corresponderá tan sólo a quien le fuere acordado expresamente y tuviere un interés directo en sus efectos.

Artículo 90 – Los recursos deberán ser por escrito y fundados, observando las condiciones de tiempo y forma que se determinen.

Artículo 91 – La interposición de los recursos no tendrá efectos suspensivos, salvo que expresamente se dispusiere lo contrario.

Sección I Recurso de Reconsideración

Artículo 92 – Procederá el recurso de reconsideración contra un acto administrativo a fin de que quien lo dictó, lo revoque o modifique por contrario imperio.

Artículo 93 – Deberá interponerse mediante escrito fundado dentro del término de cinco (5) días hábiles de notificado el acto y resolverse en el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de que se encontrare en estado de resolver.

Artículo 94 – Si el recurso no fuere resuelto en término, el recurrente podrá considerarlo denegado tácitamente.

Denegada la reconsideración expresa o tácitamente, procederá el recurso de apelación.

Sección II Recurso de Apelación

Artículo 95 – Procederá recurso de apelación contra las resoluciones expresamente declaradas apelables.

Artículo 96 – Este recurso deberá interponerse por escrito fundado ante el superior jerárquico de quien denegó el recurso de reconsideración, en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación del acto o de vencido el plazo para resolver la reconsideración.

Deberá resolverse en el término de diez (10) días de encontrarse el expediente en estado de resolución.

Artículo 97 – En todo lo no previsto en este capítulo, regirá supletoriamente la ley de Procedimiento Administrativo Nº 3909 y su modificatoria.

CAPITULO VII RESPONSABILIDAD CIVIL O PATRIMONIAL

Artículo 98 – El personal penitenciario que por una acción u omisión culpable o dolosa que le sea imputable, ocasione un daño a los bienes patrimoniales de la institución; sin perjuicio de la sanción disciplinaria pertinente, estará obligado al pago de la misma, en la forma que establezca la reglamentación.

TÍTULO V PROCEDIMIENTOS GENERALES

CAPITULO I BAJA

Artículo 99 – Corresponderá la baja voluntaria al personal penitenciario que la solicitare por razones particulares, en cualquier época del año. Serán impedimentos para el otorgamiento de esta baja:

1) Encontrarse bajo sumario administrativo.

2) Razones de servicio debidamente fundadas y dispuestas por la autoridad competente, por un plazo no mayor de tres (03) meses.

3) Encontrarse cumpliendo sanción disciplinaria.

4) Mantener obligaciones dinerarias pendientes con el Servicio Penitenciario Provincial.

Artículo 100 – Corresponderá la baja obligatoria del personal penitenciario en los casos de:

1) Fallecimiento.

2) Cesantía o exoneración, cualquiera fuere su antigüedad y sin perjuicio de los derechos previsionales que legalmente correspondieren.

3) Enfermedad o lesión, causadas o no por actos de servicio, que produjeren ineptitud para el normal ejercicio de la función, luego de agotadas las licencias para el tratamiento de la salud, sin perjuicio de los derechos previsionales que correspondieren.

4) Cuando en los exámenes: psicofísicos periódicos surgiere una disminución grave de sus aptitudes prófesionales y personales que le impidiere el normal ejercicio de la función.

5) Cuando en el promedio anual de las calificaciones individuales conceptuales no alcanzare la aptitud para la permanencia en el grado.

6) Cuando cumpliere dos (02) años en la situación pasiva prevista en el Art., 46 Inc. 2), sin perjuicio de los derechos previsionales que le correspondieren.

Artículo 101 – En los supuestos previstos en los Incs. 3) y 4) del Artículo anterior, para optar por el régimen previsional, previamente el personal penitenciario deberá someterse a revisión de la Junta Médica que correspondiere.

CAPITULO II REINCORPORACIÓN

Artículo 102 – El personal podrá ser reincorporado al Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza y readquirir el estado penitenciario con el grado que tenía al momento de la baja, en una sola oportunidad y siempre que:

1- La baja hubiera sido voluntaria y se hubiera cumplido con el compromiso de servicios penitenciarios.

2- Fuere solicitada dentro de los dos (2) años de la fecha de aceptación de la baja.

3- En el último informe de calificación anual conceptual individual hubiera registrado la aptitud para permanecer en el grado.

4- No se hallare comprendido en causales de impedimentos generales para el ingreso.

5- Los exámenes psicofísicos denotaren aptitud suficiente para el grado al cual se pretendiere ingresar.

6- Existiere la vacante respectiva.

Artículo 103 – El personal reincorporado conservará la antigüedad que poseía al momento de la baja, no computándose para su retiro el tiempo transcurrido fuera del servicio penitenciario provincial. Será reubicado en el grado que detentaba no computándose la antigüedad que poseía en el mismo a los efectos promocionales.

Artículo 104 – El personal penitenciario que sufriere una sanción disciplinaria expulsiva y obtuviere su revocación en juicio contencioso administrativo, será reincorporado en el mismo grado que poseía y en las siguientes condiciones:

1- Dentro de los tres (3) años, la reincorporación será en Servicio Efectivo y deberá ser ubicado en el grado que detentaba. El reincorporado pasará a ocupar el último puesto de los iguales jerárquicos que contaren con la misma antigüedad en el grado que poseía el mismo al momento de su baja.

2- Después de los tres (3) años, la reincorporación será en retiro, siempre que este beneficio le correspondiere legalmente y de conformidad con el régimen previsional.

En los dos casos previstos anteriormente, el personal penitenciario podrá optar por no ser reincorporado, debiendo abonársele una indemnización compensatoria calculada en la forma establecida en el apartado de indemnizaciones.

Artículo 105 – Los plazos establecidos en los lncs. 1) y 2) del artículo anterior, se contarán a partir de la notificación que dispusiere la sanción.

Artículo 106 – Las reincorporaciones mencionadas en el Art. 104 producirá los siguientes efectos:

1- Serán retroactivas a la fecha en que se produjeron las sanciones expulsivas.

2- Se reconocerá como tiempo en servicio efectivo el transcurrido fuera del servicio penitenciario provincial al sólo efecto del retiro.

TITULO VI REGIMEN DE LICENCIAS Y PERMISOS

CAPITULO I LICENCIAS

Artículo 107 – Las licencias y permisos serán beneficios en razón de los cuales el personal quedará eximido de prestar servicios durante un cierto período de tiempo.

Sección I Licencia Ordinaria Anual

Artículo 108 – Se otorgará licencia ordinaria anual con goce, de haberes por el tiempo de treinta (30) días corridos, siempre que el personal hubiera prestado como mínimo un (1) año de servicio efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial.

Artículo 109 – Si a la terminación del año calendario en que se produjere el ingreso o la reincorporación del personal no se hubiere completado el tiempo mínimo establecido en el artículo anterior, se tendrá derecho a la parte proporcional del beneficio a razón de dos (2) días y medio por cada mes o fracción mayor de quince (15) días trabajados en ese año. Si se obtuviere una fracción de días, se considerará a la misma como día entero en favor del personal.

Artículo 110 – Cualquiera fuera el tiempo trabajado en el año calendario anterior, el beneficio deberá ser gozado en el año calendario siguiente.

Artículo 111 – El uso de este beneficio será obligatorio y deberá ser gozado en forma completa o fraccionado en dos períodos, conforme con las necesidades del servicio, entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre del año en que correspondiere.

Artículo 112 – Cuando se tratare de cónyuges que se desempeñaren como personal penitenciario, se les otorgará este beneficio en forma simultánea, siempre que razones de servicio lo permitieren.

Artículo 113 – El beneficio no se interrumpirá, con excepción de las siguientes causas:

1- Razones de servicios, debidamente fundadas y notificadas.

2- Convocatoria de las fuerzas de seguridad realizada por el Poder Ejecutivo.

3- Enfermedad o lesión.

4- Maternidad.

5- Fallecimiento de cónyuge, padres o hijos.

6- Nacimiento o adopción.

7- Asistencia a familiares enfermos directos.

Cuando cesaren los supuestos indicados en los lncs. 3), 4), 5), 6) y 7), se reanudará automáticamente el goce de la Iicencia anual.

Cuando cesaren los supuestos indicados en los lncs. 1) y 2), el personal penitenciario deberá solicitar expresamente la continuidad en el goce de la licencia.

Artículo 114 – El director podrá disponer la postergación de la licencia para el año calendario siguiente, siempre que existieren razones fundadas.

Artículo 115 – Se perderá el beneficio si no fuere gozado por el personal penitenciario en el año calendario correspondiente, excepto el supuesto de prórroga previsto en el artículo anterior.

Artículo 116 – El personal penitenciario que revistare en disponibilidad o pasiva, no tendrá derecho al uso de este beneficio mientras subsistieren esos supuestos. Concluidos, corresponderá el uso de la parte proporcional del beneficio, el que se computará conforme con lo establecido en el Art. 109.

Sección II Licencias Especiales

Artículo 117 – Se concederán al personal penitenciario en los siguientes casos:

1- Por tratamientos de la salud.

2- Por maternidad.

3- Por adopción.

Sección III Licencia para Tratamiento de la Salud

Artículo 118 – Se otorgarán con goce de haberes en los casos y términos siguientes:

1- Licencia especial por enfermedad o lesión causadas por actos de servicio, hasta dos (2) años. Reintegrado a su servicio, agotada o no la licencia prevista, el personal que padeciere otra afección por actos de servicio tendrá derecho nuevamente al goce de este beneficio.

2- Licencia especial por enfermedad o lesión no causadas por actos de servicio, hasta dos (2) años en toda su carrera penitenciaria.

El personal que hubiera agotado en forma total esta licencia, no podrá hacer uso nuevamente.

Artículo 119 – Estos beneficios se otorgarán, previo dictamen médico del órgano competente, conforme lo establezca la reglamentación.

Artículo 120 – Cuando por una o más afecciones se sumaren más de treinta (30) días continuos o noventa (90) discontinuos de licencia, el otorgamiento sucesivo de las mismas será con intervención del órgano de control médico competente.

Artículo 121 – Los informes médicos deberán renovarse periódicamente, conforme lo establezca la reglamentación.

Artículo 122 – El personal que usare estas licencias estará obligado a:

1- No desarrollar ninguna otra actividad laboral.

2- Cumplir estrictamente el tratamiento prescripto.

3- Someterse a los controles médicos correspondientes.

4- Contar con opinión médica favorable para salir fuera de la Provincia.

5- Comunicar al personal médico de la Unidad cualquier novedad que pudiere surgir de la evolución de la afección.

Sección IV Licencia por Maternidad

Artículo 123 – Por maternidad se otorgará licencia con goce de haberes en los casos y términos consignados en la Ley Nº 5811 modificada por la Ley Nº 7426.

Artículo 124 – El uso de este beneficio será obligatorio y se concederá en todos los casos, sin tener en cuenta la antigüedad de la beneficiaria en el Servicio Penitenciario Provincial.

Artículo 125 – Desde el momento de la concepción, el personal tendrá derecho a la asignación de tareas que no implicaren riesgo para su estado.

Artículo 126 – En caso de parto prematuro o adelantado, se adicionará a la Iicencia postparto, todos los días del beneficio no gozados y anteriores al parto. El uso de esta Iicencia extinguirá toda otra licencia o permiso que se estuviere gozando, con excepción de las licencias ordinaria anual y extraordinaria por antigüedad, las que se interrumpirán.

Artículo 127 – Se producirá la extinción de esta licencia cuando se dieren las siguientes circunstancias:

1- Interrupción definitiva del embarazo.

2- Fallecimiento del recién nacido.

Sección V Licencia por Adopción

Artículo 128 – Aplícanse las disposiciones vigentes en la Ley Nº  5811 y sus modificatorias.

Artículo 129 – Gozará de ochenta (80) días continuos de licencia el personal que adoptare a un menor de edad, de conformidad con el régimen legal de adopción.

Sección VI Licencias Extraordinarias

Artículo 130 – Se otorgarán licencias extraordinarias al personal en los siguientes casos:

1- Por antigüedad.

2- Por matrimonio.

3- Por nacimiento.

4- Por fallecimiento.

5- Por familiares enfermos.

6- Por exámenes.

7- Por situaciones particulares.

8- Por recargo laboral.

9- Por riesgo en el servicio.

10- Por cambio de domicilio.

Sección VII Licencia por Antigüedad

Artículo 131 – Se concederá licencia por antigüedad con goce de haberes por el término de un (1) mes y por única vez en la carrera penitenciaria, siempre que se hubiera computado veintidós años (22) de servicios como mínimo, continuos o discontinuos.

Artículo 132 – Esta licencia sólo se interrumpirá por las causas establecidas para la interrupción de la licencia ordinaria.

Artículo 133 – EI beneficio se extinguirá sin dar derecho a compensación monetaria cuando no fuera gozado por el personal penitenciario antes de su retiro, excepto          cuando la imposibilidad de su goce se hubiera debido a causas ajenas a su voluntad.

Sección VIII Licencia por Matrimonio

Artículo 134 – Se otorgará con goce de haberes en los casos y términos siguientes:

1- Licencia por matrimonio del personal, veinte (20) días continuos.

2- Licencia por matrimonio de hijo, tres (3) días continuos.

Artículo 135 – Los términos de esta Iicencia se computarán a partir del día de la celebración del matrimonio en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Artículo 136 – Esta Iicencia sólo se interrumpirá por las causas establecidas en los Incs. 1), 2), 3), 5) y 6) del artículo referido a la interrupción de la licencia ordinaria.

Sección IX Licencia por Nacimiento

Artículo 137 – Remítase a lo establecido en la Ley Nº 5811 y sus modificatorias

Sección X Licencia por Fallecimiento

Artículo 138 – Se otorgará con goce de haberes en los siguientes casos y término:

1- Por fallecimiento de cónyuge, padre o hijo, cinco (5) días hábiles.

2- Por fallecimiento de suegro/a, yerno, nuera, hermáno/a o abuelo, dos (2) días hábiles.

Artículo 139 – En los casos del artículo anterior, la Iicencia se concedería a partir del mismo día de producido el fallecimiento, cualquiera hubiera sido la hora del mismo.

Artículo 140 – Cuando sobreviniere el deceso simultáneo de dos (2) o más familiares previstos en los incisos del Art. 140, los días serán acumulativos.

Sección XI Licencia por Familiar Enfermo

Artículo 141 – Se concederá con goce de haberes hasta diez (10) días continuos de Iicencia por año calendario, fraccionados o no, para la atención de uno o más miembros de su grupo familiar directo que padecieren afecciones en la salud, siempre que ellos requirieren, indefectiblemente, de su cuidado personal.

Artículo 142 – La solicitud deberá ser acompañada con las certificaciones médicas correspondientes.

Artículo 143 – Se verificará la enfermedad del familiar y la necesidad de su cuidado personal mediante la intervención de personal médico o trabajadores sociales.

Sección XII Licencia por Exámenes

Artículo 144 – Se otorgará con goce de haberes hasta treinta (30) días de Iicencia por año calendario para rendir exámenes finales, en los establecimientos educativos en los que se estuvieran realizando estudios de cualquier nivel.

Artículo 145 – El beneficio sólo podrá gozarse en fracciones de hasta diez (10) días continuos.

Artículo 146 – La concesión de este beneficio procederá siempre que se hubiera obtenido la autorización pertinente para realizar los estudios.

Artículo 147 – En el supuesto de postergación de la mesa examinadora, el personal penitenciario se reintegrará de inmediato al servicio y adjuntará certificado donde constaren los motivos de la suspensión.

Artículo 148 – Este beneficio sólo se interrumpirá por las causas establecidas para la licencia ordinaria.

Sección XIII Licencia por Situaciones Particulares

Artículo 149 – El personal penitenciario podrá solicitar hasta un (1) año de licencia por razones particulares sin goce de haberes, cuando tuviere una antigüedad en el Servicio Penitenciario Provincial de tres (3) años. Se podrá conceder en forma continua o alternada hasta completar el término máximo.

Quedará librada su concesión a las posibilidades del servicio. Una vez gozado este beneficio, deberán transcurrir cinco (5) años para solicitarlo nuevamente.

Artículo 150 – Esta Iicencia sólo se interrumpirá por la causa establecida en el Inc. 2) deI Art. 113 referido a la interrupción de la licencia ordinaria.

Sección XIV Licencia por Recargo de Servicios

Artículo 151 – Se otorgará en razón de recargos extraordinarios de servicios que no se compensaren económicamente.

Artículo 152 – Esta licencia se otorgará con goce de haberes y hasta cuatro (4) días.

Artículo 153 – Este beneficio podrá concederse una sola vez en el mes.

Sección XV Licencia por Riesgo en el Servicio

Artículo 154 – Se concederán hasta cinco (5) días continuos al personal que, como consecuencia de un acto de servicio que implicare riesgo para su vida, hubiera experimentado una situación de tensión psicológica. En este caso deberá proveérsele la atención médica correspondiente.

Artículo 155 – Este beneficio sólo se interrumpirá por las causas establecidas para la Iicencia ordinaria.

Sección XVI Licencia por Cambio de Domicilio

Artículo 156 – Se concederán dos (2) días continuos al personal que debiere efectuar cambio de domicilio real a otro ubicado dentro del radio de cien (100) kilómetros del anterior. Superada esa distancia, el plazo se ampliará un (1) día por cada cien (100) kilómetros.

Artículo 157 – Esta Iicencia será otorgada con goce de haberes.

CAPITULO II DISPOSICIONES PARTICULARES

Artículo 158 – Agotadas las licencias por matrimonio, nacimiento, fallecimiento, exámenes y cambio de domicilio, el personal deberá presentar los respectivos certificados dentro de los tres (3) días posteriores a su reintegro al servicio.

Artículo 159 – Al sólo efecto del otorgamiento de los beneficios regulados por este capítulo, será equiparable la situación de aquellos que hubieran convivido públicamente y en aparente matrimonio durante los dos 2 años inmediatos anteriores, a la de los cónyuges.

CAPITULO III PERMISOS

Artículo 160 – Se podrán conceder por los casos siguientes:

1- Lactancia.

2- Asistencia a estudios regulares.

3- Integración de mesas examinadoras.

4- Donación de sangre.

Sección I Permiso por Lactancia

Artículo 161 – Remítase a lo dispuesto en la Ley Nº 5811 y sus modificatorias.

Sección II Permiso por Estudios Regulares

Artículo 162 – Se otorgará para cursar regularmente en establecimientos educacionales, públicos o privados, de cualquier nivel, siempre que no se resintiere la prestación del servicio.

Artículo 163 – Este permiso quedará sujeto a las siguientes disposiciones:

1- Deberá solicitarse cuando se iniciaren los ciclos lectivos

2- Se otorgará por el tiempo indispensable para el cursado de las respectivas materias.

3- Cualquier modificación de horario deberá ser informada de inmediato, adjuntando los comprobantes del caso, con diez (10) días de antelación a su inicio.

Sección III Permiso para Integración de Mesa Examinadora

Artículo 164 – Se otorgará al personal cuando fuere docente y debiere integrar mesas examinadoras en turnos finales.

Sección IV Permiso por Donación de Sangre

Artículo 165 – Se acordará un (1) día de permiso cuando donare sangre y sólo comprenderá el día de la donación.

CAPITULO IV DISPOSICIONES PARTICULARES

Artículo 166 – Los permisos por integración de mesas examinadoras y donación de sangre, se justificarán con los comprobantes respectivos.

CAPITULO V REGIMEN DE CAMBIO DE DESTINO Y COMISIONES

Artículo 167 – Será cambio de destino la situación por la cual, el personal penitenciario pasare a prestar servicio en otra unidad penitenciaria

Artículo 168 – Comisión será la designación oficial del personal para cumplir funciones o tareas que implicare el alejamiento temporal de una unidad de revista.

Sección I Comisiones

Artículo 169 – Las comisiones se clasificarán en:

1- Comisión ordinaria.

2- Comisión extraordinaria.

Comisión Ordinaria

Artículo 170 – Consistirá en la designación del personal penitenciario para:

1- Desarrollar servicios logísticos o técnicos, o ejecutar tareas específicas de seguridad o de auxilio a la justicia, en apoyo de otras unidades penitenciarias o para dar cumplimiento a determinadas misiones dentro o fuera de la Provincia.

2- Llevar a cabo actividades de representación institucional.

3- Desarrollar actividades de capacitación profesional de interés para el Servicio Penitenciario de la Provincia.

Artículo 171 – La duración de esta comisión no podrá ser superior a noventa (90) días continuos. Vencido dicho plazo, el personal será restituido a su Unidad de origen. Por razones excepcionales podrá renovarse por igual lapso.

Comisión Extraordinaria

Artículo 172 – Consistirá en la designación del personal penitenciario para:

1- Desarrollar actividades de capacitación profesional de interés para el Servicio Penitenciario Provincial, cuando las mismas requieran un término superior a noventa (90) días.

TITULO VII REGIMEN DE REMUNERACIONES Y COMPENSACIONES ECONÓMICAS

CAPITULO I REMUNERACIONES

Artículo 173 – La remuneración del personal penitenciario se compondrá de la asignación de clase, de los adicionales particulares y de los suplementos que correspondieren a la situación de revista y condiciones especiales.

Artículo 174 – Las remuneraciones y asignaciones establecidas por esta ley estarán sujetas a los aportes y contribuciones previsionales y asistenciales que determinen las normas vigentes, con excepción de aquellos casos en los que expresamente se dispusiere lo contrario.

Artículo 175 – La asignación de la clase de cada grado jerárquico del personal penitenciario se determinará mensualmente aplicando los coeficientes que se establecen a continuación, para cada uno de ellos, sobre la asignación de

la clase del cargo del Jefe de las Policías de Mendoza tal cual se establece en el Art. 284 de la ley Nº 6722 lo cual es determinado anualmente por la Ley de Presupuesto.

Grado Coeficiente Jerárquico asignación de la clase

Prefecto General 0,95

Prefecto 0,89

Alcaide Mayor 0,83

Alcaide 0,74

Subalcaide 0,65

Adjutor Principal 0,57

Adjutor  0,46

Subadjutor 0,40

Suboficial Mayor 0,55

Suboficial Principal 0,45

Suboficial de Primera 0,43

Suboficial Auxiliar 0,38

Suboficial Ayudante 0,33

Subayudante 0,32

Agente 0,30

Artículo 176 – Establézcanse los siguientes adicionales particulares mensuales:

1- Antigüedad.

2- Títulos.

3- Recargo de servicio.

4- Insalubridad

Se destaca que el personal que, en cualquier circunstancia, no se encuentre trabajando en forma efectiva dentro de ámbito de la Dirección del Servicio Penitenciario Provincial, no tendrá derecho a percibir los adicionales particulares de recargo de servicio e insalubridad.

Artículo 177 – Establézcanse los siguientes suplementos mensuales:

1- Riesgo especial.

2- Zona.

3- Subrogancia.

4- FalIas de caja.

5- Variabilidad de vivienda.

6- Mayor distancia.

Se destaca que el personal, que en cualquier circunstancia, no se encuentre trabajando en forma efectiva dentro de órbita de la Dirección del Servicio Penitenciario Provincial, no tendrá derecho a ninguno de los adicionales previstos en el presente artículo.

Artículo 178 – A partir deI 1 de enero de cada año el personal percibirá en concepto de adicional por antigüedad, por cada año de servicio o fracción mayor de seis (6) meses que registrare al 31 de diciembre inmediato anterior, la suma equivalente al dos por ciento (2%) de la asignación de la clase correspondiente a su situación de revista. La determinación de la antigüedad total de cada agente se hará computando los servicios no simultáneos cumplidos en forma ininterrumpida o alternada en organismos nacionales, provinciales y/o municipales.

Artículo 179 – El adicional por título se abonará al personal que realizare algunos de los siguientes estudios terciarios, universitarios o de postgrado, conforme con el siguiente detalle:

1- Título de Técnico en Seguridad Penitenciaria o equivalente: cinco por ciento (5%) sobre la asignación de la clase del grado de Alcaide Mayor.

2- Título de Licenciado en Seguridad Penitenciaria o equivalente: diez por ciento (10%) sobre la asignación de la clase de grado de Alcaide Mayor.

3- Títulos de posgrados relacionados con la problemática de la seguridad penitenciaria: quince por ciento (15%) sobre la asignación de la clase del grado de Alcaide Mayor.

4- Títulos secundarios o equivalentes correspondientes a planes de estudio no inferiores a cinco (5) años y títulos de enseñanza media que habiliten para el ingreso a las universidades o establecimientos superiores de nivel terciario: diez por ciento (10%) sobre la asignación de la clase del grado que revista.

5- Títulos o certificados correspondientes al ciclo polimodal o de capacitación con planes de estudios reconocidos oficialmente y no inferiores a tres 3 años: cinco por ciento (5%) sobre la asignación de la clase del grado que revista.

6- Título universitarios o de títulos superiores que demanden tres (3) o más años de estudio del tercer nivel: quince por ciento 15% sobre la asignación de la clase del grado que revista.

Artículo 180 – Mediante normativa complementaria se determinarán las equivalencias y relaciones de los títulos.

No podrá bonificarse más de un título o certificado por personal penitenciario.

Artículo 181 – El adicional por recargo de servicio se abonará al personal que revistare en los grados comprendidos entre Agente y Subalcaide inclusive, y cuando por razones de servicio debiere cumplir una prestación laboral superior a la que resultare mensualmente del régimen horario establecido para los oficiales comprendidos en la escala jerárquica. Consistirá en el importe que resultare de aplicar el coeficiente diez centésimos (0,10) sobre la asignación de la clase del grado en que revistaren.

Artículo 182 – Considérase como trabajo insalubre en los términos de la legislación laboral vigente a la labor penitenciaria prestada conforme a esta ley. Reconociéndose por tal concepto un porcentaje equivalente al treinta por ciento (30%) del ítem percibido como asignación de la clase. Mediante reglamentación se determinarán las actividades insalubres que correspondan percibir el ítem Insalubridad. Siendo casos especiales de tareas insalubres las siguientes:

a) La labor diaria penitenciaria en contacto, permanente con internos que presentan patologías psiquiátricas preexistentes y agravadas por la privación de la libertad.

b) Asistencia y trato habitual con internos que padecen enfermedades infectocontagiosas tales como HIV, Hepatitis A, B y C, Tuberculosis, Dermatosis Secundarias, Aparasitosis de Piel y otras de transmisión interhumana que pudieran aparecer.

c) Custodia de detenidos en hospitales generales y de enfermedades infectocontagiosas.

d) Traslado diario de internos a comparendos judiciales e interconsultas hospitalarias.

Artículo 183 – Las unidades carcelarias tendrán a su cargo el dictado de cursos de formación, capacitación y perfeccionamiento respecto de aquellas enfermedades prevenibles como así también, sobre el trato con pacientes portadores de enfermedades infectocontagiosas y/o de transmisión sexual.

Artículo 184 – El suplemento por riesgo especial se liquidará al personal que revistare y se desempeñare en forma regular y permanente en funciones que impliquen un riesgo adicional al propio de la función penitenciaria. Mediante reglamentación se determinarán las actividades y los importes que en cada caso correspondan. Para estar comprendido en los alcances de este adicional el personal deberá cumplir los siguientes requisitos:

1- Poseer las condiciones e idoneidad necesarias para el desarrollo de las tareas específicas.

2- Ser designado para desempeñar las funciones señaladas, por Resolución del Ministro a cargo.

El personal que hubiera desempeñado la tarea bonificada por más de veinte (20) años continuos o alternados y fuere cambiado de función, continuará percibiendo el suplemento.

Artículo 185 – El suplemento por zona se abonará al personal que se desempeñare en forma habitual y permanente en zonas inhóspitas o de frontera y que fueren declaradas expresamente bonificables. Consistirá en el importe resultante de aplicar un porcentaje sobre la asignación de la clase del grado que revista.

Las zonas y porcentajes aludidos serán determinados mediante reglamentación.

Artículo 186 – El suplemento por subrogancia se abonará a los oficiales superiores a quienes se les hubiera asignado funciones transitorias correspondientes a cargos de nivel superior al que revista. El suplemento será igual a la diferencia entre el importe de la asignación de la clase del grado que revista y el que le correspondiere por el cargo que desempeña en calidad de subrogante. Son requisitos para su liquidación:

1- Que el cargo estuviere vacante o su titular se encontrare en alguna de estas condiciones:

a) Designado en otro cargo con retención del propio.

b) Desempeñando un cargo de mayor jerarquía en la Administración Pública.

c) En uso de Iicencia extraordinaria con o sin goce de sueldo o especial por razones de salud.

d) Suspendido o separado del cargo por causales de sumario.

2- Que el período de subrogancia fuere superior a treinta (30) días corridos.

3- Que en el ejercicio del cargo se mantuvieren la forma, modalidades propias del trabajo y horario de prestación de servicio.

En los casos de vacantes transitorias, las subrogancias caducarán indefectiblemente el día en que se reintegrare el titular del cargo.

El ministro a cargo autorizará, mediante resolución, el pago de este suplemento.

Artículo 187 – El suplemento por variabilidad de vivienda se abonará al personal a fin de compensarle los mayores gastos en concepto de casa habitación, cuando en cumplimiento de sus funciones específicas y ordinarias fuere destinado a prestar servicios en unidades del Servicio Penitenciario Provincial que le impongan como consecuencia, el cambio de residencia habitual, siempre que tal destino no hubiera sido dispuesto a su solicitud. Consistirá en el importe que resultare de aplicar un coeficiente de ciento setenta y cinco milésimos (0,175) sobre la asignación de la clase del grado de Alcaide Mayor.

Su liquidación estará sujeta, además, a las siguientes condiciones:

1- Que el beneficiario tuviere su domicilio real y permanente a una distancia superior a sesenta (60) kilómetros de su destino y que razones de servicio le impidieren habitar aquél;

2- Que dicho domicilio real y permanente fuere mantenido por el beneficiario mientras se prolongue su servicio en la unidad de destino. Cuando en el lugar de destino se le suministre vivienda con la obligación de pagar impuestos, tasas, y servicios que la afectaren, el suplemento se limitará al cincuenta por ciento (50%) del importe establecido precedentemente. Este suplemento no será considerado bajo ningún concepto para el cálculo del sueldo anual complementario.

Artículo 188 – El suplemento por mayor distancia se abonará al personal a fin de compensarle los gastos que le ocasionare la prestación del servicio como consecuencia de haber sido destinado a unidades penitenciarias ubicadas a más de treinta (30) kilómetros de su domicilio real y permanente, siempre que tal destino no hubiera sido dispuesto a su solicitud. Consistirá en el importe equivalente al cincuenta por ciento (50%) del suplemento por variabilidad de vivienda establecido por el artículo anterior. Su liquidación estará sujeta a las condiciones establecidas por los incisos 1) y 2) del artículo anterior.

Artículo 189 – A efectos de percibir los suplementos por variabilidad de vivienda y mayor distancia, el personal deberá cumplir estrictamente con el deber de mantener actualizado su domicilio real.

Artículo 190 – Al personal que, como consecuencia de la asignación de un nuevo destino, debiere cambiar su domicilio habitual, se le abonará la suma necesaria para:

1- Adquisición de pasajes, para sí y familiares a cargo que convivieren con él, desde el lugar de su residencia habitual hasta el lugar del nuevo destino.

2- Atención de los gastos de mudanza, desde el lugar de residencia habitual hasta el lugar del nuevo destino. Para su liquidación deberán cumplirse las siguientes condiciones:

a- Que el nuevo destino asignado se encontrare ubicado a más de sesenta (60) kilómetros de distancia del que tuviere al momento de disponerse el traslado.

b- Que el traslado se fundamente en razones de servicio, fuere dispuesto por el Ministerio a cargo y no hubiera sido dispuesto a su solicitud.

TITULO VIII ASIGNACIONES ESPECIALES

CAPITULO I COMPENSACIONES

Artículo 191 – El personal tendrá derecho a las siguientes compensaciones:

1- Por gastos de comisiones de servicio.

2- Por gastos de traslado.

Artículo 192 – El personal penitenciario que debiere llevar a cabo comisiones fuera de su lugar habitual de servicio percibirá por adelantado en concepto de viático, el monto diario que determinen las normas provinciales en vigencia.

CAPITULO II SUBSIDIOS

Artículo 193 – Los causa habientes del personal fallecido tendrán derecho a los siguientes subsidios:

1- Subsidio por fallecimiento.

2- Subsidio para gastos de sepelio.

Sección I Subsidio por Fallecimiento

Artículo 194 – Cuando se produjere el fallecimiento del personal en servicio efectivo como consecuencia de actos propios del servicio, los deudos con derecho a pensión percibirán por única vez el subsidio que se establece, sin perjuicio de los que les pudieren corresponder por imposición de otras normas legales:

1- Para los del personal soltero o viudo sin hijos, una suma equivalente a veinticinco (25) veces el importe del haber mensual que correspondiere al grado del fallecido.

2- Para los del personal casado sin hijos, una suma equivalente a treinta y cinco (35) veces el importe del haber mensual que correspondiere al grado del fallecido.

3- Para los del personal soltero o viudo con hijos matrimoniales o extramatrimoniales reconocidos, una suma equivalente a cuarenta y cinco (45) veces el importe del haber mensual que correspondiere al grado del fallecido. Este monto se incrementará con sumas equivalentes a cinco (5) veces el haber mensual, por cada hijo y a partir del segundo.

4- Para los del personal casado con hijos, una suma equivalente a cincuenta y cinco (55) veces el importe del haber mensual que corresponda al grado del fallecido. Este monto se incrementará con sumas equivalentes a cinco veces el haber mensual, por cada hijo y a partir del segundo.

Artículo 195 – Si el personal retirado o convocado a prestar servicio hubiera fallecido como consecuencia de actos propios del servicio, sus deudos con derecho a pensión percibirán el subsidio establecido en el artículo anterior.

Artículo 196 – El subsidio por fallecimiento se liquidará también por una sola vez y sin perjuicio de otros que pudieren corresponder, al personal en servicio efectivo, retirado o convocado que resultare total y permanentemente incapacitado para la actividad penitenciaria y civil como consecuencia de actos propios del servicio.

Sección II Subsidio para Gastos de Sepelio

Artículo 197 – Los derecho habientes del personal en servicio efectivo fallecido como consecuencia de actos de servicio, tendrán el derecho de percibir por única vez el monto que resultare de aplicar el treinta y cinco por ciento (35%) sobre la asignación de la clase de Prefecto.

Artículo 198 – En caso de fallecimiento de personal retirado o convocado a prestar servicio como consecuencia de actos propios del mismo, sus deudos con derecho a pensión percibirán el subsidio establecido en el artículo anterior.

CAPITULO III INDEMNIZACIONES

Artículo 199 – Consistirá en el resarcimiento económico de un daño o perjuicio causado al personal penitenciario.

Artículo 200 – La indemnización se abonará en los siguientes casos:

1- Por licencia anual no usufructuada. Se abonará exclusivamente al personal que cesare en el servicio efectivo sin haber hecho uso de la licencia anual por motivos del servicio debidamente acreditados y que constaren en los legajos personales.

2- Para los casos previstos en los incisos 3) y 4) del artículo 100, el afectado percibirá una suma compensatoria equivalente al importe del haber mensual que por todo concepto correspondiere a su grado, por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses.

Artículo 201 – A los fines del Inc. 2) del artículo anterior la indemnización resarcirá al funcionario por su incapacidad y por la pérdida del empleo y no se acumulará con otras indemnizaciones o subsidios que por estas causales debiere abonar el estado. A los fines indemnizatorios la incapacidad deberá ser absoluta y permanente para la actividad penitenciaria.

Artículo 202 – Si el personal retirado o convocado a prestar servicios hubiera sido afectado en algunos de los supuestos establecidos en el Art. 203, como consecuencia de actos propios del servicio, las personas a cargo o deudos con derecho a pensión, percibirán la indemnización establecida en el Inc. 2).

CAPITULO IV REGIMEN DEL PERSONAL EN SITUACIÓN DE RETIRO

Artículo 203 – El personal en situación de retiro, sin perjuicio de su haber de retiro, podrá:

a) Ejercer actividades comerciales o privadas por cuenta propia o de terceros; siempre que fueren compatibles con el decoro debido a su condición profesional y jerárquica;

b) Participar en actividades políticas;

c) Desempeñar cargos rentados en la Administración Nacional, Provincial o Municipal.

En el ejercicio de estas actividades no podrá hacer uso de su grado ni vestir uniforme.

Artículo 204 – El personal en situación de retiro quedará sujeto a las normas disciplinarias que reglamentariamente se determinen.

CAPITULO V CONVOCATORIA

Artículo 205 – El personal en situación de retiro podrá ser convocado a prestar servicio efectivo cuando razones de seguridad lo aconsejaren o, previo consentimiento, cuando se tratare de situaciones de interés funcional.

Artículo 206 – Cesará la convocatoria por desaparición de las causas que la motivaron o por la pérdida de las aptitudes para mantenerse en esa situación.

Artículo 207 – La convocatoria y el cese serán dispuestos por decreto del Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 208 – Sólo podrá ser convocado el personal penitenciario que reuniere las aptitudes psicofísicas y profesionales compatibles con el eficiente desempeño de las funciones y tareas a desarrollar, debiéndose excluir a aquellos que presentaren antecedentes personales, administrativos o judiciales desfavorables o proceso penal pendiente.

Artículo 209 – El personal convocado será incorporado con el grado que poseía al momento del retiro y su convocatoria no ocupará vacante.

Artículo 210 – El personal convocado tendrá los deberes y derechos propios del personal en servicio efectivo, con la excepción de los referidos al régimen de promociones.

Artículo 211 – El personal convocado percibirá como única remuneración, además del haber de retiro pertinente, la mitad de la asignación de clase equivalente al grado que ostentaba al momento del retiro.

TITULO IX REGIMEN DE ASCENSOS Y CALIFICACIONES

CAPITULO I ASCENSOS

Artículo 212 – El Poder Ejecutivo, confiere los grados de ascensos a todo el personal del Servicio Penitenciario Provincial, a propuesta de la Dirección sobre todos los que se encuentren en condiciones de ascender y de la Junta de Calificaciones respectiva.

Artículo 213 – Los ascensos del personal serán al grado inmediato superior, para cubrir las vacantes existentes, conforme a las necesidades del servicio, debiéndose cumplir con las demás condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 214 – No podrá ser ascendido el personal:

a) Que en los dos (2) últimos años hubiera sido sancionado por desarreglo de su conducta económica;

b) Que revistare en disponibilidad para su retiro;

c) Que no hubiere aprobado los cursos de perfeccionamiento correspondientes;

d) Que estuviere con Iicencia por enfermedad no contraída en actos de servicio por más de tres (3) meses o cuando compute continuos o discontinuos más de noventa (90) inasistencias en el año;

e) Que estuviere con Iicencia sin goce de sueldo por más de dos (2) meses;

f) Cuando se encontrare sumariado o procesado;

g) Que hubiere sido declarado apto para permanecer en el grado.

Artículo 215 – El tiempo mínimo de antigüedad que se establezca para el ascenso del personal, no podrá ser menor de dos (2) años. Sólo podrá prescindirse de este tiempo mínimo de antigüedad cuando las necesidades del servicio impusieren cubrir en un determinado grado un número de vacantes mayor que el de los agentes que tuvieren la antigüedad reglamentaria en el inmediato inferior.

Artículo 216 – Se constituirán dos Juntas de Calificaciones:

a) Junta de Calificaciones del Personal Superior, encargada de establecer el orden de mérito para el ascenso de estos agentes, con excepción del subdirector general.

b) Junta de Calificaciones del Personal Subalterno, encargada de establecer el orden de méritos de estos agentes.

Artículo 217 – Además de lo establecido en el Art. 219 corresponde a la Junta de Calificaciones:

a) Dictaminar respecto del personal que anualmente debe pasar a retiro obligatorio;

b) Dictaminar en las solicitudes de reincorporación, en los pedidos de rehabilitación del personal exonerado o cesante.

Artículo 218 – En los Escalafones Cuerpo de Seguridad, los ascensos del respectivo personal se otorgarán por antigüedad en el grado calificado y por selección en las proporciones siguientes:

a) Personal Superior para el ascenso a:

Por Selección  Por Antigüedad Calificada

Prefecto Gral. 100%

Prefecto 100%

Alcaide Mayor 100%

Alcaide 90%  10%

Subalcaide 80% 20%

Adj. Ppal. 70%  30%

Adjutor 60% 40%

b) Personal subalterno para el ascenso a:

Por Selección Por Antigüedad Calificada

Subof. Mayor 100%

Subof. Ppal. 100%

Subof. de 1ª 100%

Subof. Auxiliar 80% 20%

Subof. Ayudante 70%  30%

Subayudante 60% 40%

Artículo 219 – En los Escalafones Profesional y Administrativo, los ascensos se otorgarán por selección.

Artículo 220 – Los ascensos por selección en los Escalafones Cuerpo de Seguridad y Profesional y Administrativo, se harán entre el agente que siga al último que ascienda por antigüedad en el grado calificado y el último del mismo grado con el tiempo mínimo cumplido y calificado apto para el ascenso, que reúnan el tiempo mínimo en el grado.

Artículo 221 – El personal que reúna el tiempo mínimo requerido, haya sido declarado apto para el ascenso y no sea promovido por falta de vacante, percibirá un suplemento de su retribución por tiempo mínimo de permanencia en el grado.

Este suplemento consistirá en un porcentaje mensual de su retribución y dejará de percibirse, automáticamente, al ascender al grado inmediato superior.

Artículo 222 – El Director del Servicio Penitenciario Provincial queda facultado para ascender al personal subalterno y proponer el ascenso del personal superior por mérito extraordinario. Se entenderá que existe mérito extraordinario cuando el personal haya arriesgado su vida en actos de servicio o actuando en virtud de las obligaciones establecidas para la colaboración con otras fuerzas de seguridad.

Artículo 223 – Dentro de los diez (10) días hábiles de notificados los ascensos, por medio de Decreto del Poder Ejecutivo, el personal que considere que debió ser ascendido, podrá interponer recurso en la forma siguiente:

a) Personal Superior: en primera instancia ante el Director del Servicio Penitenciario Provincial; en segunda y definitiva instancia ante el Poder Ejecutivo, cuando el reclamo se funde en la ilegalidad del acto administrativo impugnado;

b) Personal Subalterno: en primera instancia ante el Director de Unidad en la que revistare; en segunda y definitiva instancia ante el Director del Servicio Penitenciario Provincial.

Artículo 224 – Cuando se hiciere lugar al recurso y no hubiere vacante, el recurrente ocupará la primera que se produzca. Al sólo efecto de la antigüedad en el nuevo grado, se considerará que el ascenso se efectuó en la fecha en que debió ser promovido.

CAPITULO II REGIMEN DE SERVICIO

Artículo 225 – El Poder Ejecutivo reglamentará la duración de las jornadas del servicio del personal comprendido en la presente ley, en los distintos escalafones, con igualdad horaria, a los efectos remunerativos y previsionales al quedar comprendido todo el personal penitenciario en el grupo A del Art. 12 del Decreto Ley 4176.

Artículo 226 – La fijación de jornadas de labor, no excluye a ningún personal de la obligación de desempeñar eventualmente tareas de recargos cuando las necesidades del servicio así lo requieran. En tales casos, podrá acordarse descanso compensatorio o asignaciones suplementarias.

Artículo 227 – En los casos de siniestro, fuga, amotinamiento o sublevación de internos o alteración del orden en los establecimientos, el personal sin excepción, podrá ser llamado a prestar servicio y recargo en las tareas que exija la emergencia, sin derecho a remuneraciones extraordinarias o compensación de franco.

CAPITULO III CALIFICACIONES

Artículo 228 – El personal penitenciario será calificado anualmente en forma individual, con vistas a hacer efectivo su progreso en la carrera por sus respectivos jefes. La calificación será notificada a los interesados, quienes podrán recurrir de ella, en última instancia, ante el Director del Servicio Penitenciario Provincial.

CAPITULO IV INSTANCIA DE CALIFICACIONES

Artículo 229 – Los oficiales hasta el grado de Alcaide Mayor y todo el personal subalterno, serán calificados en dos instancias.

Artículo 230 – Los oficiales superiores serán calificados en única instancia, por el Director del Servicio Penitenciario Provincial. De existir igualdad en el grado y antigüedad en la repartición con una de las instancias calificadoras, se expedirá el Director.

TITULO X DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 231 – La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación, aplicándosele a todo el personal penitenciario.

Artículo 232 – En todo lo no previsto expresamente, y en cuanto no resultare incompatible con las finalidades de esta ley, se aplicarán supletoriamente:

– Las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Mendoza Nº 3909 y su modificatoria.

– Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza.

– Ley Provincial Nº 5.811 y sus modificatorias.

– Decreto Ley Nº 560/73 y sus modificatorias.

Artículo 233 – La presente ley regirá todo lo referido al régimen de remuneraciones del personal penitenciario, reemplazando a la Ley Nº 5336 y modificaciones en su contenido específico.

Artículo 234 – La entrada en vigencia de la presente ley no afectará los derechos adquiridos por el personal penitenciario existente a la fecha de su entrada en vigencia en lo referente a remuneraciones y régimen previsional.

Artículo 235 – El monto correspondiente a la asignación de la clase de revista de Director y Subdirector del Servicio Penitenciario de la Provincia será determinado anualmente por la Ley de Presupuesto.

Artículo 236 – Anualmente, en la Ley de Presupuesto, deberán preverse las partidas necesarias, a fin de permitir la incorporación de nuevo personal penitenciario de la Provincia.

Artículo 237 – Derógase la Ley Nº 3777 y modificaciones y cualquier otra norma que se oponga a la presente, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 238 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil seis.

Juan Carlos Jaliff

Vicegobernador

Presidente H. Senado

Luis Alfonso Petri

Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Raúl Horacio Vicchi

Presidente

Cámara de Diputados

Jorge Manzitti

Secretario Legislativo

Cámara de Diputados

ANEXO I

ESCALA JERARQUICA DEL PERSONAL PENITENCIARIO

OFICIALES

OFICIALES PREFECTO

GENERAL SUPERIORES PREFECTO

OFICIALES ALCAIDE

JEFES MAYOR

ALCAIDE

SUBALCAIDE

OFICIALES ADJUTOR

SUBALTERNOS  PRINCIPAL

ADJUTOR

SUBADJUTOR

SUBOFICIALES

SUBOFICIAL

MAYOR

SUBOFICIALES SUBOFICIAL

SUPERIORES PRINCIPAL

SUBOFICIAL

DE PRIMERA

SUBOFICIAL

AUXILIAR

SUBOFICIALES SUBOFICIAL

SUBALTERNOS AYUDANTE

SUBAYUDANTE

PERSONAL

DE TROPA AGENTE

ANEXO II

TIEMPO MINIMO DE PERMANENCIA EN EL GRADO

PREFECTO 4 AÑOS

ALCAIDE MAYOR 4 AÑOS

ALCAIDE 3 AÑOS

SUBALCAIDE 4 AÑOS

ADJUTOR PRINCIPAL 3 ANOS

ADJUTOR 3 AÑOS

SUBADJUTOR 3 AÑOS

SUBOF. PRINCIPAL 4 AÑOS

SUBOF. DE PRIMERA 3 AÑOS

SUBOFICIAL AUXILIAR 4 AÑOS

SUBOF. AYUDANTE 3 AÑOS

SUBAYUDANTE  2 ANOS

AGENTE 2 AÑOS

 

(Texto actualizado al 09/05/2014)
B.O.: 22/06/2006

Mendoza, 17 de abril de 2006

Visto el expediente Nº 631/S/ 06/00100, mediante el cual tramita el dictado del Decreto reglamentario de la Ley Nº 7493, y

CONSIDERANDO:

Que diversas disposiciones de esta ley remiten a la norma-tiva reglamentaria que se dictará.

Que en este sentido se sostuvo la necesidad de adoptar acciones que favorecieran la implementación de los regímenes espaciales cuya regulación se ha dispuesto por la norma, propiciando una mejora salarial de los empleados del sistema carcelario provincial que tienda a la atención de sus necesidades, mediante el otorgamiento de adicionales que en cada caso se han reglamentado.

Que por otra parte, resulta adecuado distinguir diversas situaciones que se presentan en la planta de personal, a fin de dotar de mayor equidad al régimen que por la presente norma se instrumentan.

Que asimismo, en pos de efectivizar la mejora resultante del nuevo escalafón, es razonable reglamentar los aspectos atinentes a su implementación inmediata, sin perjuicio del dictado de normas posteriores regulatorias de otros aspectos de la relación de empleo público.

Que conforme lo dispone el inciso 2º del Artículo 128 de la Constitución de Mendoza, es atribución y deber del Gobernador dictar los Decretos necesarios para la ejecución de las Leyes.

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA:

Artículo 1º – (Artículo 20 de la Ley Nº 7493). A efectos de dar cumplimiento con las exigencias del artículo 20º de la Ley Nº 7493, se integrará una Junta Calificadora dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Gobierno, que será la encargada de evaluar a los aspirantes del concurso y estará integrada por dos (2) miembros titulares en representación de los agentes del Escalafón Profesional y Administrativo, Personal Superior, dos (2) miembros titulares en representación de la Dirección del Servicio Penitenciario Provincial y un (1) miembro suplente por cada representación. Cada una de las partes representadas deberá designar los miembros de la Junta Calificadora. El reglamento que determinará el funcionamiento de la Junta será dictado por la Subsecretaría de Justicia. La citada Junta será presidida por el señor Subsecretario de Justicia.

Artículo 2º – (Artículo 175º de la Ley Nº 7493) A los fines de no vulnerar la carrera penitenciaria y la conducción y funcionamiento institucional, se establecen las siguientes equivalencias del personal penitenciario existente y las previstas por Ley 6513 a las nuevas denominaciones jerárquicas de la ley que se reglamenta, de acuerdo al siguiente cuadro:

Ley 6513 Oficiales Ley 7493
Prefecto Prefecto General
Subprefecto Prefecto
Alcaide Mayor Alcaide Mayor
Alcaide Alcalde
Subalcaide Subalcaide
Adjutor Adjutor Principal
Adjutor Subadjutor
Ley 5336 Suboficiales
Ayud. Mayor Suboficial Mayor
Ayud. Principal Subof. Principal
Ayudante de Primera Subof. de Primera
Ayudante de Segunda Suboficial Auxiliar
Ayudante de Tercera Subof. Ayudante
Ayudante de Cuarta Subayudante
Agente Agente

 

La modificación de las denominaciones reglamentadas en el presente, no importan ascenso ni transformación de la actual situación de revista de los Oficiales y Suboficiales del Servicio Penitenciario.

Artículo 2 bis: (Artículo 181 de la Ley N° 7493). La recarga de servicio del Personal Penitenciario, cumplidas las jornadas de trabajo del artículo 6° del presente, será: a) Para el escalafón Cuerpo de Seguridad de sesenta (60) horas mensuales; y b) Para el escalafón Cuerpo Profesional y Administrativo de cuarenta y ocho (48) horas mensuales; cuyo cumplimiento deberá quedar debidamente registrado mediante el sistema biométrico y/o informático de personal. El Ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno establecerá los criterios y procedimientos.

(Texto según Decreto Nº 782/14 art. 9, B.O 16/05/2014)

Modificación del Tipo de Norma Número Artículo Acción Fecha de Vigencia
Artículo Inciso
2 bis Decreto Provincial 782/14 Texto según Decreto 09/05/2014

 

Artículo 3º – (Artículo 182º de la Ley Nº 7493) A los fines previstos en el artículo 182º de la Ley Nº 7493, se considerarán insalubres todas las actividades que en forma permanente, regular y habitual desempeñe en el ámbito del Servicio Penitenciario Provincial el personal penitenciario en los términos del artículo 1º y 6º, encontrándose subsumido en tal calificación el estado penitenciario según lo establecido en el Art. 5º de la citada Ley.

Artículo 4º – (Artículo 184º de la Ley Nº 7493) El suplemento por riesgo especial se liquidará al personal que se desempeñare en los Grupos Operativos Especiales: Personal de Celadores a cargo de pabellones o módulos, personal del GEOP, personal de Requisa de internos, de Sección de Canes, de Unidad de Negociación, de División traslado de inter-nos, Sección Arsenales, Choferes de Móviles Penitenciarios y quienes sustituyan la labor de los mismos. Por tales funciones del personal percibirá el equivalente al 15% (quince por ciento) de la asignación de clase de revista.

Artículo 5º – (Artículo 185º de la Ley Nº 7493) Se establece el coeficiente y clasificación de “Zona Inhóspita” previsto por el Decreto Nº 828/05 del Gobierno de Mendoza o modificaciones que en el futuro se dicten en su parte pertinente.

Artículo 6º – (Artículo 225º de la Ley 7493) La jornada de trabajo se fija en ciento ochenta (180) horas mensuales para el personal del Escalafón Cuerpo de Seguridad.

El Personal correspondiente al Escalafón Administrativo, se encontrará sujeto a una jornada de trabajo de ciento cuarenta (140) horas mensuales.

El Personal correspondiente al Escalafón Profesional, se encontrará sujeto a una jornada de trabajo de cien (100) horas mensuales.

Al Personal del Escalafón Cuerpo de Seguridad que por razones de salud comprobadas desempeñare funciones administrativas les será aplicable intertanto dure la enfermedad, la carga horaria prevista para el Escalafón Administrativo.

Los Directores de las Unidades Penitenciarias deberán organizar la distribución de la carga horaria del personal, de modo de asegurar la eficiencia y seguridad del servicio según las necesidades propias de cada establecimiento.

(Texto según Decreto Nº 2904/08 art. 1º, B.O. 31/10/2008)

(Texto original: La jornada de trabajo se fija en ciento ochenta (180) horas mensuales para el personal del Escalafón Cuerpo de Seguridad y ciento sesenta (160) horas mensuales para el Escalafón Profesional y Administrativo.

Al Personal del Escalafón Cuerpo de Seguridad que por razones de salud comprobadas desempeñare funciones administrativas les será aplicable intertanto dure la enfermedad, la carga horaria prevista para el Escalafón Profesional y Administrativo.

El personal que revistare en los grados de Alcaide Mayor, Prefecto y Prefecto General desempeñará la labor penitenciaria con dedicación exclusiva. Sólo podrá percibir los Servicios Especiales denominados “Operativos” establecidos en el Decreto Nº 1783/97 o norma que lo sustituya en el futuro, el personal de los distintos Escalafones hasta el grado de Alcaide.

Los Directores de las unidades penitenciarias deberán organizar la distribución de la carga horaria del personal, de modo de asegurar la eficiencia y seguridad del servicio según las necesidades propias de cada establecimiento. )

Modificación del Tipo de Norma Número Artículo Acción Fecha de Vigencia
Artículo Inciso
6 Decreto Provincial 2904/08 Texto según Decreto 22/10/2008

 

Artículo 6 bis: El Personal Penitenciario sin distinción de escalafón y hasta  el grado de Alcaide, dependiendo de la distribución de carga horaria que se establezca conforme a la pauta fijada en el último párrafo del artículo anterior, podrá percibir “operativos especiales” reglados en el Decreto N° 1783/97 o norma legal que lo sustituya en el futuro, en un máximo de veinte (20), al momento de exceder la jornada de labor determinada precedentemente.

El Personal Penitenciario sin distinción de escalafón que revistare en los grados de Alcaide Mayor, Prefecto y Prefecto General, dependiendo de la distribución de carga horaria que se establezca conforme a la pauta fijada en el último párrafo del artículo anterior, podrá percibir “operativos especiales” reglados en el Decreto N° 1783/97 o norma legal que lo sustituya en el futuro, en un máximo de diez (10), al momento de exceder la jornada de labor determinada precedentemente.

Cada remuneración variable extraordinaria denominada “operativos especiales”, establecida en el Decreto Acuerdo 1783/97, cuyos límites máximos se detallan en los párrafos precedentes, tendrá una duración de cuatro (4) horas.

(Articulo incorporado por decreto Nº 2904/08 art. 2º, B.O. 31/10/2008)

(Ver Decreto Nº 782/14 art 10, que deroga el articulo 2º del Decreto 2904/08)

Modificación del Tipo de Norma Número Artículo Acción Fecha de Vigencia
Artículo Inciso
6 bis Decreto Provincial 2904/08 Texto según Decreto 22/10/2008

 

Artículo 7º – Los efectos del presente tendrán vigencia a partir del día 1 de abril de 2006 en lo atinente a la liquidación de haberes y en lo demás regirá desde el día de su publicación.

Los aspectos no contemplados en el presente podrán ser objeto de reglamentación posterior. El Régimen de Ascensos, Promociones y Calificaciones para el Personal Penitenciario se dispondrá por resolución del Ministerio de Gobierno.

Artículo 8º – Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

JULIO CESAR CLETO COBOS

Sergio L. Marinelli

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de LEY:

CAPÍTULO I SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA MISIÓN, DEPENDENCIA Y ORGANIZACIÓN

Artículo 1º – El Sistema Penitenciario de la Provincia de Mendoza, es la rama de la Administración Pública destinada a la custodia y guarda de procesados y a la ejecución de las penas privativas de la libertad, de acuerdo con la Constitución Nacional y Provincial, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la República Argentina y demás normas legales y reglamentarias vigentes.

El Sistema Penitenciario de la Provincia de Mendoza está compuesto por:

1-El Servicio Penitenciario

2-El Organismo Técnico-Criminológico (OTC)

3-La Dirección de Promoción de los Liberados (DP)

4-La Inspección General de Seguridad.

CAPÍTULO II SERVICIO PENITENCIARIO CONSTITUCIÓN

Artículo 2º – El Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza dependerá orgánica y funcionalmente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos.

Artículo 3º – El Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza está constituido:

a) Por la Dirección General del Servicio Penitenciario;

b) Por los Establecimientos Penitenciarios;

c) Por los Institutos y Organismos indispensables para el cumplimiento de su misión;

d) Por el personal que integra el Cuerpo Penitenciario de la Provincia;

e) Por el personal civil, para el cual regirán las disposiciones legales que correspondan.

DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO

Artículo 4º – La Dirección General del Servicio Penitenciario es el órgano técnico desconcentrado responsable de la conducción operativa y administrativa del Servicio Penitenciario Provincial. Tiene a su cargo los establecimientos e institutos enunciados en el artículo 3º de la presente,

destinados al cumplimiento de los objetivos fijados en el artículo 1°, así como el cumplimiento y control de las disposiciones que se relacionen con su función, que surjan de esta ley y las normas que se dicten en consecuencia.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Artículo 5º – Son funciones de la Dirección General del Servicio Penitenciario:

a) Procurar la reinserción social de los condenados a penas privativas de libertad, de conformidad con lo establecido por la Ley660 y sus modificatorias;

b) Velar por la seguridad y custodia de las personas sometidas a procesos y de las condenadas a penas privativas de la libertad, garantizando sus derechos fundamentales;

c) Adoptar todas las medidas que requiera la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad bajo su jurisdicción, en particular su vida e integridad física.

d) Organizar y ejecutar la política penitenciaria que fije el Poder Ejecutivo Provincial a través de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos;

e) Asesorar al Poder Ejecutivo Provincial en todo asunto que se relacione con la política penitenciaria;

f) Cooperar con otros organismos en la elaboración de una política de prevención de la delincuencia.

ORGANIZACIÓN

Artículo 6º – La Dirección General del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza estará constituida por:

1) Director General del Servicio Penitenciario;

2) Subdirector General del Servicio Penitenciario

3) Coordinación de Tratamiento

4) Coordinación de Seguridad

5) Coordinación de Administración Contable;

6) Coordinación de Recursos Humanos;

7) Departamento Legal y Técnico;

8) Capellanía Mayor;

9) Secretaría General.

Artículo 7º – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo, a propuesta del Director General del Servicio, Penitenciario, podrá crear nuevas áreas cuando las necesidades así lo requieran.

DESIGNACIONES

Artículo 8º – El Director General del Servicio Penitenciario, el Subdirector General del Servicio Penitenciario, los Directores de los establecimientos y el Capellán Mayor, serán designados por el Poder Ejecutivo de la Provincia.

Artículo 9º – Los Coordinadores, Jefe del Departamento Legal y Técnico, Secretario General y demás funcionarios de la Dirección General serán designados por el Poder Ejecutivo de la Provincia a propuesta del Director General del Servicio Penitenciario, previo concurso de antecedentes y oposición.

Artículo 10 – Serán requisitos indispensables para ocupar los cargos de los artículos anteriores, título universitario afín a la función y experiencia calificada. Entre los requisitos se exigirá, además, experiencia y capacitación administrativa, un adecuado perfil para el cargo y otras condiciones que fijen los reglamentos.

SECCIÓN I DEL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO

Artículo 11º – Serán funciones del Director General del Servicio Penitenciario:

a) Planificar, organizar, ejecutar y controlar las acciones desarrolladas por la Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial;

b) Asumir la representación de la Institución;

c) Ejercer el control e inspección de todos los establecimientos e institutos a su cargo;

d) Proponer al Poder Ejecutivo la reglamentación de esta ley y dictar los reglamentos internos de los establecimientos e institutos a su cargo;

e) Crear bajo su dependencia departamentos, divisiones o áreas cuando las necesidades así lo requieran y conforme lo establezca la reglamentación;

f) Resolver respecto a los destinos, transferencias y demás situaciones atinentes al personal a su cargo dentro de la órbita del Servicio Penitenciario;

g) Formular la política de formación y capacitación del personal penitenciario, poniendo particular énfasis en fortalecer el espíritu crítico y el respeto por los Derechos Humanos;

h) Elevar a la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos las propuestas de promoción y ascenso del personal;

i) Disponer las sanciones disciplinarias establecidas legalmente;

j) Admitir en los establecimientos carcelarios a procesados y condenados de Jurisdicción Federal, a los que les será aplicable la legislación Provincial, debiendo gestionar ante las autoridades respectivas el reintegro de los gastos que demanden;

k) Elevar la previsión presupuestaria anual a la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos;

I) Realizar la ejecución presupuestaria de su sector, autorizando gastos hasta el monto que establezca la reglamentación.

m) Propiciar la creación de establecimientos penitenciarios en la Provincia;

n) Organizar conferencias penitenciarias provinciales;

o) Auspiciar convenios con la Nación y las Provincias en materia de organización carcelaria y régimen de la pena;

p) Elaborar la estadística penitenciaria provincial;

q) Intercambiar información con las instituciones oficiales y privadas de asistencia post penitenciaria;

r) Propiciar y mantener intercambio técnico y científico con instituciones similares nacionales, provinciales y extranjeras.

DEL SUBDIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO

Artículo 12 – Le compete al Subdirector General del Servicio Penitenciario, como inmediato y principal colaborador del Director General del Servicio Penitenciario, los asuntos inherentes a la gestión institucional, cumplir las funciones que éste le encomiende, reemplazándolo en su ausencia, enfermedad o delegación con todas las obligaciones y facultades del titular.

SECCIÓN II DE LAS COORDINACIONES Y DEPARTAMENTO LEGAL Y TÉCNICO – REGLAS COMUNES

Artículo 13 – Será función de las Coordinaciones: asesorar al Director y Subdirector General del Servicio Penitenciario, acordando criterios, estableciendo los lineamientos y controlando la actuación de las áreas de su competencia en los Establecimientos Penitenciarios dependientes de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 14 – Anualmente, deberán realizar una evaluación de los resultados obtenidos con las medidas implementadas en las áreas de su competencia, para identificar diferencias con las acciones planeadas y proponer cursos de acción correctivos.

COORDINACIÓN DE TRATAMIENTO

Artículo 15 – Serán funciones del Coordinador de Tratamiento gestionar las acciones concernientes al tratamiento aplicable a los internos condenados y procesados, de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias y con la finalidad de integrar socialmente o evitar la desocialización del interno. Atenderá los aspectos psicológicos, sociales, de salud, educativos, recreativos, culturales, laborales y todos aquellos que, a su criterio técnico, coadyuven al logro de los objetivos propuestos.

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD

Artículo 16 – Serán funciones del Coordinador de Seguridad gestionar las acciones concernientes a traslado de internos, la cobertura integral de la seguridad de los Establecimientos y de las personas sometidas a su guarda y custodia, como así también del personal que allí trabaja.

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE

Artículo 17 – Serán funciones del Coordinador de Administración Contable administrar los bienes de la Institución; dirigir y controlar las tareas de las áreas que se encuentran bajo su dependencia en los establecimientos; controlar la correcta ejecución del presupuesto; preparar los balances e inventarios; realizar los trámites inherentes a las compras que efectúe la Dirección General del Servicio Penitenciario, con sujeción a las normas legales que rigen la materia; elaborar la previsión presupuestaria de la Institución; gestionar el mantenimiento y conservación de los edificios; registrar todos los bienes muebles e inmuebles de la Institución.

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Artículo 18 – Serán funciones del Coordinador de Recursos Humanos participar en el proceso de reclutamiento y selección de aspirantes, proponer la afectación del personal incorporado a cada destino y las transferencias entre las dependencias de la Dirección General del Servicio Penitenciario; diseñar y ejecutar programas de capacitación continua; confeccionar y actualizar Legajos Personales; controlar las áreas que se encuentren bajo su

órbita en los establecimientos; proponer la contratación de especialistas, instructores técnicos y maestros; atender a las condiciones de salubridad y la asistencia al personal penitenciario; proponer los regímenes horarios del personal; intervenir en los procesos de calificación, ascensos, reincorporación y retiro del personal y fijar el plan de carrera del personal penitenciario.

DEPARTAMENTO LEGAL Y TÉCNICO

Artículo 19 – Serán funciones del Jefe del Departamento Legal y Técnico asesorar, representar y asistir al Director y Subdirector General del Servicio Penitenciario en cuestiones de índole jurídica que se susciten en el cumplimiento de sus funciones; coordinar y unificar criterios jurídicos a implementarse dentro del Servicio Penitenciario; dictaminar necesariamente en las contrataciones que realice la Dirección General del Servicio Penitenciario y en todo otro asunto sometido a su consideración y confeccionar los reglamentos necesarios para el funcionamiento de los establecimientos e institutos penitenciarios.

SECCIÓN III DE LA CAPELLANÍA MAYOR

Artículo 20 – La Capellanía Mayor estará a cargo del Capellán Mayor y dependerá directamente de la Dirección General del Servicio Penitenciario ejerciendo sus funciones conforme lo dispuesto por la Ley de creación del programa destinado a garantizar el derecho de los internos en relación a su libertad de conciencia y de religión.

SECCIÓN IV DE LA SECRETARIA GENERAL

Artículo 21 – Serán funciones del Secretario General llevar el registro del movimiento de las actuaciones administrativas de la Dirección General del Servicio Penitenciario; redactar los proyectos de resoluciones, órdenes internas, notas y memorándum que deba firmar el Director y Subdirector General del Servicio Penitenciario; suscribir las resoluciones de mero trámite interno de la repartición y encargarse del protocolo, prensa y difusión. Asimismo deberá organizar una Mesa de Entradas que tendrá como funciones esenciales las siguientes: recibir, caratular, poner cargo, registrar, clasificar, dar destino y despachar todas las actuaciones administrativas que ingresen o salgan de la repartición; atender y orientar a los interesados en sus peticiones y gestiones ante la repartición.

CAPITULO III DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

Artículo 22 – Los Establecimientos Penitenciarios de la Provincia, funcionarán como unidades organizativas dependientes de la Dirección General del Servicio Penitenciario y su variedad se ajustará, según las previsiones de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, en:

a) Establecimiento o Alcaldía para procesados;

b) Centro de observación para el estudio criminológico del condenado y planificación de su tratamiento;

c) Instituciones diferenciadas por su régimen para la ejecución de la pena (establecimientos abiertos, semiabiertos y cerrados);

d) Instituciones diferenciadas para mujeres y jóvenes adultos;

e) Establecimientos especiales de carácter asistencial médico y psiquiátrico.

SECCIÓN I DEL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO

Artículo 23 – Cada unidad penitenciaria estará a cargo de un Director de Establecimiento Penitenciario el que será designado por el Poder Ejecutivo. Podrá convocarse a concurso de antecedentes y oposición especialmente para dicha unidad penal, a todo Oficial Superior Penitenciario con título Universitario afín.

Artículo 24 – Serán funciones del Director del Establecimiento:

a) Ejercer la representación del Establecimiento Penitenciario;

b) Conducir operativa y administrativamente el Establecimiento a su cargo;

c) Velar por el debido cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales de nivel provincial, nacional e internacional en relación al funcionamiento del Establecimiento Penitenciario;

d) Ejecutar las políticas penitenciarias fijadas por la Dirección General del Servicio Penitenciario;

e) Adoptar las medidas necesarias para prevenir o resolver cualquier situación individual o colectiva que altere el normal funcionamiento del Establecimiento;

f) Ejecutar el presupuesto a su cargo y autorizar gastos hasta el monto que se establezca;

g) Disponer las sanciones disciplinarias establecidas legalmente;

h) Elevar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Establecimiento a la Coordinación de Administración Contable de la Dirección General de Servicio Penitenciario;

i) Ejercer toda otra función que, en el marco de su competencia, contribuya al logro de la finalidad propuesta.

Artículo 25 – Del Director del Establecimiento dependerán distintas divisiones o áreas que representen la organización establecida para la Dirección General del Servicio Penitenciario en concordancia, con las necesidades del Complejo o Unidad de que se trate.

Artículo 26 – El alcance y competencia de cada una de las divisiones o áreas, será determinado conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo a propuesta de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

CAPITULO IV DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 27 – El Poder Ejecutivo de la Provincia, a partir de la entrada en vigencia de esta ley y de su reglamentación en el término de doce (12) meses, deberá adoptar un programa progresivo de adecuación de las estructuras existentes a los requerimientos de la presente normativa.

Artículo 28 – En aquellos casos que el cargo a ocupar deba serlo por un Oficial Superior y no existiera personal con esa jerarquía e idoneidad suficiente, podrá nombrarse en forma fundada personal de rango inferior, mediante el procedimiento que se determine en la reglamentación pertinente, asegurándosele la compensación económica de dicha función mediante el pago del suplemento por subrogancia establecido en la Ley de Personal Penitenciario.

Artículo 29 – La exigencia de título universitario requeridos en los artículos 10 y 23 entrará plenamente en vigencia a partir del año 2.015.

Artículo 30 – Autorízase al Poder Ejecutivo a crear los cargos de personal necesarios para el cumplimiento de la presente, los cuales serán determinados mediante la reglamentación correspondiente.

CAPITULO V DISPOSICIONES FINALES

Artículo 31 – La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 32 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil ocho.

B.O.: 23/07/2009

Mendoza, 13 de julio de 2009

Vista la Ley N° 7.976, Orgánica del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario y pertinente proceder a la reglamentación del citado cuerpo legal que estructura el Servicio Penitenciario Provincial;

Que asimismo se pone de relieve la necesidad de dotar de contenido a las funciones de tratamiento y seguridad en atención a la importancia que revisten estas tareas para asegurar los derechos y garantías de las personas privadas de libertad alojadas en establecimientos penitenciarios provinciales;

Que para la elaboración y confección del presente decreto se han tenido en cuenta y respetado las particularidades del Servicio Penitenciario de Mendoza y la opinión consultiva de las áreas involucradas;

Que de esta forma se logra un reordenamiento en términos de jerarquía, estructura y funciones, proveyendo al personal de un marco de acción que asegure un mejor desempeño en sus tareas bajo una misma lógica y criterio;

Que por último y a fin de lograr un instrumento reglamentario unificado se han procurado establecer pautas sobre concursos, ascensos y un régimen de subrogancia acorde con la nueva estructura.

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA EN ACUERDO DE MINISTROS

DECRETA: CAPITULO 1 DE LA ESTRUCTURA ORGANICA

Artículo 1° – (artículo 8° de la Ley N° 7.976) El Director General y el Subdirector General del Servicio Penitenciario, en caso de tratarse de Oficiales del Servicio Penitenciario deberán ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Prefecto General. En caso de tratarse de funcionarios externos al servicio, deberán ostentar al momento del nombramiento título universitario afín y/o antecedentes en la materia que se trate.

Artículo 2° – (artículo 8° de la Ley N° 7.976) Los Directores de los Establecimientos, en caso de tratarse de Oficiales del Servicio Penitenciario, deberán ostentar al momento de la presentación al concurso la jerarquía de Prefecto General. En caso de tratarse de funcionarios externos al servicio, deberán ostentar al momento del nombramiento título universitario afín y/o antecedentes en la materia que se trate. Para el caso en que se proponga a un Oficial Penitenciario que no tenga la jerarquía reglamentaria, el Poder Ejecutivo podrá poner a cargo de la Dirección del establecimiento a un Oficial Jefe propuesto por la Dirección General del Servicio Penitenciario, por el plazo de hasta seis meses sujeto a renovación, o hasta tanto la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos considere cumplida dicha función por resolución fundada, adicionándose la respectiva subrogancia.

Artículo 3° – (artículo 8° de la Ley N° 7.976) El Capellán Mayor del Servicio Penitenciario, al momento del nombramiento deberá ostentar la jerarquía de Alcaide Mayor. Para el caso en que se proponga a un Oficial Penitenciario que no tenga la jerarquía reglamentaria, el Poder Ejecutivo podrá poner a cargo de la Capellanía Mayor a un Oficial propuesto por la Dirección General del Servicio Penitenciario, por el plazo de hasta seis meses sujeto a renovación, o hasta tanto la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos considere cumplida dicha función por resolución fundada, adicionándose la respectiva subrogancia.

Artículo 4° – (artículo 9° de la Ley N° 7.976) Los Coordinadores, el Jefe del Departamento Legal y Técnico y el Secretario General deberán ostentar al momento de la presentación al concurso, la jerarquía de Prefecto. Para el caso en que se proponga a un Oficial Penitenciario que no tenga la jerarquía reglamentaria, el Poder Ejecutivo podrá poner a cargo del área respectiva a un Oficial propuesto por la Dirección General del Servicio Penitenciario, por el plazo de hasta seis meses sujeto a renovación, o hasta tanto la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos considere cumplida dicha función por resolución fundada, adicionándose la respectiva subrogancia.

Artículo 5° – (artículo 11, inciso e) de la Ley N° 7.976) En caso de existir la necesidad de crear departamentos, divisiones o áreas dependientes de la Dirección General del Servicio Penitenciario, el Director General deberá formular propuesta fundada al Subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, quien resolverá sobre el fondo del asunto puesto a su consideración. Sin perjuicio de ello, se deberán cumplir los requisitos habituales respecto a la modificación del planta de personal o creación de cargos, previstos en la Ley de Presupuesto anual.

Artículo 6° – (artículo 11, inciso h) de la Ley N° 7.976) Efectuado el procedimiento de promoción y ascensos del Personal Penitenciario de conformidad con lo establecido en capítulo segundo del presente decreto, el Director General del Servicio Penitenciario elevará propuesta fundada al Subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, quien previo dictamen resolverá sobre la prosecución del trámite.

Artículo 7° – (artículo 12 de la Ley N° 7.976) El Subdirector General del Servicio Penitenciario tendrá a su cargo las siguientes funciones, sin perjuicio de las que establece el artículo 12 de la Ley N° 7.976, en su condición de inmediato superior jerárquico, estará bajo su órbita y ejercerá el control de: a) todas las Unidades y Alcaidías que no revistan la condición de establecimiento penitenciario; b) el Área de Obras, Infraestructura y Planeamiento; c) el Área de Salud; d) la Capellanía Mayor.

Artículo 8° – Los Jefes de Unidades y Alcaidías que no revistan la condición de Establecimiento, deberán ostentar al momento de la presentación al concurso la jerarquía de Alcaide Mayor. Para el caso en que se proponga a un Oficial Penitenciario que no tenga la jerarquía reglamentaria, el Poder Ejecutivo podrá poner a cargo del área respectiva a un Oficial propuesto por la Dirección General del Servicio Penitenciario, por el plazo de hasta seis meses sujeto a renovación, o hasta tanto la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos considere cumplida dicha función por resolución fundada, adicionándose la respectiva subrogancia.

Artículo 9° – Créase en el ámbito de la Dirección General del Servicio Penitenciario, el Área de Obras, Infraestructura y Planeamiento. Serán sus funciones: a) Coordinar los proyectos y ejecución de obras menores que se desarrollen por administración; b) Ejercer el control permanente de las áreas de mantenimiento, talleres y servicios generales de la totalidad de los Establecimientos, Unidades y Alcaidías dependientes del Servicio Penitenciario de Mendoza; c) Será el responsable del seguimiento de los proyectos y avance de obras que se lleven a cabo a través del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte; d) Deberá efectuar relevamientos periódicos y permanentes del estado edilicio de los Establecimientos, Unidades y Alcaidías dependientes del Servicio Penitenciario de Mendoza; e) Administrar los materiales de obras; f) Asimismo, llevará a cabo todas y cada una de las gestiones y diligencias que se le encomienden desde las instancias superiores en materia vinculada al área. El área estará a cargo de un Jefe, quien deberá ostentar al momento de la presentación al concurso la jerarquía de Alcaide Mayor. Para el caso en que se proponga a un Oficial Penitenciario que no tenga la jerarquía reglamentaria, el Poder Ejecutivo podrá poner a cargo del área, a un Oficial propuesto por la Dirección General del Servicio Penitenciario, por el plazo de hasta seis meses sujeto a renovación, o hasta tanto la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos considere cumplida dicha función por resolución fundada, adicionándose la respectiva subrogancia.

Artículo 10° – Créase el Área de Salud en el ámbito de la Dirección General del Servicio Penitenciario. Serán sus funciones: a) Gestionar la salud integral de los internos condenados y procesados; b) Controlar la confección y actualización permanente de las historias clínicas; c) Gestionar la atención psiquiátrica y odontológica; d) Controlar en forma periódica y permanente las condiciones ambientales e higiénicas de los Establecimientos, Unidades y Alcaidías; e) Articular políticas de salud de la población interna, gestionando convenios con el Ministerio de Salud, Hospitales, Clínicas, Centros de Salud y demás efectores Públicos y Privados; f) Proponer anualmente un plan de atención médica integral de la población interna; g) Articular conjuntamente con la Coordinación de Recursos Humanos un sistema de prevención de enfermedades y accidentes laborales dirigido al personal penitenciario; h) Articular conjuntamente con la Coordinación de Recursos Humanos un sistema de control de ausentismo; i) Llevar a cabo un control permanente de la situación clínica y sanitaria de los internos alojados o bajo tratamiento en Establecimientos Psiquiátricos; j) Velar por la integridad y salud física y mental de las madres y de los menores de cuatro años de edad alojados en unidades penitenciarias en razón de la detención y/o condena de sus progenitoras; k) Ejercer el control médico de las prescripciones alimenticias de los internos alojados en todos los establecimientos y unidades; l) Elaborar y coordinar planes de adicciones, a cuyo fin se lo faculta a crear un área específica, la que quedará a cargo de un profesional versado en la materia; m) Elaborará con la Coordinación de Administración Contable el programa presupuestario referido a la provisión de insumos médicos; n) Administrar los insumos médicos; ñ) Asimismo, llevará a cabo todas y cada una de las gestiones y diligencias que se le encomienden desde las instancias superiores en materia vinculada al área. El área estará a cargo de un Jefe, quien deberá ostentar al momento de la presentación al concurso la jerarquía de Alcaide Mayor. Para el caso en que se proponga a un Oficial Penitenciario que no tenga la jerarquía reglamentaria, el Poder Ejecutivo podrá poner a cargo del área, a un Oficial propuesto por la Dirección General del Servicio Penitenciario, por el plazo de hasta seis meses sujeto a renovación, o hasta tanto la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos considere cumplida dicha función por resolución fundada, adicionándose la respectiva subrogancia.

Artículo 11° – Créase el Área de Inteligencia en el ámbito de la Dirección General del Servicio Penitenciario y dependiente del Director General. Serán sus funciones:

a) Formular un programa de políticas referidas a la problemática de inteligencia en el ámbito penitenciario; b) Asesorar a la Dirección General del Servicio Penitenciario respecto a técnicas y estrategias de inteligencia; c) Otras que en el futuro se le asignen. El área estará a cargo de un Jefe, quien deberá ostentar al momento de la presentación al concurso la jerarquía de Alcaide Mayor. Para el caso en que se proponga a un Oficial Penitenciario que no tenga la jerarquía reglamentaria, el Poder Ejecutivo podrá poner a cargo del área, a un Oficial propuesto por la Dirección General del Servicio Penitenciario, por el plazo de hasta seis meses sujeto a renovación, o hasta tanto la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos considere cumplida dicha función por resolución fundada, adicionándose la respectiva subrogancia.

Artículo 12° – (artículo 13 de la Ley N° 7.976) Los Coordinadores de Tratamiento, Seguridad, Administración Contable, Recursos Humanos y el Jefe del Departamento Legal y Técnico tendrán a su cargo un Oficial Penitenciario, quien lo asistirá en sus funciones y deberá ser versado en la materia de que se trate.

Artículo 13° – (artículos 25 y 26 de la Ley N° 7.976) Del Director del Establecimiento dependerán las siguientes áreas y divisiones:

a) Subdirector de Establecimiento;

b) Departamento Administrativo;

c) Departamento de Tratamiento;

d) Departamento de Seguridad;

e) División Secretaría General; f) División Asesoría Jurídica;

g) División Contable Presupuestaria;

h) División Judiciales;

i) División Inteligencia.

Artículo 14° – De la Subdirección. La Subdirección del Establecimiento será ejercida por un funcionario designado por la Dirección General del Servicio Penitenciario a propuesta del Director del Establecimiento, que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Prefecto. Para el caso en que se proponga a un Oficial Penitenciario que no tenga la jerarquía reglamentaria, el Subsecretario de Justicia y Derechos Humanos podrá poner a cargo de la Subdirección del Establecimiento a un Oficial Jefe propuesto por la Dirección General del Servicio Penitenciario, por el plazo de hasta seis meses sujeto a renovación, o hasta tanto la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos considere cumplida dicha función por resolución fundada, adicionándose la respectiva subrogancia. El responsable de la Subdirección del Establecimiento es el inmediato y principal colaborador del Director del Establecimiento en todos los asuntos inherentes a la gestión institucional, cumpliendo las funciones que éste le encomiende y reemplazándolo en su ausencia, enfermedad o delegación, con todas las facultades que correspondan a su titular.

Artículo 15° – De la División Secretaría General. La División Secretaría General será ejercida por un funcionario nombrado por el Director del Establecimiento, que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Alcaide o Subalcaide, quien será el encargado del despacho de la Dirección del Establecimiento y del registro de las actuaciones administrativas. Serán además funciones de la División Secretaría General la Mesa de Entradas, Oficina de Archivo y otras que establezca la reglamentación. El alcance y competencia de la División Secretaría General será determinado conforme a la reglamentación que dicte la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos a propuesta de la Dirección de cada Establecimiento, elevada a través de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 16° – De la División Asesoría Jurídica. La División Asesoría Jurídica será ejercida por un Abogado que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Alcaide o Subalcaide, designado por la Dirección General del Servicio Penitenciario previo concurso, quien será el encargado de asesorar, representar y asistir al Director del Establecimiento en cuestiones de índole jurídica que se presenten. Serán también funciones de la División Jurídica entender en los procedimientos de Habeas Corpus, ejercer control formal y sustancial de Auditoría de Beneficios del Régimen Progresivo de la Pena, instruir Actuaciones Disciplinarias de Internos e Informaciones Sumarias del Personal como así también elaborar propuestas de reglamentos para cada establecimiento. El alcance y competencia de la División Asesoría Jurídica será determinado conforme a la reglamentación que dicte la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos a propuesta de la Dirección de cada Establecimiento elevada a través de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 17° – De la División Contable Presupuestaria. La División Contable Presupuestaria será ejercida por un profesional de Ciencias Económicas, que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Alcaide o Subalcaide, designado por la Dirección General del Servicio Penitenciario previo concurso. Será el encargado de la administración económica y financiera del Establecimiento, conforme a los lineamientos generales establecidos por la Dirección General del Servicio Penitenciario. Serán además funciones de la División Contable Presupuestaria la realización de compras, el manejo del patrimonio de la institución, la conducción de un área de habilitación y jornales, todo lo referente a la logística y depósitos. El alcance y competencia de la División Contable Presupuestaria será determinado conforme a la reglamentación que dicte la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos a propuesta de la Dirección de cada Establecimiento, elevada a través de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 18° – De la División Judiciales. La División Judiciales será ejercida por un Oficial, que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Alcaide o Subalcaide, nombrado por el Director General del Servicio Penitenciario previo concurso. Tendrá a su cargo todos los trámites relativos a los ingresos, libertades, excarcelaciones de los internos, el registro informático y el control administrativo y estadístico de los antecedentes de los internos. El alcance y competencia de la División Judiciales será determinado conforme a la reglamentación que dicte la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos a propuesta de la Dirección de cada Establecimiento, elevada a través de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 19° – De la División Inteligencia. La División Inteligencia será ejercida por un Oficial nombrado por el Director del Establecimiento, que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Alcaide o Subalcaide. Tendrá a su cargo las tareas que se le asignen en materia de inteligencia. El alcance y competencia de la División Inteligencia será determinado conforme a la reglamentación que dicte la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos a propuesta de la Dirección de cada Establecimiento, elevada a través de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 20° – Del Departamento Administrativo. El Departamento Administrativo será ejercido por un personal con experiencia comprobada en la temática y capacidad de conducción de equipos de trabajo, nombrado por el Director General del Servicio Penitenciario a propuesta del Director del Establecimiento, que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Alcaide Mayor. Será el encargado de desarrollar y ejecutar tareas relacionadas con las temáticas de las divisiones a su cargo encuadradas en los lineamientos generales establecidos por la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 21° – Dependen del Departamento Administrativo:

a) División Recursos Humanos;

b) División Nutrición;

c) División Sanidad;

d) División Mantenimiento;

e) Capellanía Auxiliar.

Artículo 22° – De la División Recursos Humanos. La División Recursos Humanos será ejercida por un Oficial, que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Alcaide o Subalcaide, nombrado por el Director General del Servicio Penitenciario previo concurso. Será el responsable del control de horarios y asistencia del personal, debiendo informar en el menor tiempo posible a la Coordinación de Recursos Humanos, las novedades referidas a ausencias prolongadas, licencias, permisos, retiros, y otras situaciones de revista. El alcance y competencia de la División Recursos Humanos será determinado conforme a la reglamentación que dicte la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos a propuesta de la Dirección de cada Establecimiento, elevada a través de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 23° – De la División Nutrición. La División Nutrición será ejercida por un profesional de la nutrición, que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Alcaide o Subalcaide, nombrado por el Director General del Servicio Penitenciario previo concurso. Tendrá a su cargo el control operativo de las áreas de nutrición. El alcance y competencia de la División Nutrición será determinado conforme a la reglamentación que dicte la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos a propuesta de la Dirección de cada Establecimiento, elevada a través de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 24° – De la División Sanidad. La División Sanidad será ejercida por un profesional de la salud que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Alcaide o Subalcaide, nombrado por el Director General del Servicio Penitenciario previo concurso. Tendrá a su cargo la atención médica, odontológica y psiquiátrica de los internos; conducirá operativamente la farmacia, el laboratorio de análisis clínicos y la enfermería. El alcance y competencia de la División Sanidad será determinado conforme a la reglamentación que dicte la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos a propuesta de la Dirección de cada Establecimiento, elevada a través de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 25° – De la División Mantenimiento. La División Mantenimiento será ejercida por un Oficial, que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Alcaide o Subalcaide, nombrado por el Director General del Servicio Penitenciario previo concurso. Tendrá a su cargo el control operativo de los servicios generales y talleres que de él dependan. El alcance y competencia de la División Mantenimiento será determinado conforme a la reglamentación que dicte la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos a propuesta de la Dirección de cada Establecimiento, elevada a través de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 26° – De la Capellanía Auxiliar. La Capellanía Auxiliar será ejercida por un Oficial, que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Alcaide o Subalcaide, nombrado de conformidad con lo establecido en la Ley N° 7.846. El alcance y competencia de la Capellanía Auxiliar será determinado conforme a la reglamentación vigente en la materia.

Artículo 27° – Del Departamento de Tratamiento. El Departamento de Tratamiento será ejercido por un profesional con experiencia comprobada en la temática y capacidad de conducción de equipos de trabajo, nombrado por el Director General del Servicio Penitenciario a propuesta del Director del Establecimiento, que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Alcaide Mayor. Será el encargado de desarrollar y ejecutar programas y acciones tendientes al desarrollo integral de los internos en los aspectos psicológicos, sociales, recreativos, educativos y laborales encuadrados en los lineamientos generales establecidos por la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 28° – Dependen del Departamento de Tratamiento:

a) División de Tratamiento Psicológico;

b) División de Tratamiento Social;

c) División Trabajo y Producción;

d) División Educación;

e) División de Gestión, Control y Seguimiento de Penados y Procesados.

Artículo 29° – De la División de Tratamiento Psicológico. La División de Tratamiento Psicológico será ejercida por un profesional del área, que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Alcaide o Subalcaide, nombrado por el Director General del Servicio Penitenciario previo concurso. Será el responsable de desarrollar y ejecutar programas y acciones tendientes al desarrollo integral de los internos en los aspectos psicológicos. El alcance y competencia de la División de Tratamiento Psicológico será determinado conforme a la reglamentación que dicte la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos a propuesta de la Dirección de cada Establecimiento, elevada a través de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 30° – De la División de Tratamiento Social. La División de Tratamiento Social será ejercida por un profesional del área, que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Alcaide o Subalcaide, nombrado por el Director General del Servicio Penitenciario previo concurso. Tendrá a su cargo desarrollar y ejecutar programas y acciones tendientes al desarrollo integral de los internos en los aspectos sociales. El alcance y competencia de la División de Tratamiento Social será determinado conforme a la reglamentación que dicte la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos a propuesta de la Dirección de cada Establecimiento, elevada a través de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 31° – De la División Trabajo y Producción. La División Trabajo y Producción será ejercida por un personal que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Alcaide o Subalcaide, nombrado por el Director General del Servicio Penitenciario previo concurso. Tendrá a su cargo desarrollar y ejecutar programas y acciones tendientes al desarrollo integral de los internos en los aspectos laborales y de producción. El alcance y competencia de la División Trabajo y Producción será determinado conforme a la reglamentación que dicte la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos a propuesta de la Dirección de cada Establecimiento, elevada a través de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 32° – De la División Educación. La División Educación será ejercida por un Oficial, que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Alcaide o Subalcaide, nombrado por el Director General del Servicio Penitenciario previo concurso. Tendrá a su cargo desarrollar y ejecutar programas y acciones tendientes al desarrollo integral de los internos en los aspectos educativos. El alcance y competencia de la División de Tratamiento Educativo será determinado conforme a la reglamentación que dicte la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos a propuesta de la Dirección de cada Establecimiento, elevada a través de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 33° – De la División Gestión, Control y Seguimiento de Penados y Procesados. La División Gestión, Control y Seguimiento de Penados y Procesados será ejercida por un Oficial, que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Alcaide o Subalcaide, nombrado por el Director General del Servicio Penitenciario previo concurso. Tendrá a su cargo la gestión, el control y seguimiento continuo de las piezas administrativas relacionadas con el avance y retroceso en las etapas del régimen progresivo de la pena y todas aquellas actuaciones referidas a programas que se desarrollen durante la etapa de prisión preventiva. El alcance y competencia de la División Gestión, Control y Seguimiento de Penados y Procesados será determinado conforme a la reglamentación que dicte la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos a propuesta de la Dirección de cada Establecimiento, elevada a través de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 34° – Del Departamento de Seguridad. El Departamento de Seguridad será ejercido por un personal con experiencia comprobada en la temática y capacidad de conducción de equipos de trabajo, nombrado por el Director General del Servicio Penitenciario a propuesta del Director del Establecimiento, que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Alcaide Mayor. Será el encargado de determinar y ejecutar las medidas conducentes a garantizar la seguridad dentro del Establecimiento Penitenciario, conforme a los lineamientos generales establecidos por la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 35° – Dependen del Departamento de Seguridad:

a) División Seguridad Externa;

b) División Seguridad Interna;

c) División Conserjería.

Artículo 36° – De la División de Seguridad Externa. La División de Seguridad Externa será ejercida por un personal, que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Alcaide o Subalcaide, nombrado por el Director General del Servicio Penitenciario previo concurso. Tendrá a su cargo determinar y ejecutar las medidas conducentes a garantizar la seguridad externa del Establecimiento Penitenciario, lo relativo a arsenales, comunicaciones, canes y traslados. El alcance y competencia de la División de Seguridad Externa será determinado conforme a la reglamentación que dicte la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos a propuesta de la Dirección de cada Establecimiento, elevada a través de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 37° – De la División de Seguridad Interna. La División de Seguridad Interna será ejercida por un personal que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Alcaide o Subalcaide, nombrado por el Director General del Servicio Penitenciario previo concurso. Tendrá a su cargo determinar y ejecutar las medidas conducentes a garantizar la seguridad dentro del Establecimiento Penitenciario como así también lo relativo a los procedimientos de requisa. El alcance y competencia de la División de Seguridad Interna será determinado conforme a la reglamentación que dicte la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos a propuesta de la Dirección de cada Establecimiento, elevada a través de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 38° – De la División de Conserjería. La División de Conserjería será ejercida por un Oficial, que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Alcaide o Subalcaide, nombrado por el Director General del Servicio Penitenciario previo concurso. Tendrá a su cargo desarrollar y ejecutar acciones relativas al procedimiento ingreso y egreso del Establecimiento del personal, la visita y toda otra persona que por diversos motivos debiere ingresar. El alcance y competencia de la División de Conserjería será determinada conforme a la reglamentación que dicte la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos a propuesta de la Dirección de cada Establecimiento, elevada a través de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 39° – Las jefaturas de las Divisiones reglamentadas en el presente Decreto, con excepción de la División Secretaría General, serán designadas por la Dirección General del Servicio Penitenciario previo concurso. Dichas jefaturas deberán estar a cargo de personal con jerarquía de Alcaide o Subalcaide como mínimo. El alcance y competencia de cada una de las Divisiones será determinado conforme a la reglamentación aprobada por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos a propuesta de la Dirección de cada Establecimiento, elevada a través de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 40° – Del Consejo Correccional. Cada Establecimiento destinado a la ejecución de penas privativas de libertad, contará con un cuerpo colegiado denominado Consejo Correccional, encargado de efectuar el seguimiento continuo del tratamiento de los internos y la evaluación de su resultado a fin de posibilitar el avance o retroceso de los mismos en el régimen progresivo de la pena.

Artículo 41° – El Consejo Correccional tendrá competencia en:

a) Calificar trimestralmente la conducta y el concepto del interno;

b) Asesorar a las autoridades pertinentes en los asuntos de su competencia;

c) Proponer al Director del Establecimiento el avance o retroceso del interno en el régimen progresivo de la pena;

d) Emitir dictamen fundado en los casos de:

1) Fase dos

2) Fase tres o de confianza

3) Autodisciplina

4) Salidas Transitorias;

5) Régimen de Semilibertad;

6) Libertad Condicional;

7) Libertad Asistida;

8) Permanencia en instituciones o secciones especiales para jóvenes adultos, de internos que hayan cumplido veintiún (21) años;

9) Ejecución de las sanciones disciplinarias de cambio de sección o traslado a otro establecimiento;

10) Otorgamiento de recompensas;

e) Considerar las cuestiones que el Director presente para su examen en sesiones extraordinarias.

Artículo 42° – El Consejo Correccional estará integrado por representantes de las siguientes áreas quienes deberán revistar en el tramo de Oficiales:

a) División Seguridad Interna;

b) División de Trabajo y Producción;

c) División de Tratamiento Psicológico;

d) División de Tratamiento Social;

e) División Educación;

d) División Sanidad;

e) División Asesoría Jurídica.

Será presidido por cada uno de sus miembros en forma rotativa cada seis meses. Contará con un Secretario designado por el Director General del Servicio Penitenciario a propuesta del Director del Establecimiento.

Artículo 43º – De la Junta Interdisciplinaria de Procesados. En los Establecimientos en los que se alojen procesados funcionará la Junta Interdisciplinaria, que será presidida por un profesional que deberá ostentar al momento del nombramiento la jerarquía de Alcaide, nombrado por el Poder Ejecutivo previo concurso e integrada por los representantes de las áreas relativas a la aplicación del régimen carcelario. El alcance y competencia de la Junta Interdisciplinaria será determinado conforme al Reglamento de Procesados que se dicte por Decreto del Poder Ejecutivo en un plazo de seis (6) meses a contar desde la vigencia del presente.

CAPITULO 2 DE LOS CONCURSOS

Artículo 44° – Los concursos a que se refieren la Ley N° 7976 y la presente reglamentación serán cerrados, de antecedentes y oposición, con plena difusión en el marco del Servicio Penitenciario Provincial.

Artículo 45° – Los concursos contemplarán como exigencias mínimas:

a) Evaluación objetiva de antecedentes (40%);

b) Experiencia relacionada con la función (30%);

c) Exámenes de conocimientos técnicos de la especialidad (30%).

Artículo 46° – De las Convocatorias. Se efectuará como mínimo una (1) convocatoria o llamado a concurso ordinario y una (1) convocatoria o llamado a concurso extraordinario por ano para la cobertura de vacantes que disponga la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos previo informe de la Dirección General del Servicio Penitenciario y que cuente con el crédito presupuestario pertinente. La Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos confeccionará el cronograma anual en el que se establecerá la fecha de la convocatoria ordinaria que se alude en el párrafo anterior.

Artículo 47° – De la Comisión de Concurso. Se constituirá una Comisión de Concurso en el ámbito de la Dirección General del Servicio Penitenciario que durará un (1) año en sus funciones. Los miembros de la Comisión no percibirán adicional alguno por su función la que será considerada de naturaleza ordinaria, temporaria y ad honorem.

Artículo 48° – La Comisión estará integrada por un representante de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, un representante de la Dirección General del Servicio Penitenciario y un Oficial Superior que se desempeñe en el área directamente vinculada con la temática a concursar y que será designado conforme a la especialidad del cargo a evaluar. Para el ejercicio de sus funciones, podrán requerir asesoramiento técnico específico, cuando lo estimen conveniente y en cualquier etapa del concurso, sujeto al reglamento que se dicte al efecto. Las decisiones de la Comisión se adoptarán por simple mayoría de votos.

Artículo 49° – Serán funciones de la Comisión de Concurso:

a) Determinar el perfil del cargo a concursar, atendiendo a la naturaleza de sus funciones y los requerimientos del Servicio Penitenciario Provincial;

b) Convocar al llamado a concurso mediante la publicación respectiva conforme a la reglamentación que se dicte al efecto;

c) Preparar las pruebas de oposición y establecer la ponderación que le corresponde a cada ítem o temas de las mismas determinando el porcentaje de puntos correctos requeridos como mínimo para poder continuar con el procedimiento del Concurso;

d) Receptar, analizar, evaluar y calificar los antecedentes de los postulantes y los exámenes de oposición de acuerdo con la ponderación preestablecida;

e) Elaborar el Orden de Mérito;

f) Determinar la insuficiencia de mérito de los postulantes o la falta de aspirantes, debiendo en estos casos declarar desierto el concurso, en cuyo caso la Dirección General del Servicio Penitenciario propondrá a la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, el nombramiento en carácter de interino de un oficial con la jerarquía que correspondiere al respectivo cargo;

g) Notificar a los postulantes y a la Dirección General el resultado del concurso;

h) Resolver en primera instancia las impugnaciones que se interpusieren respecto del proceso y resultado del concurso;

Artículo 50° – De la Excusación y Recusación. Los miembros de la Comisión de Concurso deberán excusarse de intervenir cuando mediaren las causales de impedimento establecidas por el artículo 116 de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 3909. Los concursantes debidamente inscriptos podrán recusar a los miembros de la Comisión de Concurso, en todos los casos con expresión de causa, determinadas por el artículo 14 del Código Procesal Civil de Mendoza.

Artículo 51° – De los Recursos. El resultado del orden de mérito podrá ser recurrido en los siguientes casos:

a) Irregularidad en el procedimiento formal;

b) Aplicación errónea de las bases fijadas en la normativa legal reguladora del régimen de concurso.

Los recursos interpuestos en ningún caso tendrán efecto suspensivo, debiendo proseguirse con los actos útiles necesarios para la cobertura del cargo concursado. Respecto a los plazos, formalidades y procedimiento de los recursos, regirá en lo pertinente la Ley N° 3.909 y sus modificatorias.

Artículo 52° – De la Caducidad de los Cargos. Todo cargo cuya designación se haya efectivizado por intermedio de un concurso reglamentado en el presente decreto, estará sujeto a un plazo de caducidad de dos años, contados a partir de la respectiva designación, al término del cual, la administración deberá llamar a concurso, a fin de proveer nueva titularidad.

CAPÍTULO 3 DE LOS ASCENSOS 

Artículo 53° – Aplicación. El presente régimen de promociones y ascensos será de aplicación a la totalidad del Personal Penitenciario sujeto a la Ley N° 7.493 y sus modificatorias.

Artículo 54° – De los Ascensos. El ascenso es el acto administrativo emanado del Poder Ejecutivo por el cual se otorga al personal el grado inmediato superior al que detenta, dentro de la escala que según el escalafón y el agrupamiento corresponda, previo cumplimiento de los requisitos legales pertinentes.

Artículo 55° – El ascenso es conferido por Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia, a propuesta de la Dirección General del Servicio Penitenciario y de la Junta de Calificaciones, por intermedio de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos.

Artículo 56° – Los ascensos se clasifican en:

a) ascensos ordinarios;

b) ascensos extraordinarios.

Artículo 57° – Los ascensos ordinarios son aquellos que se otorgan anualmente a aquellos agentes penitenciarios que reúnan las condiciones legales exigidas para su tratamiento y se proceda a su tratamiento.

Artículo 58° – Los ascensos extraordinarios son aquellos que se otorgan al personal penitenciario cuando haya arriesgado su vida en actos de servicio o actuando en virtud de las obligaciones establecidas para la colaboración con otras fuerzas de seguridad.

Artículo 59° – De las Condiciones para el Ascenso. Son condiciones exigidas al personal para el tratamiento de su ascenso ordinario:

a) Que reviste en servicio efectivo;

b) Que cuente con la antigüedad mínima de permanencia en el grado, conforme lo establece para las distintas jerarquías el Anexo II de la Ley N° 7493, con la excepción prevista en el Art. 215 de la citada Ley;

c) Que no se encontrare alcanzado por las inhibiciones, establecidas en el Art. 214 de la Ley N° 7493.

Artículo 60° – De las Inhibiciones. Las inhibiciones son los impedimentos legales que determinan la imposibilidad del personal penitenciario de ser tratado por la Junta de Calificaciones para su ascenso.

Artículo 61° – Se considerará inhibido para su tratamiento:

a) El personal que resultare incurso en una o más causales de las enumeradas en el Art. 214 de la Ley N° 7493;

b) Aquél que no contara con la antigüedad mínima determinada por el Art. 215 de la referida norma, sin perjuicio de la excepción que dicha disposición determina.

Artículo 62° – La Dirección General del Servicio Penitenciario mediante los procedimientos que a tales efectos organice, deberá:

a) efectuar periódicamente el análisis de los antecedentes del personal manteniendo actualizado el legajo personal de cada agente;

b) determinar por acto administrativo fundado la existencia de inhibiciones, notificando dicha circunstancia al personal que se encontrare en esa situación;

c) resolver los recursos de aclaratoria que se interpusieren por dicho encuadre;

d) suministrar información constante de las novedades que pudieran ser causales de inhibición a la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, prolongando esta labor hasta el momento de elevarse las propuestas de ascensos al Poder Ejecutivo Provincial;

e) informar la nómina de personal superior que está en condiciones de integrar las Juntas de Calificaciones a la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos. Dicho personal no deberá estar incurso en ninguna de las inhibiciones mencionadas en el inciso a) del artículo anterior.

Artículo 63° – De los Recursos. El personal que hubiera resultado encuadrado en alguna de las causales de inhibición y considerare que el mismo se ha fundado en errores materiales u omisiones, podrá interponer recurso de aclaratoria ante la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 64° – Los recursos de aclaratoria deberán interponerse por escrito en el plazo de tres (03) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de la inhibición.

Artículo 65° – Los recursos de aclaratoria deberán ser resueltos dentro de los tres (03) días hábiles contados a partir de la recepción de los mismos, debiéndose notificar a los agentes del resolutivo.

Artículo 66° – Estos pedidos podrán ser resueltos en la siguiente forma:

a) dejando sin efecto el encuadre de inhibición por existencia de errores materiales u omisiones, en la determinación de la misma, en cuyo caso el recurrente quedará habilitado para ser considerado por la Junta de Calificaciones respectiva;

b) modificando parcialmente el encuadre ante la existencia de errores materiales u omisiones que sin embargo no cambien la calificación de la inhibición, en cuyo caso el peticionante continuará inhibido;

c) confirmando el encuadre original ante la inexistencia de errores materiales u omisiones.

Artículo 67° – Los demás supuestos en que el personal considere improcedente el encuadre dentro de las causales de inhibición mencionados, y que no tengan por fundamento la existencia de errores materiales u omisiones, deberán ser invocados por el interesado y resueltos a través de los recursos previstos en la Ley N° 3.909 y sus modificatorias.

Artículo 68° – De las Juntas de Calificaciones. Las Juntas de Calificaciones son un ente deliberativo de existencia transitoria, que tendrá por finalidad arribar a resoluciones de conjunto y de naturaleza ejecutiva en todo lo concerniente a lo estipulado en el artículo 69 del presente decreto.

Artículo 69° – La Junta de Calificación tendrá por misión establecer el orden de mérito del personal para los ascensos.

Artículo 70° – La Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos resolverá fundadamente acerca de la fecha de convocatoria de la Junta de Calificaciones, plazo de deliberaciones, detalle de integrantes, así como toda otra disposición que fuera necesaria.

Artículo 71° – La Junta de Calificación del Personal Superior a que se refiere el artículo 216 inciso a) de la Ley N° 7.493 estará compuesta por siete (7) miembros. Será presidida por el Director General del Servicio Penitenciario, o quien el Subsecretario de Justicia y Derechos Humanos designe en su representación e integrada por un (1) representante de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, un (1) Director de Establecimiento y dos (2) representantes del Personal Superior de cada escalafón del Servicio Penitenciario en grado de Prefecto General, Prefecto y Alcaide Mayor. Actuará como Secretario de Actuaciones, el Oficial Jefe con menor antigüedad, el que deberá ser seleccionado por la Dirección General del Servicio Penitenciario con carácter previo a la constitución de la Junta.

Artículo 72° – La Junta de Calificación del Personal Subalterno a que se refiere el artículo 216° inciso b) de la Ley N° 7.493, estará compuesta por siete (7) miembros. Estará presidida por el Director General del Servicio Penitenciario, o quien el Subsecretario de Justicia y Derechos Humanos designe en su representación e integrada por un (1) representante de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, un (1) Director de Establecimiento y dos (2) representantes del Personal Superior de cada escalafón del Servicio Penitenciario en grado de Prefecto General, Prefecto y Alcaide Mayor. Actuará como Secretario de Actuaciones, el Oficial Jefe con menor antigüedad, el que deberá ser seleccionado por la Dirección del Servicio Penitenciario con carácter previo a la constitución de las Juntas.

Artículo 73° – Las Juntas de Calificaciones de personal superior y subalterno, podrán convocar a través de la Dirección General del Servicio Penitenciario, a un miembro ad hoc, quien deberá ser el responsable del área vinculada al ascenso que se trate, quien deberá emitir voto fundado por escrito, el que revestirá el carácter de no vinculante.

Artículo 74° – De las Comisiones. Para el cumplimiento de su función la Junta de Calificaciones del Personal Superior y Subalterno constituirá Comisiones de Trabajo, las que se conformarán de la siguiente forma:

Artículo 75° – La Coordinación de Recursos Humanos de la Dirección General del Servicio Penitenciario remitirá a las respectivas Juntas de Calificación, conjuntamente con las fojas de calificación individual de los agentes, la siguiente documentación:

a) Legajo personal actualizado de cada agente que deba ser considerado;

b) Nómina de todos los agentes que reúnan el tiempo mínimo reglamentario con la indicación de: edad; y las demás prescripciones establecidas en el artículo 35, del presente régimen;

c) Nómina de los agentes comprendidos en las inhibiciones del Art. 214 de la Ley N° 7.493.

Sin perjuicio de ello, cada Junta de Calificación podrá recabar toda la información que resulte indispensable para el debido cumplimiento de su misión.

Artículo 76° – Las Comisiones que se integren, ajustarán sus tareas, a las siguientes instrucciones:

a) Las Comisiones deberán designar un representante, quien informará las conclusiones de la misma en la reunión plenaria de la respectiva Junta de Calificación;

b) Los informes de las Comisiones, serán consignados en un memorando por duplicado suscripto por los integrantes, que será entregado al Presidente de la respectiva Junta de Calificación;

c) Cuando las Comisiones adviertan errores u omisiones materiales en la foja de calificación individual de los agentes, procederán a colocar en tinta roja, en el lugar correspondiente el dato omitido o asentar la anotación en él en forma correcta, consignando las omisiones o errores salvados con mención de la fuente utilizada para el cotejo;

d) Si la observación afectase los porcentajes se reformulará nuevamente en tinta roja;

e) En todos los casos, de las anotaciones formuladas se deberá correr vista, al representante de la Comisión quien pondrá en conocimiento a la Junta de dicha circunstancia;

f) El representante de la Comisión que formulare observaciones en la foja de calificación individual comunicará esta circunstancia a la Dirección General del Servicio Penitenciario, para la oportuna notificación del personal y a fin que se procedan a efectuar las modificaciones pertinentes de la foja inicial del personal.

Artículo 77° – De las Calificaciones en los Ascensos por Selección. Examinados los antecedentes del personal por las Juntas de Calificaciones, al momento de efectuar el tratamiento de los órdenes de mérito, se determinará la calificación cuantitativa de los mismos, en una puntuación que será promedio de las individuales, de 1 a 100 y se calificará en una planilla individual para cada caso, adjuntándose la misma al legajo respectivo:

a) Funciones y cargos desempeñados (0 a 15 puntos).

b) Participación en equipos inter-disciplinarios de tratamiento y/ o intervenciones especiales (negociación, contención, situaciones de conflicto, situaciones de conflicto y/o crisis) (0 a 20 puntos).

c) Cursos de Capacitación en materias afines a la labor penitenciaria: éstos se considerarán cuando hayan sido en primer lugar otorgados por la Enseñanza Oficial, Superior, Media, Institutos de Enseñanza Privada y Cursos de Capacitación recibidos dentro de la Institución o Instituciones Provinciales afines (0 a 25 puntos).

d) Antigüedad en el Servicio (0 a 10 puntos).

e) Promedio de las calificaciones anuales de los últimos dos años (0 a 10 puntos).

f) Aptitud para desempeñar las funciones propias del grado superior y circunstancias referidas a necesidades del servicio (0 a 20 puntos).

Artículo 78° – De las Calificaciones en los Ascensos por Antigüedad. El orden de mérito para el ascenso por antigüedad calificada en el grado, se determinará mediante la aplicación de los siguientes antecedentes:

a) La antigüedad en el grado, que se determinará por:

–Fecha de promoción al último grado,

–Igualdad de ésta por antigüedad en el grado anterior,

–A paridad de antigüedad en el grado anterior, por la correspondiente al grado precedente inmediato y así sucesivamente hasta la antigüedad en el ingreso al escalafón,

b) La antigüedad en el escalafón se determinará por:

–Fecha en que se produjo;

–A la igualdad de aquélla, por el promedio obtenido para acceder al grado que se tratare;

–A igualdad de promedio, tendrá superioridad el que hubiere egresado del Instituto de Formación o Reclutamiento;

–De subsistir la igualdad, se determinará por la mayor edad del agente.

Artículo 79° – La Dirección General del Servicio Penitenciario, conforme a los órdenes de méritos formulados por las Juntas de Calificaciones propondrá los ascensos al Poder Ejecutivo Provincial de los agentes que correspondieren por intermedio de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos. Deberá informar además a la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, los supuestos que se produzcan dentro de la previsión del artículo 221 de la Ley N° 7493.

Artículo 80° – De las Sesiones. En las sesiones plenarias la Junta de Calificación comenzará su labor tratando en primer término el orden de mérito de los agentes de mayor jerarquía y así sucesivamente en orden decreciente de la escala jerárquica a considerar. El quórum de las sesiones plenarias se formará con la mitad más uno de los miembros de la Junta respectiva. Las deliberaciones dado el carácter reservado serán secretas y sus decisiones se adoptarán por simple mayoría de votos. El presidente de la Junta votará en todos los casos, y su voto decidirá en el supuesto de empate. En caso de ausencia del Presidente de la Junta, éste será reemplazado por el representante de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos. Cada Junta de Calificación llevará un libro de actas, rubricado, sellado y foliado por la Dirección General del Servicio Penitenciario en el que se asentará el resumen de las sesiones con la constancia de las decisiones de la mayoría y si las hubiera, de las disidencias brevemente fundadas. Dicho Libro de Actas se conservará en la Dirección General del Servicio Penitenciario en las épocas en que las Juntas no sesionen.

Artículo 81° – Dentro de los plazos estipulados por la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, las Presidencias de las Juntas de Calificaciones convocadas para los ascensos, elevarán a la Dirección General del Servicio Penitenciario, por grado:

a) orden de mérito establecido para el ascenso por antigüedad calificada;

b) orden de mérito establecido para el ascenso por selección en sus diversos escalafones.

Artículo 82° – De los Ascensos Extraordinarios. En los ascensos extraordinarios previstos en el artículo 222 de la Ley N° 7.493 se entenderá que arriesgar la vida en actos de servicio es toda acción ejecutada por el personal con valentía, intrepidez y con peligro inminente o grave de perder la vida, o incluso falleciendo como consecuencia de su intervención.

Artículo 83° – Se considerará haber actuado en virtud de las obligaciones establecidas, cuando haya cumplido con sus deberes esenciales de defender la propiedad, la libertad y la vida de las personas y mantener el orden público, preservar la seguridad pública y prevenir o reprimir toda acción delictiva, ya sea en jurisdicción de los establecimientos penales o en los casos del Artículo 4° de la Ley N° 7.493.

Artículo 84° – Los ascensos extraordinarios serán concedidos por el Poder Ejecutivo Provincial, a propuesta de la Dirección General del Servicio Penitenciario por intermedio del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, previa información sumaria destinada a acreditar el mérito, acerca de la que resolverá la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos.

CAPÍTULO 4 DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 85° – (artículo 27° de la Ley N° 7.976) Intertanto se implemente el régimen de concursos dispuestos en el capítulo II del presente decreto, el Poder Ejecutivo podrá poner a cargo interinamente de las Coordinaciones, Jefe del Departamento Legal y Técnico, Secretario General, Jefe del Área de Inteligencia, Jefe del Área de Obras, Infraestructura y Planeamiento, Jefe del Área de Salud, Directores de Establecimiento, sin mediar concurso.

Artículo 86° – (artículo 27° de la Ley N° 7.976) Intertanto se implemente el régimen de concursos dispuestos en el capítulo II del presente decreto, el Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos podrá poner a cargo interinamente a los Subdirectores de Establecimiento, Jefes de Departamento y Jefes de División, sin mediar concurso.

Artículo 87° – (artículo 28° de la Ley N° 7.976) Subrogancia. Se establece que en aquellos casos que el cargo a ocupar deba serlo por un Oficial y no existiera personal con esa jerarquía e idoneidad suficiente, podrá ponerse a cargo en forma transitoria y fundada, por el plazo de seis meses sujeto a renovación, a Oficiales Jefes o Subalternos, asegurándosele la compensación económica de dicha función, mediante el pago del suplemento por subrogancia, el que consistirá en un rubro de naturaleza remunerativa, que equipare el haber.

Artículo 88° – Deróguese el artículo 74 del Decreto N° 1.166/98 y toda otra norma que se oponga a la presente.

Artículo 89° – Deróguese la Resolución Ministerial N° 1.016/G/ 2006 y la Resolución del Subsecretario de Justicia y Derechos Humanos N° 737/G/2008 y toda otra norma que se oponga a la presente.

Artículo 90° – En todo lo no contemplado en el presente se aplicarán las normas procedentes de la Ley N° 3.909 y sus modificatorias.

Artículo 91° – Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

CELSO ALEJANDRO JAQUE

Mario Daniel Adaro

Carlos Ciurca

Adrián H. Cerroni

Guillermo Eduardo Migliozzi

Silvia C. Ruggeri

Aldo Sergio Saracco

Francisco H. Pérez

Mtro. Infr. Viv. y Transporte a/c

Mrio. Secretaría Gral. de la Gobernación

Sancionada: Junio 19 de 1996.

Promulgada: Julio 8 de 1996.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

LEY DE EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD

CAPITULO I

Principios básicos de la ejecución

ARTÍCULO 1º — La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad.

El régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada.

ARTÍCULO 2º — El condenado podrá ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por la ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten y cumplirá con todos los deberes que su situación le permita y con todas las obligaciones que su condición legalmente le impone.

ARTÍCULO 3º — La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, estará sometida al permanente control judicial. El juez de ejecución o juez competente garantizará el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos de los condenados no afectados por la condena o por la ley.

ARTÍCULO 4º — Será de competencia judicial durante la ejecución de la pena:

a) Resolver las cuestiones que se susciten cuando se considere vulnerado alguno de los derechos del condenado;

b) Autorizar todo egreso del condenado del ámbito de la administración penitenciaria.

ARTÍCULO 5º — El tratamiento del condenado deberá ser programado e individualizado y obligatorio respecto de las normas que regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo.

Toda otra actividad que lo integre tendrá carácter voluntario.

En ambos casos deberá atenderse a las condiciones personales, intereses y necesidades para el momento del egreso, dentro de las posibilidades de la administración penitenciaria.

ARTÍCULO 6º — El régimen penitenciario se basará en la progresividad, procurando limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y promoviendo en lo posible y conforme su evolución favorable su incorporación a instituciones semiabiertas o abiertas o a secciones separadas regidas por el principio de autodisciplina.

ARTÍCULO 7º — El condenado podrá ser promovido excepcionalmente a cualquier fase del período de tratamiento que mejor se adecue a sus condiciones personales, de acuerdo con los resultados de los estudios técnico-criminológicos y mediante resolución fundada de la autoridad competente.

ARTÍCULO 8º — Las normas de ejecución serán aplicadas sin establecer discriminación o distingo alguno en razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social o cualquier otra circunstancia. Las únicas diferencias obedecerán al tratamiento individualizado.

ARTÍCULO 9º — La ejecución de la pena estará exenta de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Quien ordene, realice o tolere tales excesos se hará pasible de las sanciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio de otras que le pudieren corresponder.

ARTÍCULO 10. — La conducción, desarrollo y supervisión de las actividades que conforman el régimen penitenciario serán de competencia y responsabilidad administrativa, en tanto no estén específicamente asignadas a la autoridad judicial.

ARTÍCULO 11. — Esta ley, con excepción de lo establecido en el artículo 7º, es aplicable a los procesados a condición de que sus normas no contradigan el principio de inocencia y resulten más favorables y útiles para resguardar su personalidad. Las cuestiones que pudieran suscitarse serán resueltas por el juez competente.

CAPITULO II Modalidades básicas de la ejecución

Sección primera Progresividad del régimen penitenciario

Períodos

ARTÍCULO 12. — El régimen penitenciario aplicable al condenado, cualquiera fuere la pena impuesta, se caracterizará por su progresividad y constará de:

a) Período de observación;

b) Período de tratamiento;

c) Período de prueba;

d) Período de libertad condicional.

Período de observación

ARTÍCULO 13. — Durante el período de observación el organismo técnico-criminológico tendrá a su cargo:

a) Realizar el estudio médico, psicológico y social del condenado, formulando el diagnóstico y el pronóstico criminológico, todo ello se asentará en una historia criminológica debidamente foliada y rubricada que se mantendrá permanentemente actualizada con la información resultante de la ejecución de la pena y del tratamiento instaurado;

b) Recabar la cooperación del condenado para proyectar y desarrollar su tratamiento. A los fines de lograr su aceptación y activa participación, se escucharán sus inquietudes;

c) Indicar el período y fase de aquel que se propone para incorporar al condenado y el establecimiento, sección o grupo al que debe ser destinado;

d) Determinar el tiempo mínimo para verificar los resultados del tratamiento y proceder a su actualización, si fuere menester.

Período de tratamiento

ARTÍCULO 14. — En la medida que lo permita la mayor o menor especialidad del establecimiento penitenciario, el período de tratamiento podrá ser fraccionado en fases que importen para el condenado una paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la pena. Estas fases podrán incluir el cambio de sección o grupo dentro del establecimiento o su traslado a otro.

Período de prueba

ARTÍCULO 15. — El período de prueba comprenderá sucesivamente:

a) La incorporación del condenado a establecimiento abierto o sección independiente de éste, que se base en el principio de autodisciplina;

b) La posibilidad de obtener salidas transitorias del establecimiento;

c) La incorporación al régimen de la semilibertad.

Salidas transitorias

ARTÍCULO 16. — Las salidas transitorias, según la duración acordada, el motivo que las fundamente y el nivel de confianza que se adopte, podrán ser:

I. Por el tiempo:

a) Salidas hasta doce horas;

b) Salidas hasta 24 horas;

c) Salidas, en casos excepcionales, hasta setenta y dos horas.

II. Por el motivo:

a) Para afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales;

b) Para cursar estudios de educación general básica, polimodal, superior, profesional y académica de grado o de los regímenes especiales previstos en la legislación vigente;

c) Para participar en programas específicos de prelibertad ante la inminencia del egreso por libertad condicional, asistida o por agotamiento de condena.

III. Por el nivel de confianza:

a) Acompañado por un empleado que en ningún caso irá uniformado;

b) Confiado a la tuición de un familiar o persona responsable;

c) Bajo palabra de honor.

ARTÍCULO 17. — Para la concesión de las salidas transitorias o la incorporación al régimen de la semilibertad se requiere:

I. Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución:

a) Pena temporal sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: la mitad de la condena;

b) Penas perpetuas sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: quince años;

c) Accesoria del artículo 52 del Código Penal, cumplida la pena: 3 años.

II. No tener causa abierta donde interese su detención u otra condena pendiente.

III. Poseer conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el tiempo de internación.

IV. Merecer, del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento, concepto favorable respecto de su evolución y sobre el efecto beneficioso que las salidas o el régimen de semilibertad puedan tener para el futuro personal, familiar y social del condenado.

ARTÍCULO 18. — El director del establecimiento, por resolución fundada, propondrá al juez de ejecución o juez competente la concesión de las salidas transitorias o del régimen de semilibertad, propiciando en forma concreta:

a) El lugar o la distancia máxima a que el condenado podrá trasladarse. Si debiera pasar la noche fuera del establecimiento, se le exigirá una declaración jurada del sitio preciso donde pernoctará;

b) Las normas que deberá observar, con las restricciones o prohibiciones que se estimen convenientes;

c) El nivel de confianza que se adoptará.

ARTÍCULO 19. — Corresponderá al juez de ejecución o juez competente disponer las salidas transitorias y el régimen de semilibertad, precisando las normas que el condenado debe observar y efectuar modificaciones, cuando procediere. en caso de incumplimiento de las normas, el juez suspenderá o revocará el beneficio cuando la infracción fuere grave o reiterada.

ARTÍCULO 20. — Concedida la autorización judicial, el director del establecimiento quedará facultado para hacer efectivas las salidas transitorias o la semilibertad e informará al juez sobre su cumplimiento. El director podrá disponer la supervisión a cargo de profesionales del servicio social.

ARTÍCULO 21. — El director entregará al condenado autorizado a salir del establecimiento una constancia que justifique su situación ante cualquier requerimiento de la autoridad.

ARTÍCULO 22. — Las salidas transitorias, el régimen de semilibertad y los permisos a que se refiere el artículo 166 no interrumpirán la ejecución de la pena.

Semilibertad

ARTÍCULO 23. — La semilibertad permitirá al condenado trabajar fuera del establecimiento sin supervisión continua, en iguales condiciones a las de la vida libre, incluso salario y seguridad social, regresando al alojamiento asignado al fin de cada jornada laboral. Para ello deberá tener asegurada una adecuada ocupación y reunir los requisitos del artículo 17.

ARTÍCULO 24. — El condenado incorporado a semilibertad será alojado en una institución regida por el principio de autodisciplina.

ARTÍCULO 25. — El trabajo en semilibertad será diurno y en días hábiles. Excepcionalmente será nocturno o en días domingo o feriado y en modo alguno dificultará el retorno diario del condenado a su alojamiento.

ARTÍCULO 26. — La incorporación a la semilibertad incluirá una salida transitoria semanal, salvo resolución en contrario de la autoridad judicial.

Evaluación del tratamiento

ARTÍCULO 27. — La verificación y actualización del tratamiento a que se refiere el artículo 13, inciso d), corresponderá al organismo técnico-criminológico y se efectuará, como mínimo, cada seis meses.

Período de libertad condicional

ARTÍCULO 28. — El juez de ejecución o juez competente podrá conceder la libertad condicional al condenado que reúna los requisitos fijados por el Código Penal, previo los informes fundados del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento. Dicho informe deberá contener los antecedentes de conducta, concepto y dictámenes criminológicos desde el comienzo de la ejecución de la pena.

ARTÍCULO 29. — La supervisión del liberado condicional comprenderá una asistencia social eficaz a cargo de un patronato de liberados o de un servicio social calificado, de no existir aquél. En ningún caso se confiará a organismos policiales o de seguridad.

Sección Segunda Programa de prelibertad

ARTÍCULO 30. — Entre sesenta y noventa días antes del tiempo mínimo exigible para la concesión de la libertad condicional o de la libertad asistida del artículo 54, el condenado deberá participar de un programa intensivo de preparación para su retorno a la vida libre el que, por lo menos, incluirá:

a) Información, orientación y consideración con el interesado de las cuestiones personales y prácticas que deba afrontar al egreso para su conveniente reinserción familiar y social;

b) Verificación de la documentación de identidad indispensable y su vigencia o inmediata tramitación, si fuere necesario;

c) Previsiones adecuadas para su vestimenta, traslado y radicación en otro lugar, trabajo, continuación de estudios, aprendizaje profesional, tratamiento médico, psicológico o social.

ARTÍCULO 31. — El desarrollo del programa de prelibertad, elaborado por profesionales del servicio social, en caso de egresos por libertad condicional o por libertad asistida, deberá coordinarse con los patronatos de liberados. En los egresos por agotamiento de la pena privativa de libertad la coordinación se efectuará con los patronatos de liberados, las organizaciones de asistencia postpenitenciaria y con otros recursos de la comunidad. En todos los casos se promoverá el desarrollo de acciones tendientes a la mejor reinserción social.

Sección Tercera Alternativas para situaciones especiales

Prisión domiciliaria

ARTÍCULO 32. — El juez de ejecución o juez competente confiará la supervisión de la detención domiciliaria prevista en el artículo 10 del Código Penal a un patronato de liberados o servicio social calificado, de no existir aquél. En ningún caso estará a cargo de organismos policiales o de seguridad.

ARTÍCULO 33. — El condenado mayor de setenta años o el que padezca una enfermedad incurable en período terminal, podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria, por resolución del juez de ejecución o juez competente, cuando mediare pedido de un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado, previo informes médico, psicológico y social que fundadamente lo justifique.

Si lo estimare conveniente, el juez podrá disponer una supervisión adecuada en la forma prevista en el artículo 32.

ARTÍCULO 34. — El juez de ejecución o juez competente revocará la detención domiciliaria cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado o cuando los resultados de la supervisión efectuada así lo aconsejaren.

Prisión discontinua y semidetención

ARTÍCULO 35. — El juez de ejecución o juez competente, a pedido o con el consentimiento del condenado, podrá disponer la ejecución de la pena mediante la prisión discontinua y semidetención, cuando:

a) Se revocare la detención domiciliaria prevista en el artículo 10 del Código Penal;

b) Se revocare la detención domiciliaria prevista en el artículo 33 de esta ley en el caso de condenado mayor de setenta años;

c) Se convirtiere la pena de multa en prisión, según lo dispuesto en el artículo 21, párrafo 2 del Código Penal;

d) Se revocare la condenación condicional prevista en el artículo 26 del Código Penal por incumplimiento de las reglas de conducta establecidas en el artículo 27 bis del Código Penal;

e) Se revocare la libertad condicional dispuesta en el artículo 15 del Código Penal, en el caso que el condenado haya violado la obligación de residencia;

f) La pena privativa de libertad, al momento de la sentencia definitiva, no sea mayor de seis meses de efectivo cumplimiento.

Prisión discontinua

ARTÍCULO 36. — La prisión discontinua se cumplirá mediante la permanencia del condenado en una institución basada en el principio de autodisciplina, por fracciones no menores de treinta y seis horas, procurando que ese período coincida con los días no laborables de aquél.

ARTÍCULO 37. — El juez de ejecución o juez competente podrá autorizar al condenado a no presentarse en la institución en la que cumple la prisión discontinua por un lapso de veinticuatro horas cada dos meses.

ARTÍCULO 38. — Se computará un día de pena privativa de libertad por cada noche de permanencia del condenado en la institución.

Semidetención

ARTÍCULO 39. — La semidetención consistirá en la permanencia ininterrumpida del condenado en una institución basada en el principio de autodisciplina, durante la fracción del día no destinada al cumplimiento, en la medida de lo posible, de sus obligaciones familiares, laborales o educativas. Sus modalidades podrán ser la prisión diurna y la prisión nocturna.

ARTÍCULO 40. — El lapso en el que el condenado esté autorizado a salir de la institución se limitará al que le insuman las obligaciones indicadas en el artículo 39, que deberá acreditar fehacientemente.

Prisión diurna

ARTÍCULO 41. — La prisión diurna se cumplirá mediante la permanencia diaria del condenado en una institución basada en el principio de autodisciplina, todos los días entre las ocho y las diecisiete horas.

Prisión nocturna

ARTÍCULO 42. — La prisión nocturna se cumplirá mediante la permanencia diaria del condenado en una institución basada en el principio de autodiscipina, entre las veintiuna horas de un día y las seis horas del día siguiente.

ARTÍCULO 43. — Se computará un día de pena privativa de libertad por cada jornada de permanencia del condenado en la institución conforme lo previsto en los artículos 41 y 42.

ARTÍCULO 44. — El juez de ejecución o juez competente podrá autorizar al condenado a no presentarse en la institución durante un lapso no mayor de cuarenta y ocho horas cada dos meses.

Disposiciones comunes

ARTÍCULO 45. — El juez de ejecución o juez competente determinará, en cada caso, mediante resolución fundada, el plan de ejecución de la prisión discontinua o semidetención, los horarios de presentación obligatoria del condenado, las normas de conducta que se compromete a observar en la vida libre y la obligación de acatar las normas de convivencia de la institución, disponiendo la supervisión que considere conveniente.

ARTÍCULO 46. — En el caso del inciso f) del artículo 35, si el condenado se encontrare privado de libertad, previo a la ejecución de la resolución judicial, participará del programa de prelibertad, establecido en el artículo 30, con una duración máxima de treinta días.

ARTÍCULO 47. — El condenado en prisión discontinua o en semidetención, durante su permanencia en la institución, participará en los programas de tratamiento que establezca la reglamentación, en la que se consignarán las obligaciones y limitaciones que deberá observar.

ARTÍCULO 48. — El condenado podrá, en cualquier tiempo, renunciar irrevocablemente a la prisión discontinua o a la semidetención. Practicado el nuevo cómputo, el juez de ejecución o juez competente dispondrá que el resto de la pena se cumpla en establecimiento penitenciario. En tal supuesto la pena se cumplirá en establecimiento semiabierto o cerrado.

ARTÍCULO 49. — En caso de incumplimiento grave o reiterado de las normas fijadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 45 y previo informe de la autoridad encargada de la supervisión del condenado, el juez de ejecución o juez competente revocará la prisión discontinua o la semidetención practicando el cómputo correspondiente. La revocación implicará el cumplimiento de la pena en establecimiento semiabierto o cerrado.

Trabajos para la comunidad

ARTÍCULO 50. — En los casos de los incisos c) y f) del artículo 35, cuando se presente ocasión para ello y el condenado lo solicite o acepte, el juez de ejecución o juez competente podrá sustituir, total o parcialmente, la prisión discontinua o la semidetención por la realización de trabajo para la comunidad no remunerado fuera de los horarios habituales de su actividad laboral comprobada. En tal caso se computarán seis horas de trabajo para la comunidad por un día de prisión. El plazo máximo para el cumplimiento de la pena con esta modalidad de ejecución será de dieciocho meses.

ARTÍCULO 51. — El juez de ejecución o juez competente confiará la organización y supervisión del trabajo para la comunidad del artículo 50 a un patronato de liberados o a un servicio social calificado, de no existir aquél.

ARTÍCULO 52. — En caso de incumplimiento del plazo o de la obligación fijada en el artículo 50, el juez de ejecución o juez competente revocará el trabajo para la comunidad. La revocación, luego de practicado el cómputo correspondiente, implicará el cumplimiento de la pena en establecimiento semiabierto o cerrado. Por única vez y mediando causa justificada, el juez de ejecución o juez competente podrá ampliar el plazo en hasta seis meses.

ARTÍCULO 53. — El condenado en cualquier tiempo podrá renunciar irrevocablemente al trabajo para la comunidad. Practicado el nuevo cómputo, el juez de ejecución o juez competente dispondrá que el resto de la pena se cumpla en prisión discontinua, semidetención o en un establecimiento penitenciario.

Sección cuarta Libertad asistida

ARTÍCULO 54. — La libertad asistida permitirá al condenado sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal, el egreso anticipado y su reintegro al medio libre seis meses antes del agotamiento de la pena temporal.

El juez de ejecución o juez competente, a pedido del condenado y previo los informes del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento, podrá disponer la incorporación del condenado al régimen de libertad asistida.

El juez de ejecución o juez competente podrá denegar la incorporación del condenado a este régimen sólo excepcionalmente y cuando considere, por resolución fundada, que el egreso puede constituir un grave riesgo para el condenado o para la sociedad.

ARTÍCULO 55. — El condenado incorporado al régimen de libertad asistida deberá cumplir las siguientes condiciones:

I. Presentarse, dentro del plazo fijado por el juez de ejecución o juez competente, al patronato de liberados que le indique para su asistencia y para la supervisión de las condiciones impuestas.

II. Cumplir las reglas de conducta que el juez de ejecución o juez competente fije, las cuales sin perjuicio de otras que fueren convenientes de acuerdo a las circunstancias personales y ambientales del condenado, podrán ser:

a) Desempeñar un trabajo, oficio o profesión, o adquirir los conocimientos necesarios para ello;

b) Aceptar activamente el tratamiento que fuere menester;

c) No frecuentar determinadas personas o lugares, abstenerse de actividades o de hábitos que en el caso, se consideren inconvenientes para su adecuada reinserción social.

Salvo expresa indicación en contrario, siempre regirá la obligación señalada en el inciso a) de este apartado.

III. Residir en el domicilio consignado en la resolución judicial, el que podrá ser modificado previa autorización del juez de ejecución o juez competente, para lo cual éste deberá requerir opinión del patronato respectivo.

IV. Reparar, en la medida de sus posibilidades, los daños causados por el delito, en los plazos y condiciones que fije el juez de ejecución o juez competente.

Estas condiciones regirán a partir del día de egreso hasta el de agotamiento de la condena.

ARTÍCULO 56. — Cuando el condenado en libertad asistida cometiere un delito o violare la obligación del apartado I del artículo 55, la libertad asistida será revocada.

El resto de la condena se agotará en un establecimiento semiabierto o cerrado.

Si el condenado en libertad asistida incumpliere reiteradamente las reglas de conducta impuestas, violare la obligación prescripta en el apartado III del artículo 55 o se sustrajere, sin causa, a lo prescrito en el apartado IV de ese artículo, el juez de ejecución o juez competente podrá revocar su incorporación a la libertad asistida o disponer que no se le compute en la condena todo o parte del tiempo que hubiere durado la inobservancia. En tal supuesto se prorrogarán los términos, hasta tanto acatare lo dispuesto en el plazo que se le fije, bajo apercibimiento de revocatoria.

En los casos de revocatoria, deberá practicarse nuevo cómputo no considerándose el tiempo que haya durado la libertad.

CAPITULO III Normas de trato

Denominación

ARTÍCULO 57. — La persona condenada sujeta a medida de seguridad que se aloje en instituciones previstas en esta ley, se denominará interno.

Al interno se le citará o llamará únicamente por el nombre y apellido.

Higiene

ARTÍCULO 58. — El régimen penitenciario deberá asegurar y promover el bienestar psicofísico de los internos. Para ello se implementarán medidas de prevención, recuperación y rehabilitación de la salud y se atenderán especialmente las condiciones ambientales e higiénicas de los establecimientos.

ARTÍCULO 59. — El número de internos de cada establecimiento deberá estar preestablecido y no se lo excederá a fin de asegurar un adecuado alojamiento. Todos los locales estarán siempre en buen estado de de conservación. Su ventilación, iluminación, calefacción y dimensiones guardarán relación con su destino y los factores climáticos.

ARTÍCULO 60. — El aseo personal del interno será obligatorio. Los establecimientos deberán disponer de suficientes y adecuadas instalaciones sanitarias y proveerán al interno de los elementos indispensables para su higiene.

ARTÍCULO 61. — El interno deberá cuidar el aseo de su alojamiento y contribuir a la higiene y conservación del establecimiento.

Alojamiento

ARTÍCULO 62. — El alojamiento nocturno del interno, en lo posible, será individual en los establecimientos cerrados y semiabiertos.

En las instituciones o secciones basadas en el principio de autodisciplina se podrán utilizar dormitorios para internos cuidadosamente seleccionados.

Vestimenta y ropa

ARTÍCULO 63. — La Administración proveerá al interno de vestimenta acorde al clima y a la estación, para usarla en el interior del establecimiento. En manera alguna esas prendas, por sus características podrán resultar humillantes. Deberá cuidarse su mantenimiento en buen estado de conservación e higiene.

Cuando el interno hubiere de salir del establecimiento, en los casos autorizados, deberá permitírsele utilizar sus ropas personales. Si no dispusiere de ellas, se le facilitará vestimenta adecuada.

ARTÍCULO 64. — Al interno se le proveerá de ropa suficiente para su cama individual, la que será mudada con regularidad.

Alimentación

ARTÍCULO 65. — La alimentación del interno estará a cargo de la administración; será adecuada a sus necesidades y sustentada en criterios higiénico-dietéticos. Sin perjuicio de ello y conforme los reglamentos que se dicten, el interno podrá adquirir o recibir alimentos de sus familiares o visitantes. La prohibición de bebidas alcohólicas será absoluta.

Información y peticiones

ARTÍCULO 66. — A su ingreso al establecimiento el interno recibirá explicación oral e información escrita acerca del régimen a que se encontrará sometido, las normas de conducta que deberá observar, el sistema disciplinario vigente, los medios autorizados para formular pedidos o presentar quejas y de todo aquello que sea útil para conocer sus derechos y obligaciones. Si el interno fuere analfabeto, presentare discapacidad física o psíquica o no comprendiese el idioma castellano, esa información se le deberá suministrar por persona y medio idóneo.

ARTÍCULO 67. — El interno podrá presentar peticiones y quejas al director del establecimiento y dirigirse sin censura a otra autoridad administrativa superior, al juez de ejecución o al juez competente.

La resolución que se adopte deberá ser fundada, emitida en tiempo razonable y notificada al interno.

Tenencia y depósito de objetos y valores

ARTÍCULO 68. — El dinero, los objetos de valor y demás prendas propias que el interno posea a su ingreso o que reciba con posterioridad y que reglamentariamente no pueda retener consigo serán, previo inventario, mantenidos en depósito. Se adoptarán las disposiciones necesarias para su conservación en buen estado. Conforme los reglamentos, el interno podrá disponer de su dinero y otros objetos. Los efectos no dispuestos por el interno y que no hubieren sido retenidos o destruidos por razones de higiene, le serán devueltos a su egreso. De todo depósito, disposición o devolución se extenderán las correspondientes constancias y recibos.

Cuidados de bienes

ARTÍCULO 69. — El interno deberá cuidar las instalaciones, el mobiliario y los objetos y elementos que la administración destine para el uso individual o común y abstenerse de producir daño en los pertenecientes a otros internos.

Registro de internos y de instalaciones

ARTÍCULO 70. — Para preservar la seguridad general, los registros en las personas de los internos, sus pertenencias y locales que ocupen, los recuentos y las requisas de las instalaciones del establecimiento, se efectuarán con las garantías que reglamentariamente se determinen y dentro del respeto a la dignidad humana.

Traslado de internos

ARTÍCULO 71. — El traslado individual o colectivo de internos se sustraerá a la curiosidad pública y estará exento de publicidad. Deberá efectuarse en medios de transporte higiénicos y seguros.

La administración reglamentará las precauciones que deberán utilizarse contra posibles evasiones, las cuales en ninguna circunstancia causarán padecimientos innecesarios al interno.

ARTÍCULO 72. — El traslado del interno de un establecimiento a otro, con las razones que lo fundamenten, deberá ser comunicado de inmediato al juez de ejecución o juez competente.

ARTÍCULO 73. — El traslado del interno de un establecimiento a otro será informado de inmediato a las personas o instituciones con las que mantuviere visita o correspondencia o a quienes hubieren sido por él designados.

Medidas de sujeción

ARTÍCULO 74. — Queda prohibido el empleo de esposas o de cualquier otro medio de sujeción como castigo.

ARTÍCULO 75. — Sólo podrán adoptarse medidas de sujeción en los siguientes casos:

a) Como precaución contra una posible evasión durante el traslado del interno;

b) Por razones médicas, a indicación del facultativo, formulada por escrito;

c) Por orden expresa del director o del funcionario que lo reemplace en caso de no encontrarse éste en servicio, si otros métodos de seguridad hubieran fracasado y con el único propósito de que el interno no se cause daño a sí mismo, a un tercero o al establecimiento. En este caso el director o quien lo reemplace, dará de inmediato intervención al servicio médico y remitirá un informe detallado al juez de ejecución o juez competente y a la autoridad penitenciaria superior.

ARTÍCULO 76. — La determinación de los medios de sujeción autorizados y su modo de empleo serán establecidos por la reglamentación que se dicte. Su aplicación no podrá prolongarse más allá del tiempo necesario, bajo apercibimiento de las sanciones administrativas y penales que correspondan por el funcionario responsable.

Resistencia a la autoridad penitenciaria

ARTÍCULO 77. — Al personal penitenciario le está absolutamente prohibido emplear la fuerza en el trato con los internos, excepto en los casos de fuga, evasión o de sus tentativas o de resistencia por la fuerza activa o pasiva a una orden basada en norma legal o reglamentaria. Aun en estos casos, todo exceso hará pasible al responsable de las sanciones administrativas y penales que correspondan.

ARTÍCULO 78. — El personal que habitualmente preste servicios en contacto directo con los internos no estará armado. Deberá recibir un entrenamiento físico adecuado que le permita actuar razonable y eficazmente para superar situaciones de violencia.

El uso de armas reglamentarias quedará limitado a las circunstancias excepcionales en que sea indispensable utilizarlas con fines de prevención o por peligro inminente para la vida, la salud o la seguridad de agentes, de internos o de terceros.

CAPITULO IV Disciplina

ARTÍCULO 79. — El interno está obligado a acatar las normas de conducta que, para posibilitar una ordenada convivencia, en su propio beneficio y para promover su reinserción social, determinen esta ley y los reglamentos que se dicten.

ARTÍCULO 80. — El orden y la disciplina se mantendrán con decisión y firmeza. No se impondrán más restricciones que las indispensables para mantener la seguridad y la correcta organización de la vida de los alojados, de acuerdo al tipo de establecimiento y al régimen en que se encuentra incorporado el interno.

ARTÍCULO 81. — El poder disciplinario sólo puede ser ejercido por el director del establecimiento, quien tendrá competencia para imponer sanciones, suspender o dar por cumplida su aplicación o sustituirlas por otras más leves, de cuerdo a las circunstancias del caso.

ARTÍCULO 82. — El reglamento podrá autorizar, con carácter restrictivo, que un miembro del personal superior legalmente a cargo del establecimiento, pueda ordenar el aislamiento provisional de internos cuando existan fundados motivos para ello, dando inmediata intervención al director.

ARTÍCULO 83. — En ningún caso el interno podrá desempeñar tareas a las que vaya unido el ejercicio de una potestad disciplinaria.

ARTÍCULO 84. — No habrá infracción ni sanción disciplinaria sin expresa y anterior previsión legal o reglamentaria.

ARTÍCULO 85. — El incumplimiento de las normas de conducta a que alude el artículo 79, constituye infracción disciplinaria.

Las infracciones disciplinarias se clasifican en leves, medias y graves.

Los reglamentos especificarán las leves y las medias.

Son faltas graves:

a) Evadirse o intentarlo, colaborar en la evasión de otros o poseer elementos para ello;

b) Incitar o participar en movimientos para quebrantar el orden y la disciplina;

c) Tener dinero u otros valores que lo reemplacen, poseer, ocultar, facilitar o traficar elementos electrónicos o medicamentos no autorizados, estupefacientes, alcohol, sustancias tóxicas o explosivos, armas o todo instrumento capaz de atentar contra la vida, la salud o la integridad propia o de terceros;

d) Intentar introducir o sacar elementos de cualquier naturaleza eludiendo los controles reglamentarios;

e) Retener, agredir, coaccionar o amenazar a funcionarios u otras personas;

f) Intimidar física, psíquica o sexualmente a otra persona;

g) Amenazar o desarrollar acciones que sean real o potencialmente aptas para contagiar enfermedades;

h) Resistir activa y gravemente al cumplimiento de órdenes legalmente impartidas por funcionario competente;

i) Provocar accidentes de trabajo o de cualquier otra naturaleza;

j) Cometer un hecho previsto como delito doloso, sin perjuicio de ser sometido al eventual proceso penal.

ARTÍCULO 86. — El interno estará obligado a resarcir los daños o deterioros materiales causados en las cosas muebles o inmuebles del Estado o de terceros, sin perjuicio de ser sometido al eventual proceso penal.

ARTÍCULO 87. — Sólo se podrá aplicar como sanción, de acuerdo a la importancia de la infracción cometida y a la individualización del caso, alguna de las siguientes correcciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 89;

a) Amonestación;

b) Exclusión de las actividades recreativas o deportivas hasta diez (10) días;

c) Exclusión de la actividad común hasta quince (15) días;

d) Suspensión o restricción total o parcial de derechos reglamentarios de hasta quince (15) días de duración;

e) Permanencia en su alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones no agraven ilegítimamente la detención, hasta quince (15) días ininterrumpidos;

f) Permanencia en su alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones no agraven ilegítimamente la detención, hasta siete (7) fines de semana sucesivos o alternados.

g) Traslado a otra sección del establecimiento de régimen más riguroso;

h) Traslado a otro establecimiento.

La ejecución de las sanciones no implicará la suspensión total del derecho a visita y correspondencia de un familiar directo o allegado del interno, en caso de no contar con aquél.

ARTÍCULO 88. — El sancionado con la corrección de permanencia en su alojamiento habitual no será eximido de trabajar. Se le facilitará material de lectura. Será visitado diariamente por un miembro del personal superior del establecimiento, por el capellán o ministro de culto reconocido por el Estado nacional cuando lo solicite, por un educador y por el médico. Este último informará por escrito a la dirección, si la sanción debe suspenderse o atenuarse por razones de salud.

ARTÍCULO 89. — El director del establecimiento, con los informes coincidentes del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento, podrá retrotraer al período o fase inmediatamente anterior al interno sancionado por falta grave o reiterada.

ARTÍCULO 90. — Cuando la falta disciplinaria dé motivos para sospechar la existencia de una perturbación mental en su autor, el director del establecimiento deberá solicitar asesoramiento médico, previo a la decisión del caso.

ARTÍCULO 91. — El interno debe ser informado de la infracción que se le imputa, tener oportunidad de presentar sus descargos, ofrecer prueba y ser recibido en audiencia por el director del establecimiento antes de dictar resolución, la que en todos los casos deberá ser fundada. La resolución se pronunciará dentro del plazo que fije el reglamento.

ARTÍCULO 92. — El interno no podrá ser sancionado dos veces por la misma infracción.

ARTÍCULO 93. — En caso de duda se estará a lo que resulte más favorable al interno.

ARTÍCULO 94. — En ningún caso se aplicarán sanciones colectivas.

ARTÍCULO 95. — La notificación de la sanción impuesta debe estar a cargo de un miembro del personal directivo del establecimiento. El interno será informado de sus fundamentos y alcances y exhortado a reflexionar sobre su comportamiento.

ARTÍCULO 96. — Las sanciones serán recurribles ante el juez de ejecución o juez competente dentro de los cinco días hábiles, derecho del que deberá ser informado el interno al notificársele la resolución. La interposición del recurso no tendrá efecto suspensivo, a menos que así lo disponga el magistrado interviniente. Si el juez de ejecución o juez competente no se expidiese dentro de los sesenta días, la sanción quedará firme.

ARTÍCULO 97. — Las sanciones y los recursos que eventualmente interpongan los sancionados, deberán ser notificados al juez de ejecución o juez competente por la vía más rápida disponible dentro de las seis horas subsiguientes a su dictado o interposición.

ARTÍCULO 98. — En el supuesto de primera infracción en el establecimiento, si el comportamiento anterior del interno lo justificare, el director, en la misma resolución que impone la sanción, podrá dejar en suspenso su ejecución. Si el interno cometiere otra falta dentro de plazo prudencial que en cada caso fije el director en la misma resolución, se deberá cumplir tanto la sanción cuya ejecución quedó suspendida, como la correspondiente a la nueva infracción.

ARTÍCULO 99. — En cada establecimiento se llevará un “registro de sanciones”, foliado, encuadernado y rubricado por el juez de ejecución o juez competente, en el que se anotarán, por orden cronológico, las sanciones impuestas, sus motivos, su ejecución o suspensión y el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88, dejándose constancia de todo ello en el legajo personal.

CAPITULO V Conducta y concepto

ARTÍCULO 100. — El interno será calificado de acuerdo a su conducta. Se entenderá por conducta la observancia de las normas reglamentarias que rigen el orden, la disciplina y la convivencia dentro del establecimiento.

ARTÍCULO 101. — El interno será calificado, asimismo, de acuerdo al concepto que merezca. Se entenderá por concepto la ponderación de su evolución personal de la que sea deducible su mayor o menor posibilidad de adecuada reinserción social.

ARTÍCULO 102. — La calificación de conducta y concepto será efectuada trimestralmente, notificada al interno en la forma en que reglamentariamente se disponga y formulada de conformidad con la siguiente escala:

a) Ejemplar;

b) Muy buena;

c) Buena;

d) Regular;

e) Mala;

f) Pésima.

ARTÍCULO 103. — La calificación de conducta tendrá valor y efectos para determinar la frecuencia de las visitas, la participación en actividades recreativas y otras que los reglamentos establezcan.

ARTÍCULO 104. — La calificación de concepto servirá de base para la aplicación de la progresividad del régimen, el otorgamiento de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, libertad asistida, conmutación de pena e indulto.

CAPITULO VI Recompensas

ARTÍCULO 105. — Los actos del interno que demuestren buena conducta, espíritu de trabajo, voluntad en el aprendizaje y sentido de responsabilidad en el comportamiento personal y en las actividades organizadas del establecimiento, serán estimulados mediante un sistema de recompensas reglamentariamente determinado.

CAPITULO VII Trabajo

Principios generales

ARTÍCULO 106. — El trabajo constituye un derecho y un deber del interno. Es una de las bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación.

ARTÍCULO 107. — El trabajo se regirá por los siguientes principios:

a) No se impondrá como castigo;

b) No será aflictivo, denigrante, infamante ni forzado;

c) Propenderá a la formación y al mejoramiento de los hábitos laborales;

d) Procurará la capacitación del interno para desempeñarse en la vida libre;

e) Se programará teniendo en cuenta las aptitudes y condiciones psicofísicas de los internos, las tecnologías utilizadas en el medio libre y las demandas del mercado laboral;

f) Deberá ser remunerado;

g) Se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente.

ARTÍCULO 108. — El trabajo de los internos no se organizará exclusivamente en función del rendimiento económico individual o del conjunto de la actividad, sino que tendrá como finalidad primordial la generación de hábitos laborales, la capacitación y la creatividad.

ARTÍCULO 109. — El trabajo del interno estará condicionado a su aptitud física o mental.

ARTÍCULO 110. — Sin perjuicio de su obligación a trabajar, no se coaccionará al interno a hacerlo. Su negativa injustificada será considerada falta media e incidirá desfavorablemente en el concepto.

ARTÍCULO 111. — La ejecución del trabajo remunerado no exime a ningún interno de su prestación personal para labores generales del establecimiento o comisiones que se le encomienden de acuerdo con los reglamentos. Estas actividades no serán remuneradas, salvo que fueren su única ocupación.

ARTÍCULO 112. — El trabajo del interno estará basado en criterios pedagógicos y psicotécnicos. Dentro de las posibilidades existentes el interno podrá manifestar su preferencia por el trabajo que desee realizar.

ARTÍCULO 113. — En el caso de internos que ejerciten o perfeccionen actividades artísticas o intelectuales, éstas podrán ser su única actividad laboral si fuere productiva y compatible con su tratamiento y con el régimen del establecimiento.

Formación profesional

ARTÍCULO 114. — La capacitación laboral del interno, particularmente la de los jóvenes adultos, será objeto de especial cuidado.

El régimen de aprendizaje de oficios a implementar, será concordante con las condiciones personales del interno y con sus posibles actividades futuras en el medio libre.

ARTÍCULO 115. — Se promoverá la organización de sistemas y programas de formación y reconversión laboral, las que podrán realizarse con la participación concertada de las autoridades laborales, agrupaciones sindicales, empresarias y otras entidades sociales vinculadas al trabajo y a la producción.

ARTÍCULO 116. — Los diplomas, certificados o constancias de capacitación laboral que se expidan, no deberán contener referencias de carácter penitenciario.

Organización

ARTÍCULO 117. — La organización del trabajo penitenciario, sus métodos, modalidades, jornadas de labor, horarios, medidas preventivas de higiene y seguridad, atenderán a las exigencias técnicas y a las normas establecidas en la legislación inherente al trabajo libre.

ARTÍCULO 118. — La administración velará para que las tareas laborales se coordinen con los horarios destinados a otros aspectos del tratamiento del interno.

ARTÍCULO 119. — El trabajo y la producción podrán organizarse por administración, bajo las formas de ente descentralizado, empresa mixta o privada, por cuenta propia del interno o mediante sistema cooperativo. En cualquiera de esas modalidades la administración ejercerá la supervisión de la actividad del interno en lo concerniente al tratamiento.

Un reglamento especial establecerá las normas regulatorias de los aspectos vinculados a la organización, funcionamiento, supervisión y evaluación de los entes oficiales, mixtos, privados o cooperativos.

Las utilidades materiales percibidas por la administración penitenciaria se emplearán exclusivamente en obras y servicios relacionados con el tratamiento de los internos.

Remuneración

ARTÍCULO 120. — El trabajo del interno será remunerado, salvo los casos previstos por el artículo 111. Si los bienes o servicios producidos se destinaren al Estado o a entidades de bien público, el salario del interno no será inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo vital móvil. En los demás casos o cuando la organización del trabajo esté a cargo de una empresa mixta o privada la remuneración será igual al salario de la vida libre correspondiente a la categoría profesional de que se trate.

Los salarios serán abonados en los términos establecidos en la legislación laboral vigente.

ARTÍCULO 121. — La retribución del trabajo del interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social, se distribuirá simultáneamente en la forma siguiente:

a) 10 % para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia;

b) 35 % para la prestación de alimentos, según el Código Civil;

c) 25 % para costear los gastos que causare en el establecimiento;

d) 30 % para formar un fondo propio que se le entregará a su salida.

ARTÍCULO 122. — El salario correspondiente al interno durante la semilibertad, prisión discontinua o semidetención podrá ser percibido por la administración penitenciaria o por el propio interno. En todos los casos deberá ser aplicado al cumplimiento de lo dispuesto en los incisos 1, 2 y 4 del artículo 11 del Código Penal.

ARTÍCULO 123. — Cuando no hubiere indemnización que satisfacer, la parte que correspondiere a la misma según el artículo anterior acrecerá el porcentaje destinado a la prestación de alimentos.

ARTÍCULO 124. — Si el interno no tuviere indemnización que satisfacer, ni hubiere lugar a la prestación de alimentos, los porcentajes respectivos acrecerán al fondo propio.

ARTÍCULO 125. — Si el interno tuviere que satisfacer indemnización, pero no prestación alimentaria, la parte que pudiere corresponder a ésta, acrecerá el fondo propio.

ARTÍCULO 126. — En los casos previstos en el artículo 122, la parte destinada para costear los gastos que el interno causara al establecimiento, acrecerá su fondo propio.

ARTÍCULO 127. — La administración penitenciaria podrá autorizar que se destine como fondo disponible hasta un máximo del 30 % del fondo propio mensual, siempre que el interno haya alcanzado como mínimo la calificación de conducta buena. El fondo disponible se depositará en el establecimiento a la orden del interno para adquisición de los artículos de uso y consumo personal que autoricen los reglamentos.

ARTÍCULO 128. — El fondo propio, deducida en su caso la parte disponible que autoriza el artículo anterior, constituirá un fondo de reserva, que deberá ser depositado a interés en una institución bancaria oficial, en las mejores condiciones de plaza. Este fondo, que será entregado al interno a su egreso, por agotamiento de pena, libertad condicional o asistida, será incesible e inembargable, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 129.

Los reglamentos establecerán en casos debidamente justificados y con intervención judicial, la disposición anticipada del fondo de reserva. En el supuesto de fallecimiento del interno, el fondo de reserva será transmisible a sus herederos.

ARTÍCULO 129. — De la remuneración del trabajo del interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social, podrá descontarse, en hasta un 20 % los cargos por concepto de reparación de daños intencionales o culposos causados en las cosas muebles o inmuebles del Estado o de terceros.

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

ARTÍCULO 130. — La muerte o los accidentes sufridos por internos durante o con motivo de la ejecución del trabajo, así como las enfermedades profesionales contraídas por su causa, serán indemnizables conforme la legislación vigente.

ARTÍCULO 131. — La indemnización, cualquiera fuere el monto de la efectiva remuneración percibida por el interno, se determinará sobre la base de los salarios fijados en los convenios o disposiciones vigentes, a la fecha del siniestro, para las mismas o similares actividades en el medio libre.

ARTÍCULO 132. — Durante el tiempo que dure su incapacidad, el interno accidentado o enfermo percibirá la remuneración que tenía asignada.

CAPITULO VIII Educación

ARTÍCULO 133. — Desde su ingreso se asegurará al interno el ejercicio de su derecho de aprender, adoptándose las medidas necesarias para mantener, fomentar y mejorar su educación e instrucción.

ARTÍCULO 134. — La enseñanza será preponderantemente formativa, procurando que el interno comprenda sus deberes y las normas que regulan la convivencia en sociedad.

ARTÍCULO 135. — Se impartirá enseñanza obligatoria a los internos analfabetos y a quienes no hubieren alcanzado el nivel mínimo fijado por la ley. El director del establecimiento podrá eximir de esta obligación a quienes carecieren de suficientes aptitudes intelectuales. En estos casos, los internos recibirán instrucción adecuada, utilizando métodos especiales de enseñanza.

ARTÍCULO 136. — Los planes de enseñanza corresponderán al sistema de educación pública para que el interno pueda, a su egreso, tener la posibilidad de continuar sus estudios sin inconvenientes.

ARTÍCULO 137. — La administración fomentará el interés del interno por el estudio, brindándole la posibilidad de acceder a servicios educativos en los distintos niveles del sistema.

Cuando el interno no pueda seguir los cursos en el medio libre, se le darán las máximas facilidades a través de regímenes alternativos, particularmente los sistemas abiertos y a distancia.

ARTÍCULO 138. — Las actividades educacionales podrán ser objeto de convenios con entidades públicas o privadas.

ARTÍCULO 139. — Los certificados de estudios y diplomas extendidos por la autoridad educacional competente durante la permanencia del interno en un establecimiento penitenciario, no deberán contener ninguna indicación que permita advertir esa circunstancia.

ARTÍCULO 140. — En todo establecimiento funcionará una biblioteca para los internos, adecuada a sus necesidades de instrucción, formación y recreación, debiendo estimularse su utilización.

ARTÍCULO 141. — De acuerdo al tipo de establecimiento y a la categoría de los internos alojados, se organizarán actividades recreativas y culturales, utilizando todos los medios compatibles con su régimen.

ARTÍCULO 142. — El tiempo libre deberá ser empleado para organizar programas de recreación con propósitos educativos, apropiados a las necesidades de los internos que aloje cada establecimiento. El programa recreativo comprenderá prácticas deportivas, preferentemente de equipo.

CAPITULO IX Asistencia médica

ARTÍCULO 143. — El interno tiene derecho a la salud. Deberá brindársele oportuna asistencia médica integral, no pudiendo ser interferida su accesibilidad a la consulta y a los tratamientos prescriptos.

Los estudios diagnósticos, tratamientos y medicamentos indicados, le serán suministrados sin cargo.

ARTÍCULO 144. — Al ingreso o reingreso del interno a un establecimiento, deberá ser examinado por un profesional médico. Este dejará constancia en la historia clínica de su estado clínico, así como de las lesiones o signos de malos tratos y de los síndromes etílicos o de ingesta de drogas, estupefacientes o cualquier otra sustancia tóxica susceptible de producir dependencia física o psíquica, si los presentara.

Detectadas las anomalías aludidas, el médico deberá comunicarlas inmediatamente al director del establecimiento.

ARTÍCULO 145. — La historia clínica en la que quedará registrada toda prestación médica, se completará con la incorporación de los estudios psicológico y social realizados durante el período de observación, previsto en el artículo 13 inciso a), y la actualización a que aluden el artículo 13 inciso d) y el artículo 27.

Copia de la historia clínica y de sus actuaciones integrará la historia criminológica.

ARTÍCULO 146. — Cuando el interno ingrese o reingrese al establecimiento con medicamentos en su poder o los reciba del exterior, el director conforme dictamen médico decidirá el uso que deba hacerse de ellos.

ARTÍCULO 147. — El interno podrá ser trasladado a un establecimiento penitenciario especializado de carácter asistencial médico o psiquiátrico o a un centro apropiado del medio libre, cuando la naturaleza del caso así lo aconseje.

En el segundo de los supuestos se requerirá previa autorización del juez de ejecución o juez competente, salvo razones de urgencia. En todos los casos se comunicará la novedad de inmediato al magistrado interviniente.

ARTÍCULO 148. — El interno podrá requerir, a su exclusivo cargo, la atención de profesionales privados.

La autoridad penitenciaria dará curso al pedido, excepto que razones debidamente fundadas aconsejen limitar este derecho.

Toda divergencia será resuelta por el juez de ejecución o juez competente.

ARTÍCULO 149. — Si el tratamiento del interno prescribiere la realización de operaciones de cirugía mayor o cualquiera otra intervención quirúrgica o médica que implicaren grave riesgo para la vida o fueren susceptibles de disminuir permanentemente sus condiciones orgánicas o funcionales, deberá mediar su consentimiento o el de su representante legal y la autorización del juez de ejecución o juez competente, previo informe de peritos.

En caso de extrema urgencia, bastará el informe médico, sin perjuicio de la inmediata comunicación al juez de ejecución o juez competente.

ARTÍCULO 150. — Está expresamente prohibido someter a los internos a investigaciones o tratamientos médicos o científicos de carácter experimental. Sólo se permitirán mediando solicitud del interno, en enfermedades incurables y siempre que las investigaciones o tratamientos experimentales sean avalados por la autoridad sanitaria correspondiente y se orienten a lograr una mejora en su estado de salud.

ARTÍCULO 151. — Si el interno se negare a ingerir alimentos, se intensificarán los cuidados y controles médicos. Se informará de inmediato al juez de ejecución o juez competente solicitando, en el mismo acto, su autorización para proceder a la alimentación forzada, cuando, a criterio médico, existiere grave riesgo para la salud del interno.

ARTÍCULO 152. — Los tratamientos psiquiátricos que impliquen suspensión de la conciencia o pérdida de la autonomía psíquica, aunque fueran transitorias, sólo podrán ser realizados en establecimientos especializados.

CAPITULO X Asistencia espiritual

ARTÍCULO 153. — El interno tiene derecho a que se respete y garantice su libertad de conciencia y de religión, se facilite la atención espiritual que requiera y el oportuno contacto personal y por otros medios autorizados con un representante del credo que profese, reconocido e inscrito en el Registro Nacional de Cultos. Ninguna sanción disciplinaria podrá suspender el ejercicio de este derecho.

ARTÍCULO 154. — El interno será autorizado, en la medida de lo posible, a satisfacer las exigencias de su vida religiosa, participando de ceremonias litúrgicas y a tener consigo objetos, libros de piedad, de moral e instrucción de su credo, para su uso personal.

ARTÍCULO 155. — En cada establecimiento se habilitará un local adecuado para celebraciones litúrgicas, reuniones y otros actos religiosos de los diversos cultos reconocidos.

ARTÍCULO 156. — En todo establecimiento penitenciario se celebrará el culto católico, en forma adecuada a las posibilidades edilicias de que disponga. La concurrencia a estos actos será absolutamente voluntaria.

ARTÍCULO 157. — Los capellanes de los establecimientos tendrán a su cargo la instrucción religiosa y moral y la orientación espiritual de los internos, incluso de los no católicos que la aceptaren.

CAPITULO XI Relaciones familiares y sociales

ARTÍCULO 158. — El interno tiene derecho a comunicarse periódicamente, en forma oral o escrita, con su familia, amigos, allegados, curadores y abogados, así como con representantes de organismos oficiales e instituciones privadas con personería jurídica que se interesen por su reinserción social.

En todos los casos se respetará la privacidad de esas comunicaciones, sin otras restricciones que las dispuestas por juez competente.

ARTÍCULO 159. — Los internos de nacionalidad extranjera, gozarán de facilidades para comunicarse con sus representantes diplomáticos y consulares acreditados.

Los internos nacionales de Estados sin representación diplomática o consular en el país, los refugiados y los apátridas, tendrán las mismas posibilidades para dirigirse al representante diplomático del Estado encargado de sus intereses en el país o a cualquier autoridad nacional o internacional que tenga la misión de protegerlos.

ARTÍCULO 160. — Las visitas y la correspondencia que reciba o remita el interno y las comunicaciones telefónicas, se ajustarán a las condiciones, oportunidad y supervisión que determinen los reglamentos, los que no podrán desvirtuar lo establecido en los artículos 158 y 159.

ARTÍCULO 161. — Las comunicaciones orales o escritas previstas en el artículo 160, sólo podrán ser suspendidas o restringidas transitoriamente, por resolución fundada del director del establecimiento, quien de inmediato, lo comunicará al juez de ejecución o juez competente. El interno será notificado de la suspensión o restricción transitoria de su derecho.

ARTÍCULO 162. — El visitante deberá respetar las normas reglamentarias vigentes en la institución, las indicaciones del personal y abstenerse de introducir o intentar ingresar elemento alguno que no haya sido permitido y expresamente autorizado por el director. Si faltaren a esta prescripción o se comprobare connivencia culpable con el interno, o no guardare la debida compostura, su ingreso al establecimiento será suspendido, temporal o definitivamente, por resolución del director, la que podrá recurrirse ante el juez de ejecución o el juez competente.

ARTÍCULO 163. — El visitante y sus pertenencias, por razones de seguridad, serán registrados. El registro, dentro del respeto a la dignidad de la persona humana, será realizado o dirigido, según el procedimiento previsto en los reglamentos por personal del mismo sexo del visitante. El registro manual, en la medida de lo posible, será sustituido por sensores no intensivos u otras técnicas no táctiles apropiadas y eficaces.

ARTÍCULO 164. — El interno tiene el derecho a estar informado de los sucesos de la vida nacional e internacional, por los medios de comunicación social, publicaciones o emisiones especiales permitidas.

ARTÍCULO 165. — La enfermedad o accidentes graves o el fallecimiento del interno, será comunicado inmediatamente a su familia, allegados o persona indicada previamente por aquél, al representante de su credo religioso y al juez de ejecución o juez competente.

ARTÍCULO 166. — El interno será autorizado, en caso de enfermedad o accidente grave o fallecimiento de familiares o allegados con derecho a visita o correspondencia, para cumplir con sus deberes morales, excepto cuando se tuviesen serios y fundamentados motivos para resolver lo contrario.

ARTÍCULO 167. — Los internos que no gocen de permiso de salida para afianzar y mejorar los lazos familiares podrán recibir la visita íntima de su cónyuge o, a falta de éste, de la persona con quien mantiene vida marital permanente, en la forma y modo que determinen los reglamentos.

CAPITULO XII Asistencia social

ARTÍCULO 168. — Las relaciones del interno con su familia, en tanto fueren convenientes para ambos y compatibles con su tratamiento, deberán ser facilitadas y estimuladas. Asimismo se lo alentará para que continúe o establezca vínculos útiles con personas u organismos oficiales o privados con personería jurídica, que puedan favorecer sus posibilidades de resinserción social.

ARTÍCULO 169. — Al interno se le prestará asistencia moral y material y, en la medida de lo posible, amparo a su familia. Esta asistencia estará a cargo de órganos o personal especializado, cuya actuación podrá ser concurrente con la que realicen otros organismos estatales y personas o entidades privadas con personería jurídica.

ARTÍCULO 170. — En defecto de persona allegada al interno designada como curador o susceptible de serlo, se proveerá a su representación jurídica, en orden a la curatela prevista en el artículo 12 del Código Penal.

ARTÍCULO 171. — En modo particular se velará por la regularización de los documentos personales del interno. A su ingreso se le requerirá información sobre los mismos. La documentación que traiga consigo, se le restituya o se le obtenga, se depositará en el establecimiento, para serle entregada bajo constancia, a su egreso.

CAPITULO XIII Asistencia post penitenciaria

ARTÍCULO 172. — Los egresados y liberados gozarán de protección y asistencia social, moral y material pospenitenciaria a cargo de un patronato de liberados o de una institución de asistencia pospenitenciaria con fines específicos y personería jurídica, procurando que no sufra menoscabo su dignidad, ni se ponga de manifiesto su condición. Se atenderá a su ubicación social y a su alojamiento, a la obtención de trabajo, a la provisión de vestimenta adecuada y de recursos suficientes, si no los tuviere, para solventar la crisis del egreso y de pasaje para trasladarse al lugar de la República donde fije su residencia.

ARTÍCULO 173. — Las gestiones conducentes al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172, se iniciarán con la debida antelación, para que en el momento de egresar, el interno encuentre facilitada la solución de los problemas que puedan ser causa de desorientación, desubicación o desamparo. A tales efectos se le conectará con el organismo encargado de su supervisión en el caso de libertad condicional o asistida y de prestarle asistencia y protección en todas las demás formas de egreso.

CAPITULO XIV Patronatos de liberados

ARTÍCULO 174. — Los patronatos de liberados concurrirán a prestar la asistencia a que se refieren los artículos 168 a 170, la asistencia pospenitenciaria de los egresados, las acciones previstas en el artículo 184, la función que establecen los artículos 13 y 53 del Código Penal y las leyes 24.316 y 24.390.

ARTÍCULO 175. — Los patronatos de liberados podrán ser organismos oficiales o asociaciones privadas con personería jurídica. Estas últimas recibirán un subsidio del Estado, cuya inversión será controlada por la autoridad competente.

CAPITULO XV Establecimientos de ejecución de la pena

ARTÍCULO 176. — La aplicación de esta ley requiere que cada jurisdicción del país, en la medida necesaria y organizados separadamente para hombres y mujeres, posea los siguientes tipos de establecimientos:

a) Cárceles o alcaidías para procesados;

b) Centros de observación para el estudio criminológico del condenado y planificación de su tratamiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 13;

c) Instituciones diferenciadas por su régimen para la ejecución de la pena;

d) Establecimientos especiales de carácter asistencial médico y psiquiátrico;

e) Centros para la atención y supervisión de los condenados que se encuentren en tratamiento en el medio libre y otros afines.

ARTÍCULO 177. — Cada establecimiento de ejecución tendrá su propio reglamento interno, basado en esta ley, en su destino específico y en las necesidades del tratamiento individualizado que deban recibir los alojados. Contemplará una racional distribución del tiempo diario que garantice la coordinación de los medios de tratamiento que en cada caso deban utilizarse, en particular la enseñanza en los niveles obligatorios, la atención de las necesidades físicas y espirituales y las actividades laborales, familiares, sociales, culturales y recreativas de los internos, asegurando ocho horas para el reposo nocturno y un día de descanso semanal.

ARTÍCULO 178. — Las cárceles o alcaidías tienen por objeto retener y custodiar a las personas sometidas a proceso penal. Su régimen posibilitará que el interno pueda ejercer su derecho al trabajo y afrontar la responsabilidad de asistir a su grupo familiar dependiente e incluirá programas y actividades que permitan evitar o reducir, al mínimo posible, la desocialización que pueda generar la privación de libertad.

ARTÍCULO 179. — Los establecimientos destinados a procesados no podrán alojar condenados.

ARTÍCULO 180. — En las cárceles y establecimientos de ejecución de la pena no se podrá recibir, bajo ningún concepto, persona alguna, que no sea acompañada de una orden de detención expresa extendida por juez competente.

ARTÍCULO 181. — Para la realización de las tareas técnico-criminológicas que dispone el artículo 13, según las circunstancias locales, se deberá disponer de:

a) Una institución destinada a esa exclusiva finalidad;

b) Una sección separada e independiente en la cárcel o alcaidía de procesados;

c) Una sección apropiada e independiente en una institución de ejecución de la pena.

ARTÍCULO 182. — Según lo requiera el volumen y la composición de la población penal y las necesidades del tratamiento individualizado de los internos, deberá contarse con instituciones abiertas, semiabiertas y cerradas.

ARTÍCULO 183. — Los establecimientos de carácter asistencial especializados podrán ser:

a) Centros hospitalarios diversificados cuando sea necesario y posible;

b) Institutos psiquiátricos.

La dirección de estos centros asistenciales sólo podrá ser ejercida por personal médico debidamente calificado y especializado.

ARTÍCULO 184. — Los centros de reinserción social deben ser instituciones basadas en el principio de la autodisciplina destinados a la recepción de condenados que se encuentren en semilibertad, prisión discontinua y semi detención. Serán dirigidos por profesionales universitarios con versación criminológica y, cuando las circunstancias lo posibiliten, podrán estar a cargo de un patronato de liberados y, de no existir aquél, de un servicio social calificado.

ARTÍCULO 185. — Los establecimientos destinados a la ejecución de las penas privativas de libertad, atendiendo a su destino específico, deberán contar, como mínimo, con los medios siguientes:

a) Personal idóneo, en particular el que se encuentra en contacto cotidiano con los internos, que deberá ejercer una actividad predominantemente educativa;

b) Un organismo técnico-criminológico del que forme parte un equipo multidisciplinario constituido por un psiquiatra, un psicólogo y un asistente social y en lo posible, entre otros, por un educador y un abogado, todos ellos con especialización en criminología y en disciplinas afines;

c) Servicio médico y odontológico acorde con la ubicación, tipo del establecimiento y necesidades;

d) Programas de trabajo que aseguren la plena ocupación de los internos aptos;

e) Biblioteca y escuela a cargo de personal docente con título habilitante, con las secciones indispensables para la enseñanza de los internos que estén obligados a concurrir a ella;

f) Capellán nombrado por el Estado o adscripto honorariamente al establecimiento;

g) Consejo correccional, cuyos integrantes representen los aspectos esenciales del tratamiento;

h) Instalaciones para programas recreativos y deportivos;

i) Locales y medios adecuados para alojar a los internos que presenten episodios psiquiátricos agudos o cuadros psicopáticos con graves alteraciones de la conducta;

j) Secciones separadas e independientes para el alojamiento y tratamiento de internos drogadependientes;

k) Instalaciones apropiadas para las diversas clases de visitas autorizadas.

ARTÍCULO 186. — En las instituciones de ejecución no se alojarán internos comprendidos en el artículo 25 del Código Penal mientras subsista el cuadro psiquiátrico y a quienes padezcan enfermedad mental crónica.

Con intervención del juez de ejecución o juez competente, serán trasladados para su atención a servicios especiales de carácter psiquiátrico o servicios u hospitales psiquiátricos de la comunidad.

ARTÍCULO 187. — Los internos que padezcan enfermedades infectocontagiosas u otras patologías similares, de tal gravedad que impidan su tratamiento en el establecimiento donde se encuentren, serán trasladados a servicios especializados de carácter médico asistencial o a servicios u hospitales de la comunidad.

ARTÍCULO 188. — En los programas de tratamiento de todas las instituciones y con particular énfasis en las abiertas y semiabiertas, se deberá suscitar y utilizar en la mayor medida posible los recursos de la comunidad local, cuando resulten provechosos para el futuro de los internos y compatibles con el régimen de la pena.

ARTÍCULO 189. — En los establecimientos de ejecución no podrán alojarse procesados, con excepción de aquellos recibidos en virtud de sentencia definitiva y que tengan otra causa pendiente o posterior a su ingreso.

Establecimientos para mujeres

ARTÍCULO 190. — Las internas estarán a cargo exclusivamente de personal femenino. Sólo por excepción podrán desempeñarse varones en estos establecimientos en tareas específicas.

La dirección siempre estará a cargo de personal femenino debidamente calificado.

ARTÍCULO 191. — Ningún funcionario penitenciario del sexo masculino ingresará en dependencias de un establecimiento o sección para mujeres sin ser acompañado por un miembro del personal femenino.

ARTÍCULO 192. — En los establecimientos para mujeres deben existir dependencias especiales para la atención de las internas embarazadas y de las que han dado a luz. Se adoptarán las medidas necesarias para que el parto se lleve a cabo en un servicio de maternidad.

ARTÍCULO 193. — La interna embarazada quedará eximida de la obligación de trabajar y de toda otra modalidad de tratamiento incompatible con su estado, cuarenta y cinco días antes y después del parto. Con posterioridad a dicho período, su tratamiento no interferirá con el cuidado que deba dispensar a su hijo.

ARTÍCULO 194. — No podrá ejecutarse ninguna corrección disciplinaria que, a juicio médico, pueda afectar al hijo en gestación o lactante. La corrección disciplinaria será formalmente aplicada por la directora y quedará sólo como antecedente del comportamiento de la interna.

ARTÍCULO 195. — La interna podrá retener consigo a sus hijos menores de cuatro años. Cuando se encuentre justificado, se organizará un jardín maternal a cargo de personal calificado.

ARTÍCULO 196. — Al cumplirse la edad fijada en el artículo anterior, si el progenitor no estuviere en condiciones de hacerse cargo del hijo, la administración penitenciaria dará intervención a la autoridad judicial o administrativa que corresponda.

Jóvenes adultos

ARTÍCULO 197. — Los jóvenes adultos de dieciocho a veintiún años deberán ser alojados en instituciones especiales o en secciones separadas o independientes de los establecimientos para adultos. En su tratamiento se pondrá particular empeño en la enseñanza obligatoria, en la capacitación profesional y en el mantenimiento de los vínculos familiares.

ARTÍCULO 198. — Excepcionalmente y mediando los informes favorables del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento, quienes hayan cumplido veintiún años podrán permanecer en instituciones o secciones especiales para jóvenes adultos hasta cumplir veinticinco años. Luego serán trasladados a un establecimiento para adultos.

Privatización parcial de servicios

ARTÍCULO 199. — Cuando medien fundadas razones que justifiquen la medida, el Estado podrá disponer la privatización de servicios de los establecimientos carcelarios y de ejecución de la pena, con excepción de las funciones directivas, el registro y documentación judicial del interno, el tratamiento y lo directamente referido a la custodia y la seguridad de procesados o condenados.

CAPITULO XVI Personal

Personal Institucional

ARTÍCULO 200. — El personal de las cárceles y establecimientos de ejecución debe ser cuidadosamente seleccionado, capacitado y especializado, teniendo en cuenta la importancia de la misión social que debe cumplir.

ARTÍCULO 201. — La ley y los reglamentos determinarán un adecuado régimen de selección, incorporación, retribuciones, estabilidad, asignación de funciones, ascensos, retiros y pensiones, teniendo en cuenta el riesgo, las exigencias éticas, intelectuales y físicas y la dedicación que su misión social requiere.

El contenido de esas normas legales y reglamentarias deberá considerar las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre Tratamiento de los Reclusos, las Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la Selección y Formación del Personal Penitenciario adoptadas en Ginebra, 1955 y la Resolución 21 A del Octavo Congreso de las Naciones Unidas, celebrado en La Habana en 1990.

ARTÍCULO 202. — La conducción de los servicios penitenciarios o correccionales y la jefatura de sus principales áreas así como la dirección de los establecimientos deberán estar a cargo de personal penitenciario con título universitario de carrera afín a la función.

ARTÍCULO 203. — Las funciones comprendidas en el artículo anterior se cubrirán por concurso interno. Entre los requisitos se exigirá, además, experiencia y capacitación administrativa, un adecuado perfil para el cargo y otras condiciones que fijen los reglamentos.

Cuando por dos veces consecutivas un concurso interno se declarase desierto, se llamará a concurso abierto de antecedentes y oposición.

ARTÍCULO 204. — En cada jurisdicción del país se organizará o facilitará la formación del personal, según los diversos roles que deba cumplir, así como su permanente actualización y perfeccionamiento profesional.

ARTÍCULO 205. — Los planes y programas de enseñanza en los cursos de formación, actualización y perfeccionamiento, con contenido predominantemente criminológico, deberán incluir el estudio de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y el Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobado por Resolución 34/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 17 de diciembre de 1979.

Personal no institucional

ARTÍCULO 206. — El personal de organismos oficiales y de instituciones privadas con personería jurídica, encargado de la aplicación de las diversas modalidades de ejecución de la pena privativa de la libertad y de las no institucionales, será seleccionado y capacitado teniendo en consideración las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre Medidas no Privativas de Libertad, Reglas de Tokio 15-19.

Personal de servicios privatizados

ARTÍCULO 207. — Para cumplir tareas en las cárceles o establecimientos de ejecución, las personas presentadas por el contratista de servicios privatizados deberán contar con una habilitación individual previa. Esta será concedida luego de un examen médico, psicológico y social que demuestre su aptitud para desempeñarse en ese medio.

CAPITULO XVII Contralor judicial y administrativo de la ejecución

ARTÍCULO 208. — El juez de ejecución o juez competente verificará, por lo menos semestralmente, si el tratamiento de los condenados y la organización de los establecimientos de ejecución se ajusta a las prescripciones de esta ley y de los reglamentos que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo. Las observaciones y recomendaciones que resulten de esas inspecciones serán comunicadas al ministerio competente.

ARTÍCULO 209. — El Poder Ejecutivo dispondrá que inspectores calificados por su formación y experiencia, designados por una autoridad superior a la administración penitenciaria efectúen verificaciones, por lo menos, semestrales con los mismos propósitos que los establecidos en el artículo 208.

CAPITULO XVIII Integración del sistema penitenciario nacional

ARTÍCULO 210. — A los efectos del artículo 18 del Código Penal, se considerará que las provincias no disponen de establecimientos adecuados cuando los que tuvieren no se encontraren en las condiciones requeridas para hacer efectivas las normas contenidas en esta ley.

ARTÍCULO 211. — El Poder Ejecutivo nacional queda autorizado a convenir con las provincias la creación de los establecimientos penitenciarios regionales que sean necesarios para dar unidad al régimen de ejecución penal que dispone esta ley.

ARTÍCULO 212. — La Nación y las provincias y éstas entre sí, podrán concertar acuerdos destinados a recibir o transferir condenados de sus respectivas jurisdicciones, a penas superiores o menores de cinco años, cuando resultare conveniente para asegurar una mejor individualización de la pena y una efectiva integración del sistema penitenciario de la República.

ARTÍCULO 213. — La transferencia de internos a que se refiere el artículo 212 será a título oneroso a cargo del Estado peticionante.

ARTÍCULO 214. — El gobierno nacional cuando no disponga de servicios propios, convendrá con los gobiernos provinciales, por intermedio del Ministerio de Justicia, el alojamiento de los procesados a disposición de los juzgados federales en cárceles provinciales.

Dictada sentencia definitiva y notificada, el tribunal federal, dentro de los ocho días hábiles, la comunicará al Ministerio de Justicia con remisión del testimonio de sentencia en todas sus instancias, cómputo de la pena y fecha en que el condenado podrá solicitar su libertad condicional o libertad asistida a fin de que adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de la pena en una institución federal.

ARTÍCULO 215. — El condenado con sentencia firme trasladado a otra jurisdicción por tener causa pendiente será sometido al régimen de penados. En este caso las direcciones de los establecimientos intercambiarán documentación legal, criminológica y penitenciaria.

ARTÍCULO 216. — El Ministerio de Justicia, por intermedio de la Secretaría de Política Penitenciaria y de Readaptación Social, organizará anualmente una reunión de los ministros de todo el país con competencia en la problemática carcelaria y penitenciaria. Estas reuniones tendrán por objeto evaluar todos los aspectos vinculados a la aplicación de esta ley. Podrán ser invitados representantes de instituciones oficiales y privadas que participen en la ejecución de la condenación condicional, libertad condicional, libertad asistida, semilibertad, prisión discontinua, semidetención y trabajo para la comunidad o brinden asistencia pospenitenciaria.

ARTÍCULO 217. — El Ministerio de Justicia, por intermedio de la Secretaría de Política Penitenciaria y de Readaptación Social, organizará y dirigirá la compilación de la estadística nacional relativa a la aplicación de todas las sanciones previstas en el Código Penal.

A tal fin convendrá con los gobiernos provinciales el envío regular de la información.

ARTÍCULO 218. — El Ministerio de Justicia, por intermedio de la Secretaría de Política Penitenciaria y de Readaptación Social, organizará un centro de información sobre los organismos estatales o instituciones privadas de todo el país vinculados a la reinserción social de los internos o al tratamiento en el medio libre.

Los patronatos de liberados y los institutos oficiales y privados deberán suministrar la información que a tales efectos se les requiera.

ARTÍCULO 219. — Las provincias podrán enviar a su personal para que participe en los cursos de formación, actualización y perfeccionamiento que se realicen en el orden nacional.

CAPITULO XIX Disposiciones complementarias

Suspensión de inhabilitaciones

ARTÍCULO 220. — Las inhabilitaciones del artículo 12 del Código Penal quedarán suspendidas cuando el condenado se reintegrare a la vida libre mediante la libertad condicional o la libertad asistida. Transferencia internacional de la ejecución.

ARTÍCULO 221. — De acuerdo a lo previsto en los convenios y tratados internacionales:

a) Los extranjeros condenados por los tribunales de la República podrán cumplir la pena impuesta en su país de origen;

b) Los argentinos condenados en el extranjero podrán cumplir su pena en nuestro país.

Restricción documentaria

ARTÍCULO 222. — En las actas de nacimiento, matrimonio y defunción ocurridos en un establecimiento de los previstos en esta ley no se dejará constancia alguna que permita individualizar tal circunstancia.

Suspensión de derechos

ARTÍCULO 223. — En supuestos de graves alteraciones del orden en un establecimiento carcelario o de ejecución de la pena, el ministro con competencia en materia penitenciaria podrá disponer, por resolución fundada, la suspensión temporal y parcial de los derechos reconocidos a los internos en esta ley y en los reglamentos dictados en su consecuencia. Esta suspensión no podrá extenderse más allá del tiempo imprescindible para restablecer el orden alterado.

La resolución deberá ser comunicada, inmediata y fehacientemente al juez de ejecución o juez competente.

CAPITULO XX Disposiciones transitorias

ARTÍCULO 224. — Hasta tanto no se cuente con los centros de reinserción social a que se refiere el artículo 184, el condenado podrá permanecer en un sector separado e independiente de un establecimiento penitenciario, sin contacto alguno con otros alojados que no se encuentren incorporados a semilibertad, prisión discontinua o semidetención.

ARTÍCULO 225. — Las disposiciones de los artículos 202 y 203 comenzará a regir a partir de los diez años de la entrada en vigencia de esta ley.

La administración penitenciaria brindará el apoyo necesario para que el personal actualmente en servicio pueda reunir el requisito del título universitario en el plazo previsto en el apartado anterior, a cuyo efecto podrá celebrar convenios con universidades oficiales o privadas.

ARTÍCULO 226. — Dentro de los ciento ochenta días de la vigencia de esta ley el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia, procederá a revisar los convenios existentes con las provincias a fin de que puedan asumir las funciones que constitucionalmente le pertenecen respecto a los procesados y condenados por sus tribunales.

ARTÍCULO 227. — El Ministerio de Justicia convocará dentro de los noventa días de la vigencia de esta ley a la Primera Reunión de Ministros a que se refiere el artículo 216 con la finalidad de examinar los problemas que pueda suscitar su cumplimiento.

CAPITULO XXI Disposiciones finales

ARTÍCULO 228. — La Nación y las provincias procederán, dentro del plazo de un año a partir de la vigencia de esta ley, a revisar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias existentes, a efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente.

ARTÍCULO 229. — Esta ley es complementaria del Código Penal.

ARTÍCULO 230. — Derógase el decreto ley 412/58 ratificado por ley 14.467.

ARTÍCULO 231. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. — ALBERTO R. PIERRI. — CARLOS F. RUCKAUF. — Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. — Edgardo Piuzzi.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.

B.O.: 17/10/12

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de LEY:

CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

TITULO I: DE LA EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD

CAPITULO I: Principios que rigen la pena privativa de la libertad

Artículo 1º – Establécese el régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad para la Provincia de Mendoza, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 228 de la Ley Nacional 24.660 y en un todo de conformidad a la legislación nacional, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.

La asistencia y tratamiento de los condenados a penas privativas de la libertad u otras medidas de seguridad dispuestas por el juez de ejecución, la actividad y orientación post penitenciaria y la asistencia de los procesados, se regirán por las disposiciones del presente Código.

Artículo 2º – La ejecución de la pena privativa de la libertad, en todas sus modalidades se encuentra dirigida al fortalecimiento de la dignidad humana y el estímulo de actitudes solidarias, a partir de la satisfacción de sus necesidades y del desarrollo de sus potencialidades individuales y tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, como así también comprenda la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. Que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto.

Artículo 3º – El régimen penitenciario, a través del sistema penitenciario, deberá utilizar de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada en el artículo anterior.

Artículo 4º – El condenado podrá ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por la ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten y cumplirá con todos los deberes que su situación le permita y con todas las obligaciones que su condición legalmente le impone.

Artículo 5º – La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, estará sometida al permanente control judicial. El juez de ejecución garantizará el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos de los condenados no afectados por la condena o por la ley.

Artículo 6º – Será de competencia judicial durante la ejecución de la pena:

a) Resolver las cuestiones que se susciten cuando se considere vulnerado alguno de los derechos del condenado.

b) Autorizar todo egreso del condenado del ámbito de la administración penitenciaria.

c) Toda otra establecida por este Código y por la Ley730, Título II, artículos 511 a 532, Código Procesal Penal de la Provincia.

Artículo 7 – El tratamiento del condenado deberá ser programado e individualizado y obligatorio respecto de las normas que regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo.

Toda otra actividad que lo integre tendrá carácter voluntario.

En ambos casos deberá atenderse a las condiciones personales, intereses y necesidades para el momento del egreso, dentro de las posibilidades de la administración penitenciaria. Toda conducta del condenado deberá ser registrada e informada para su evaluación penitenciaria y de control social.

Artículo 8 – El objetivo de la ley es lograr la adecuada inserción social de los procesados y condenados a través de la asistencia, tratamiento y control y la protección de la sociedad frente al crimen.

El régimen penitenciario se basará en la progresividad, procurando al fortalecimiento de la dignidad humana y el estímulo de actitudes solidarias inherentes a su condición de ser social, a partir de la satisfacción de sus necesidades y del desarrollo de sus potencialidades individuales. La progresividad del régimen penitenciario consiste en un proceso gradual que posibilite al interno, por su propio esfuerzo, avanzar paulatinamente hacia la recuperación de su libertad, sin otros condicionamientos predeterminados que los legal y reglamentariamente establecidos. Se basará en un programa de tratamiento interdisciplinario individualizado.

El tratamiento interdisciplinario individualizado deberá atender a las condiciones personales y a los intereses y necesidades del condenado durante su internación y muy especialmente para el momento de su egreso.

Las acciones a adoptar para su desarrollo deberán estar dirigidas a lograr el interés, la comprensión y la activa participación del interno. La ausencia de ello será un obstáculo para el progreso en el cumplimiento de la pena y los beneficios que esta ley acuerda.

Artículo 9 – Las decisiones operativas para el desarrollo de la progresividad del régimen penitenciario, reunidos todos los requisitos legales y reglamentarios pertinentes, serán tomadas por:

I. El responsable del Organismo

Técnico Criminológico del establecimiento, en lo concerniente al Período de Observación; planificación del tratamiento, su verificación y su actualización;

II. El Director del establecimiento en el avance del interno en la progresividad o su eventual retroceso, en los períodos de tratamiento y de prueba;

III. El Juez de Ejecución en los siguientes casos:

a) Cuando proceda el traslado del interno a un establecimiento de otra jurisdicción;

b) Cuando el interno se encontrare en el período de prueba y deba resolverse la incorporación, suspensión o revocación de:

1) Salidas Transitorias;

2) Régimen de Semilibertad;

3) Cuando corresponda la incorporación al Período de Libertad Condicional;

4) Toda otra que surja de las disposiciones de este Código conferidas a la autoridad judicial.

La conducción, desarrollo y supervisión de las actividades que conforman el régimen penitenciario serán de competencia y responsabilidad administrativa, en tanto no estén específicamente asignadas a la autoridad judicial.

Artículo 10 – Las normas de ejecución serán aplicadas sin establecer discriminación o distingo alguno en razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social o cualquier otra circunstancia. Las únicas diferencias obedecerán al tratamiento individualizado, a la evolución del régimen progresivo y a las disposiciones de la ley.

La ejecución de la pena estará exenta de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Quien ordene, realice o tolere tales excesos se hará pasible de las sanciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio de otras que le pudieren corresponder.

Artículo 11 – Los procesados y condenados gozarán de los siguientes derechos:

1) Atención y tratamiento integral para la salud;

2) Convivencia en un medio que satisfaga condiciones de salubridad e higiene;

3) Vestimenta apropiada que no deberá ser en modo alguno degradante o humillante;

4) Alimentación que sea suficiente para el mantenimiento de la salud;

5) Comunicación con el exterior a través de:

a) Visitas periódicas que aseguren el contacto personal y directo con familiares, representantes legales y con otras personas, especialmente con sus padres, hijos, y con sus respectivas parejas, en la forma que establezca la reglamentación. Envío y recepción de correspondencia y comunicaciones telefónicas a su costa. Visitas íntimas en la forma y modo que determinen los reglamentos;

b) Lectura de diarios, revistas, libros y otros medios de información social permitidos. Las condiciones en que los procesados y condenados podrán participar en emisiones radiales, televisivas, conferencias y otros medios, deberán ser previamente establecidas por el Servicio Penitenciario y su participación expresamente autorizada por el juez de ejecución.

6) Educación, trabajo, descanso y goce de tiempo libre;

7) Ejercicio libre de culto religioso;

8) Ilustración sobre las reglas disciplinarias dentro del régimen en el que se los ha incluido, para lo cual se les deberá informar amplia y personalmente, entregándoseles una cartilla explicativa al momento de su ingreso a cada modalidad. Si la persona fuere analfabeta, se le proporcionará dicha información verbalmente;

9) Asesoramiento legal sobre cualquier procedimiento que resulte de la aplicación de la presente y que los involucre;

10) Peticionar, ante las autoridades del establecimiento, en debida forma;

11) Tendrá derecho, además, a conservar sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, a excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley y la sentencia de condena.

Artículo 12 – Este Código es aplicable a los procesados a condición de que sus normas no contradigan el principio de inocencia y resulten más favorables y útiles para resguardar su personalidad.

Las cuestiones que pudieran suscitarse serán resueltas por el juez de ejecución.

El régimen de los procesados estará caracterizado por la asistencia, la que se brindará mediante la implementación de programas específicos. No obstante, los procesados podrán ser incluidos voluntariamente en las áreas de asistencia y tratamiento previstas para los condenados, conforme lo determine la reglamentación.

CAPITULO II: MODALIDADES DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD

Sección Primera: Periodos de la ejecución de la Pena. Disposiciones Generales.

Artículo 13 – El régimen penitenciario aplicable al condenado, cualquiera fuere la pena impuesta, se caracterizará por su progresividad y constará de:

a) Período de observación;

b) Período de tratamiento;

c) Período de prueba;

d) Período de libertad condicional.

Sección Segunda: Período de observación.

Artículo 14 – El Período de Observación consiste en el estudio médico-psicológico-social del interno y en la formulación del diagnóstico y pronóstico criminológicos. Comenzará con la recepción del testimonio de sentencia en el Organismo Técnico Criminológico, no pudiendo exceder los noventa (90) días. Recabando la cooperación del interno, el equipo interdisciplinario confeccionará la Historia Criminológica.

Durante el período de observación el organismo técnicocriminológico tendrá a su cargo:

a) Realizar el estudio médico, psicológico y social del condenado, formulando el diagnóstico y el pronóstico criminológico, todo ello se asentará en una historia criminológica debidamente foliada y rubricada que se mantendrá permanentemente actualizada con la información resultante de la ejecución de la pena y del tratamiento instaurado;

b) Recabar la cooperación del condenado para proyectar y desarrollar su tratamiento. A los fines de lograr su aceptación y activa participación, se escucharán sus inquietudes;

c) Indicar el establecimiento, sección o grupo al que debe ser destinado;

d) Proceder a la extracción de ácido desoxirribenucleico (ADN) no codificante para su identificación e incorporación en el Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas de la Provincia, en oportunidad de la realización de los estudios médicos de ingreso y admisión, conforme la reglamentación aplicable.

e) Determinar el tiempo mínimo para verificar los resultados del tratamiento y proceder a su actualización, si fuere menester.

Artículo 15 – A los efectos de dar cumplimiento a los apartados a, b, c, y d, del artículo anterior se procederá de la siguiente manera:

1) Todo condenado será trasladado a un centro de observación en un término de cuarenta y ocho (48) horas de notificada la sentencia firme en la unidad penal.

2) La unidad de servicio judicial del establecimiento penitenciario que se trate, iniciará un expediente adjuntando copia de la sentencia, planilla de concepto, conducta, informe de antecedentes judiciales, de evolución en el régimen y en el tratamiento, si los hubiera y el estudio médico correspondiente.

3) Dicho expediente completo y así confeccionado será remitido al organismo técnico criminológico a fin de dar cumplimiento a la totalidad de las previsiones previstas para dicho periodo.

4) El informe del organismo técnico criminológico deberá indicar específicamente los factores que inciden en la producción de la conducta criminal y las modificaciones a lograr en la personalidad del interno para dar cumplimiento al tratamiento penitenciario.

5) Cumplimentados los incisos anteriores el expediente será remitido a la dirección del penal quien lo derivará a la unidad de tratamiento la que, conforme las indicaciones emanadas por el organismo técnico criminológico y previa evaluación de la necesidad de intervención de cada unidad del establecimiento, hará las derivaciones correspondientes.

En todos los casos los responsables de las unidades que hayan sido indicados para la realización del tratamiento penitenciario, deberán emitir un informe pormenorizado acerca de la evolución del interno. Dicho informe será elaborado cada noventa (90) días y elevado al Consejo Correccional, debiendo ser archivado en el mismo para su consulta. Cuando el interno, por un ingreso anterior como condenado en el Servicio Penitenciario Provincial, ya tuviere Historia Criminológica, ésta deberá ser remitida de inmediato al Organismo Técnico Criminológico del establecimiento en que aquél se encuentre alojado durante el Período de Observación, para su incorporación como antecedente de los estudios interdisciplinarios a realizarse.

Sección Tercera: Período de tratamiento

Artículo 16 – En la medida que lo permita la mayor o menor especialidad del establecimiento penitenciario, el período de tratamiento podrá ser fraccionado en fases que importen para el condenado una paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la pena. Estas fases podrán incluir el cambio de sección o grupo dentro del establecimiento o su traslado a otro.

El período de tratamiento será progresivo y entrañará un acrecentamiento de la confianza depositada en el interno y la atribución de responsabilidades.

Artículo 17 – El periodo de tratamiento se desarrollará en tres (3) etapas o fases:

a) Fase 1: consistente en la aplicación intensiva de programa de tratamiento propuesto por el organismo técnico criminológico tendientes a consolidar y promover los factores positivos de la personalidad del interno y a modificar o disminuir sus aspectos disvaliosos.

b) Fase 2: se iniciará una vez que el interno haya alcanzado los objetivos fijados, en el programa de tratamiento para la Fase Consiste en la incorporación del interno a un régimen intermedio conforme a su evolución en dicho tratamiento. Para la incorporación a la fase 2 es condición selectiva, previa e indispensable que el interno posea conducta muy buena y además posea concepto muy bueno.

c) Fase 3: consiste en otorgar al interno una creciente autodeterminación a fin de evaluar la medida en que internaliza los valores esenciales para una adecuada convivencia social, conforme a la ejecución del programa de tratamiento. Podrá comportar para el interno condenado: 1) La carencia de vigilancia directa y permanente en el trabajo que realice dentro de los límites del establecimiento, en sus inmediaciones y/o en terrenos o instalaciones anexos al mismo. 2) Realizar tareas en forma individual o grupal con discreta supervisión en zona debidamente delimitada. 3) Alojamiento en sector independiente y separado del destinado a internos que se encuentran en otras fases del período de tratamiento. 4) Visitas y recreación en ambiente acorde con la confianza alcanzada. Para la fase 3 se requerirá conducta ejemplar o el máximo que pudo haber alcanzado según el tiempo de internación y concepto muy bueno. Sin perjuicio de los demás requisitos y condiciones para el avance del proceso en las distintas fases.

Artículo 18 – El ingreso a las diversas fases aludidas en el artículo precedente, deberá ser propuesto por el organismo técnico criminológico.

El Consejo Correccional, previa evaluación de dicha propuesta, emitirá dictamen por escrito. Producido el dictamen, el Director del Establecimiento deberá resolver en forma fundada.

Dispuesta la incorporación del interno en la fase 3, la dirección del establecimiento, dentro de las 48 horas remitirá las comunicaciones respectivas al juez de ejecución y al organismo técnico criminológico.

En caso de que el interno dejare de reunir alguna de las condiciones selectivas o cometa infracción disciplinaria grave o las mismas sean reiteradas; el director, recibida la información, procederá a la suspensión preventiva del beneficio acordado en la fase 3, debiendo girar los antecedentes al consejo correccional, quien en un plazo no mayor de cuarenta (48) horas, propondrá a qué fase o sección del establecimiento se lo incorporará, comunicando tal decisión al juez de ejecución y al organismo técnico criminológico.

Sección Cuarta: Período de prueba

Artículo 19 – El período de prueba consistirá en el empleo sistemático de métodos de autogobierno y comprenderá sucesivamente:

a) La incorporación del condenado a establecimiento abierto o sección independiente de éste, que se base en el principio de autodisciplina;

b) La posibilidad de obtener salidas transitorias del establecimiento;

c) La incorporación al régimen de la semilibertad.

Son requisitos necesarios para el ingreso al período de prueba:

a) Que la propuesta de ingreso al mismo emane del resultado del período de observación, de la verificación de tratamiento.

b) No tener causa abierta u otra condena pendiente.

c) Poseer conducta ejemplar y además posea concepto ejemplar.

El Director del establecimiento resolverá en forma fundada, la concesión al ingreso a período de prueba, comunicando tal decisión al juez de ejecución, al organismo técnico criminalístico y a la Bicameral de Seguridad.

Evaluación del tratamiento

Artículo 20 – La verificación y actualización del tratamiento a que se refiere el artículo 14, inciso e), corresponderá al organismo técnico-criminológico y se efectuará, como mínimo, cada seis meses.

Salidas transitorias

Artículo 21 – Las salidas transitorias, según la duración acordada, el motivo que las fundamente y el nivel de confianza que se adopte, podrán ser:

I. Por el tiempo:

a) Salidas hasta doce (12) horas;

b) Salidas hasta veinticuatro (24) horas;

c) Salidas, en casos excepcionales, hasta setenta y dos horas.

II. Por el motivo:

a) Para cursar estudios de educación general básica, media, superior, profesional y académica de grado o de los regímenes especiales previstos en la legislación vigente;

b) Para participar en programas específicos de prelibertad, que permitan afianzar los lazos familiares y sociales, ante la inminencia del egreso por libertad condicional, asistida o por agotamiento de condena.

III. Por el nivel de confianza:

a) Acompañado por un empleado que en ningún caso irá uniformado;

b) Confiado a la tuición de un familiar o persona responsable.

Semilibertad

Artículo 22 – La semilibertad permitirá al condenado trabajar fuera del establecimiento sin supervisión continua, en iguales condiciones a las de la vida libre, incluso salario y seguridad social, regresando al alojamiento asignado al fin de cada jornada laboral. Para ello, deberá tener asegurada, con carácter previo, una adecuada ocupación y/o trabajo y reunir los requisitos del artículo 27 y no encontrarse comprendido en las excepciones del artículo 72.

Artículo 23 – Para la incorporación al Régimen de Semilibertad se requerirá una información a cargo de la Sección Asistencia Social en la que se constate:

a) Datos del empleador;

b) Naturaleza del trabajo ofrecido;

c) Lugar y ambiente donde se desarrollarán las tareas;

d) Horario a cumplir;

e) Retribución y forma de pago. El Asistente Social que realice la constatación acerca del trabajo ofrecido, emitirá su opinión fundada sobre la conveniencia de la propuesta a los efectos de su valoración por el Consejo Correccional según lo previsto en el art. 34, inciso e).

Artículo 24 – El condenado incorporado a semilibertad será alojado en una institución regida por el principio de autodisciplina.

Artículo 25 – El trabajo en semilibertad será diurno y en días hábiles. Excepcionalmente será en días domingo o feriado y en modo alguno dificultará el retorno diario del condenado a su alojamiento.

Artículo 26 – La incorporación a la semilibertad incluirá una salida transitoria semanal, salvo resolución en contrario de la autoridad judicial.

Artículo 27 – Para la concesión de las salidas transitorias o la incorporación al régimen de la semilibertad se requiere:

I. Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución:

a) Pena temporal sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: la mitad de la condena;

b) Penas perpetuas sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: veinte años;

c) Accesoria del artículo 52 del Código Penal, cumplida la pena: 3 años.

II. No tener causa abierta donde mointerese su detención u otra brecondena pendiente.

III. Poseer conducta ejemplar, durante el último año contado a partir de la petición de la medida. Para la concesión de salidas transitorias o la incorporación al régimen de semilibertad deberá merituarse la conducta y el concepto durante todo el periodo de condena, debiendo ser la conducta y el concepto del interno, durante al menos las dos terceras partes de la condena cumplida al momento de peticionar la obtención de los beneficios, como mínimo buena conforme a lo dispuesto por el artículo 113.

IV. Contar con Resolución aprobatoria del Director del Establecimiento y merecer, del organismo técnicocriminológico y del consejo correccional del establecimiento, concepto favorable respecto de su evolución y sobre el efecto beneficioso que las salidas o el régimen de semilibertad puedan tener para el futuro personal, familiar y social del condenado.

V. No encontrarse comprendido en los supuestos del artículo 72.

Artículo 28 – El director del establecimiento, por resolución fundada, propondrá al juez de ejecución la concesión de las salidas transitorias o del régimen de semilibertad, propiciando en forma concreta:

a) El lugar o la distancia máxima a que el condenado podrá trasladarse.

b) Las normas que deberá observar, con las restricciones o prohibiciones que se estimen convenientes;

c) El nivel de confianza que se adoptará.

Artículo 29 – Corresponderá al juez de ejecución disponer las salidas transitorias y el régimen de semilibertad, previo recepción de los informes fundados del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento y la verificación del cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 27. Dicho informe deberá contener los antecedentes de conducta, concepto y dictámenes criminológicos desde el comienzo de la ejecución de la pena. Asimismo deberá precisarse las normas que el condenado debe observar y efectuar modificaciones, cuando procediere. En caso de incumplimiento de las normas, el juez revocará el beneficio cuando la infracción fuere grave o reiterada.

Artículo 30 – Concedida la autorización judicial por el juez de ejecución, el director del establecimiento quedará facultado para hacer efectivas las salidas transitorias o la semilibertad e informará a aquél sobre su cumplimiento. El director deberá disponer la supervisión a cargo de profesionales de la Dirección de Promoción del Liberado.

Artículo 31 – El director entregará al condenado autorizado a salir del establecimiento una constancia que justifique su situación ante cualquier requerimiento de la autoridad.

Artículo 32 – Las salidas transitorias, el régimen de semilibertad y los permisos a que se refiere el artículo 180 no interrumpirán la ejecución de la pena.

Sección Quinta: Período de libertad condicional

Artículo 33 – El juez de ejecución podrá conceder la libertad condicional al condenado que reúna los requisitos fijados por el Código Penal, previo los informes fundados del organismo técnicocriminológico, del consejo correccional del establecimiento y de la dirección del establecimiento penitenciario que pronostiquen en forma individualizada su reinserción social.

Artículo 34 – Dicho informe deberá contener los antecedentes de conducta, concepto y dictámenes criminológicos desde el comienzo de la ejecución de la pena.

El informe deberá consignar:

a) Situación legal del peticionante de acuerdo a la sentencia condenatoria, la pena impuesta, su vencimiento, fecha en que podrá acceder a la libertad condicional y los demás antecedentes procesales que obren en su legajo;

b) Conducta y concepto que registre desde su incorporación al régimen de ejecución de la pena y la calificación del comportamiento durante el proceso;

c) Si registrare sanciones disciplinarias, fecha de la infracción cometida, sanción impuesta y su cumplimiento;

d) Posición del interno en la progresividad del régimen detallándose la fecha de su incorporación a cada período o fase;

e) Informe de la Sección Asistencia Social sobre la existencia y conveniencia del domicilio propuesto;

f) Propuesta fundada del Organismo Técnico Criminológico, sobre la evolución del tratamiento basada en la Historia Criminológica actualizada;

g) Dictamen del Consejo Correccional respecto de la conveniencia social de su otorgamiento, sobre la base de las entrevistas previas de sus miembros con el interno de las que se dejará constancia en el Libro de Actas. El informe del Consejo Correccional, sin perjuicio del cumplimiento del artículo 42, se referirá, por lo menos, a los siguientes aspectos del tratamiento del interno: 1) Salud psicofísica; 2) Educación y formación profesional; 3) Actividad laboral; 4) Actividades educativas, culturales y recreativas; 5) Relaciones familiares y sociales; 6) Aspectos peculiares que presente el caso; 7) Sugerencia sobre las normas de conducta que debería observar si fuera concedida la libertad condicional.

h) Toda otra información que resulte de utilidad al momento de evaluar la procedencia de la medida y que el juez de ejecución estime corresponder.

Artículo 35 – El pronóstico de reinserción social establecido en el Código Penal podrá ser favorable o desfavorable conforme a la evaluación que se realice y a las conclusiones a las que se arriben respecto a su reinserción social para el otorgamiento de la libertad condicional. Sin perjuicio de otras causas que aconsejen dictamen desfavorable respecto de su reinserción social, deberá ser desfavorable: 1) en el caso de encontrarse sujeto a proceso penal por la comisión de nuevos delitos cometidos durante el cumplimiento de la condena; 2) en el caso de no haber alcanzado la conducta y concepto del interno la calificación como mínimo de “buena” durante al menos las dos terceras partes de la condena cumplida al momento de peticionar la obtención de la libertad condicional; 3) manifieste conductas que permitan suponer verosímilmente que constituirá un peligro para la sociedad.

Artículo 36 – Con los informes efectuados por el Consejo Correccional y el Organismo Técnico Criminológico y la opinión fundada del Director del establecimiento sobre la procedencia del pedido, éste remitirá lo actuado a consideración del Juez de Ejecución. El interno será inmediatamente notificado de la elevación de su pedido al Juez de Ejecución.

Artículo 37 – Cuando de acuerdo a la documentación existente en el establecimiento, el interno no se encontrare en condiciones de obtener la libertad condicional por estar comprendido en los artículos 14 ó 17 del Código Penal o no hubiese cumplido el tiempo mínimo de los artículos 13 ó 53 del Código Penal, el Director del establecimiento remitirá la solicitud a consideración del Juez de Ejecución y se procederá conforme a las instrucciones que éste imparta.

Artículo 38 – Si el pedido de libertad condicional se iniciare directamente en sede judicial, el Director del establecimiento dará cumplimiento a lo requerido por el Juez de Ejecución.

Artículo 39 – La supervisión del liberado condicional comprenderá una asistencia social eficaz a cargo de la Dirección de Promoción del Liberado.

Artículo 40 – Todo interno que solicite libertad condicional podrá realizar el pedido cuarenta y cinco (45) días antes de cumplimentar los dos tercios de la condena temporal.

Sección Sexta: Disposiciones comunes a los regímenes de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional o libertad asistida.

Artículo 41 – Todo interno que sea autorizado por el juez de ejecución a salir de la institución bajo los regímenes de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional o libertad asistida deberá, como primera medida, presentarse ante la asistente social de guardia del organismo técnico criminológico o persona que haga sus veces.

Los internos autorizados por el juez de ejecución a salir de la institución bajo los regímenes de salidas transitorias y/ o semilibertad deberán presentarse en el establecimiento a la expiración del plazo concedido para su retorno al mismo. La no presentación del condenado en tiempo dará lugar a que se denuncie el hecho al juez de ejecución, y a los procedimientos administrativos correspondientes para la revocación inmediata de los beneficios.

No será procedente ningún nuevo pedido de beneficios si no han transcurrido seis (6) meses de haber mediado una denegatoria anterior. Dicho lapso será contado desde la fecha de la denegatoria.

Artículo 42 – Los dictámenes que emita el Consejo Correccional, en los casos de salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad condicional, libertad asistida, deberán contener como mínimo y sin perjuicio de las disposiciones específicas dictadas al respecto:

a) Nombre y apellido del interno, número de legajo personal, establecimiento en que está alojado e índole del pedido o motivo de su intervención;

b) Informe Criminológico: motivación de la conducta punible, perfil psicológico, tratamientos psiquiátricos o psicológicos aplicados y su resultado, resumen actualizado de la Historia Criminológica precisando la trayectoria del interno en la progresividad del régimen y pronóstico de reinserción social;

c) Informe Educacional: Educación General Básica cursada y en su caso, educación media, superior o académica de grado, otros estudios realizados, posibilidad de continuarlos, aprendizaje profesional y participación en actividades culturales, recreativas y deportivas;

d) Informe Laboral: vida laboral anterior a la condena y especialidad si la tuviere, oficio, arte, industria o profesión, su aplicación en la vida libre, posibilidad de solventarse a sí mismo y al grupo familiar dependiente, actividades realizadas en el establecimiento;

e) Informe Médico: estado general psicofísico actual, antecedentes clínicos, mención de patologías de especial significación, atención médica en curso y necesidad y posibilidad de su continuación;

f) Informe de División Seguridad Interna: situación legal, especificando si tiene declaración de reincidencia, fecha de ingreso, lugar de procedencia, información de los establecimientos en que haya estado alojado, conducta y concepto, sanciones disciplinarias, si las registrare, señalando fecha y motivo, acciones meritorias y recompensas;

g) Informe Social: lugar y fecha de nacimiento, estado civil, núcleo familiar o de convivencia al que se reintegraría y perfil socioeconómico, vinculación con su familia, ayuda que puedan prestarle familiares, allegados u otras personas o instituciones, y cómo se estima que asumirían el egreso del interno. En los casos de libertad condicional o libertad asistida contenido y aplicación efectiva del Programe de Prelibertad evaluando su eficacia;

Conclusiones: evaluación de los informes producidos por cada uno de los integrantes del Consejo Correccional, del tratamiento y sus resultados, el pronóstico de reinserción social y la opinión concreta sobre la cuestión en examen.

Legajos personales

Artículo 43 – Todos los expedientes que versen sobre las modalidades básicas de la ejecución de la pena tendrán el carácter de secretos, con excepción de los informes relacionados con solicitudes de indulto, rebaja o conmutación de pena, los cuales serán públicos.

Además de los profesionales y autoridades de las instituciones intervinientes, juez de ejecución, el procurador de las personas privadas de la libertad, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes creados por la Ley 8.284, sólo tendrán acceso a los mismos, el interno, su abogado defensor y la víctima del delito en su caso.

La información a estos últimos sólo será brindada por el director del establecimiento penitenciario, director del organismo técnico criminológico y/o el juez de ejecución, o quienes éstos designen.

La Honorable Legislatura de la Provincia podrá requerir informes respecto de los mismos, debiendo remitirse los expedientes e informes en su caso en dicho carácter secreto.

El incumplimiento de esta disposición generará las responsabilidades administrativas y/o penales correspondientes.

Sección Séptima: Del Programa de prelibertad

Artículo 44 – Entre sesenta y noventa días antes del tiempo mínimo exigible para la concesión de la libertad condicional o de la libertad asistida del artículo 68, el condenado deberá participar de un programa intensivo de preparación para su retorno a la vida libre el que, por lo menos, incluirá:

a) Información, orientación y consideración con el interesado de las cuestiones personales y prácticas que deba afrontar al egreso para su conveniente reinserción familiar y social;

b) Verificación de la documentación de identidad indispensable y su vigencia o inmediata tramitación, si fuere necesario;

c) Previsiones adecuadas para su vestimenta, traslado y radicación en otro lugar, trabajo, continuación de estudios, aprendizaje profesional, tratamiento médico, psicológico o social.

Artículo 45 – El desarrollo del programa de prelibertad, elaborado por profesionales del servicio social, en caso de egresos por libertad condicional o por libertad asistida, deberá coordinarse con la Dirección de Promoción del Liberado. En los egresos por agotamiento de la pena privativa de libertad la coordinación se efectuará con la Dirección de Promoción del Liberado, las organizaciones de asistencia post penitenciaria y con otros recursos de la comunidad. En todos los casos se promoverá el desarrollo de acciones tendientes a la mejor reinserción social.

Artículo 46 – Cada interno durante este periodo, será colocado desde su iniciación hasta su cierre bajo la supervisión de un asistente social de la institución, responsable de la coordinación y seguimiento de las acciones a emprender quien actuará junto con un representante de la Dirección de Promoción del Liberado, en su caso, con organismos de asistencia pos penitenciaria u otros recursos de la comunidad cuya oportuna colaboración deberá solicitar.

Artículo 47 – El Programa de Prelibertad se iniciará con una entrevista del interno con el asistente social designado, quien le notificará, bajo constancia, su incorporación al programa y le informará sobre el propósito del mismo, orientándolo y analizando las cuestiones personales y prácticas que deberá afrontar al egreso, con el objeto de facilitar su reincorporación a la vida familiar y social. A dicha entrevista se invitará a participar al representante de la Dirección de Promoción del Liberado.

Sección Octava: Alternativas para situaciones especiales Prisión domiciliaria

Artículo 48 – El Juez de Ejecución podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria:

a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario;

b) Al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal;

c) Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario resulte inadecuada por su condición implicándole un trato indigne, inhumano o cruel;

d) Al interno mayor de setenta (70) años;

e) A la mujer embarazada;

f) A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo.

Artículo 49 – La detención domiciliaria debe ser dispuesta por el juez de ejecución.

En los supuestos a), b) y c) del artículo 48, la decisión deberá fundarse en informes médico, psicológico y social.

El juez de ejecución deberá disponer la supervisión de la medida a cargo de la dirección de promoción del liberado. La pena domiciliaria prevista en el artículo 10 del Código Penal, o cualquier medida sustitutiva o alternativa a cumplirse total o parcialmente fuera de los establecimientos penitenciarios, será supervisada en su ejecución por la Dirección de Promoción del Liberado.

Artículo 50 – El juez de ejecución revocará la detención domiciliaria cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado, cuando los resultados de la supervisión efectuada así lo aconsejaren o cuando se modificaren las circunstancias que dieron lugar a la medida.

Prisión discontinua, semidetención, prisión diurna y nocturna

Artículo 51 – El juez de ejecución a pedido o con el consentimiento del condenado, podrá disponer la ejecución de la pena mediante la prisión discontinua, semidetención, prisión diurna y nocturna, cuando:

a) Se revocare la detención domiciliaria;

b) Se convirtiere la pena de multa en prisión, según lo dispuesto en el artículo 21, párrafo 2 del Código Penal;

c) Se revocare la condenación condicional prevista en el artículo 26 del Código Penal por incumplimiento de las reglas de conducta establecidas en el artículo 27 bis del Código Penal;

d) La pena privativa de libertad, al momento de la sentencia definitiva, no sea mayor de seis meses de efectivo cumplimiento.

e) No se encontrare comprendido en los supuestos de excepción previstos en el artículo 72.

Prisión discontinua

Artículo 52 – La prisión discontinua se cumplirá mediante la permanencia del condenado en una institución basada en el principio de autodisciplina, por fracciones no menores de treinta y seis horas, procurando que ese período coincida con los días no laborables de aquél.

Artículo 53 – El juez de ejecución podrá autorizar al condenado a no presentarse en la institución en la que cumple la prisión discontinua por un lapso de veinticuatro horas cada dos meses.

Artículo 54 – Se computará un día de pena privativa de libertad por cada noche de permanencia del condenado en la institución.

Semidetención

Artículo 55 – La semidetención consistirá en la permanencia ininterrumpida del condenado en una institución basada en el principio de autodisciplina, durante la fracción del día no destinada al cumplimiento, en la medida de lo posible, de sus obligaciones familiares, laborales o educativas.

Sus modalidades podrán ser dala prisión diurna y la prisión nocturna.

Artículo 56 – El lapso en el que el condenado esté autorizado a salir de la institución se limitará al que le insuman las obligaciones indicadas en el artículo 55, que deberá acreditar fehacientemente.

Prisión diurna

Artículo 57 – La prisión diurna se cumplirá mediante la permanencia diaria del condenado en una institución basada en el principio de autodisciplina, todos los días entre las ocho y las diecisiete horas.

Prisión nocturna

Artículo 58 – La prisión nocturna se cumplirá mediante la permanencia diaria del condenado en una institución basada en el principio de autodisciplina, entre las veintiuna horas de un día y las seis horas del día siguiente.

Artículo 59 – Se computará un día de pena privativa de libertad por cada jornada de permanencia del condenado en la institución conforme lo previsto en los artículos 57 y 58.

Artículo 60 – El juez de ejecución podrá autorizar al condenado a no presentarse en la institución durante un lapso no mayor de cuarenta y ocho horas cada dos meses.

Disposiciones comunes a las alternativas para situaciones especiales

Artículo 61 – El juez de ejecución determinará, en cada caso, mediante resolución fundada, el plan de ejecución de la prisión discontinua o semidetención, los horarios de presentación obligatoria del condenado, las normas de conducta que se compromete a observar en la vida libre y la obligación de acatar las normas de convivencia de la institución, disponiendo la supervisión que considere conveniente, debiendo asimismo solicitar informes al empleador a fin de evaluar su desempeño profesional.

Artículo 62 – En el caso del inciso d) del artículo 51, si el condenado se encontrare privado de libertad, previo a la ejecución de la resolución judicial, participará del programa de prelibertad, establecido en el artículo 44, con una duración máxima de treinta (30) días.

Artículo 63 – El condenado en prisión discontinua o en semidetención, durante su permanencia en la institución, participará en los programas de tratamiento que establezca la reglamentación, en la que se consignarán las obligaciones y limitaciones que deberá observar.

Artículo 64 – El condenado podrá, en cualquier tiempo, renunciar irrevocablemente a la prisión discontinua o a la semidetención. Practicado el nuevo cómputo, el juez de ejecución dispondrá que el resto de la pena se cumpla en establecimiento penitenciario. En tal supuesto la pena se cumplirá en establecimiento semiabierto o cerrado.

Artículo 65 – En caso de incumplimiento de las normas fijadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 61 y previo informe de la autoridad encargada de la supervisión del condenado, el juez de ejecución revocará la prisión discontinua o la semidetención practicando el cómputo correspondiente. La revocación implicará el cumplimiento de la pena en establecimiento semiabierto o cerrado.

Trabajos para la comunidad

Artículo 66 – En los casos de los incisos c) y d) del artículo 51, cuando se presente ocasión para ello y el condenado lo solicite o acepte, el juez de ejecución podrá sustituir, total o parcialmente, la prisión discontinua o la semidetención por la realización de trabajo para la comunidad no remunerado fuera de los horarios habituales de su actividad laboral comprobada. En tal caso se computarán seis horas de trabajo para la comunidad por un día de prisión. El plazo máximo para el cumplimiento de la pena con esta modalidad de ejecución será de dieciocho (18) meses.

El juez de ejecución confiará la organización y supervisión del trabajo para la comunidad a la Dirección de Promoción del Liberado.

En caso de incumplimiento del plazo o de la obligación fijada en el presente artículo, el juez de ejecución revocará el trabajo para la comunidad. La revocación, luego de practicado el cómputo correspondiente, implicará el cumplimiento de la pena en establecimiento cerrado. Por única vez y mediando causa justificada, el juez de ejecución podrá ampliar el plazo en hasta seis (6) meses.

Artículo 67 – El condenado en cualquier tiempo podrá renunciar irrevocablemente al trabajo para la comunidad. Practicado el nuevo cómputo, el juez de ejecución dispondrá que el resto de la pena se cumpla en prisión discontinua, semidetención o en un establecimiento penitenciario.

Sección Novena: Libertad asistida

Artículo 68 – La libertad asistipermitirá al condenado sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal, el egreso anticipado y su reintegro al medio libre tres (3) meses antes del agotamiento de la pena temporal.

El juez de ejecución a pedido del condenado y previo los informes del organismo técnicocriminológico y del consejo correccional del establecimiento, podrá disponer la incorporación del condenado al régimen de libertad asistida siempre que el condenado posea el grado máximo de conducta susceptible de ser alcanzado según el tiempo de internación.

El juez de ejecución deberá denegar la incorporación del condenado a este régimen se encontrare comprendido en las excepciones del artículo 72.

El juez de ejecución podrá denegar la incorporación del condenado a este régimen cuando considere, por resolución fundada, que el egreso puede constituir un grave riesgo para el condenado o para la sociedad.

El Juez de Ejecución podrá complementar el informe criminológico con el que produzcan otros equipos interdisciplinarios.

Artículo 69 – La Dirección del Servicio Penitenciario remitirá un listado de condenados a la Dirección de Promoción de Liberados seis (6) meses antes del tiempo mínimo exigible para la concesión de la libertad condicional, libertad asistida o definitiva por agotamiento de la pena, a los efectos de iniciar las tareas de pre egreso.

Artículo 70 – El condenado incorporado al régimen de libertad asistida deberá cumplir las siguientes condiciones:

I. Presentarse, dentro del plazo fijado por el juez de ejecución, a la Dirección de Promoción del Liberado para su asistencia y para la supervisión de las condiciones impuestas.

II. Cumplir las reglas de conducta que el juez de ejecución fije, las cuales sin perjuicio de otras que fueren convenientes de acuerdo a las circunstancias personales y ambientales del condenado, podrán ser:

a) Desempeñar un trabajo, oficio o profesión, o adquirir los conocimientos necesarios para ello;

b) Aceptar activamente el tratamiento que fuere menester;

c) No frecuentar determinadas personas o lugares, abstenerse de actividades o de hábitos que en el caso, se consideren inconvenientes para su adecuada reinserción social.

III. Residir en el domicilio consignado en la resolución judicial, el que podrá ser modificado previa autorización del juez de ejecución, para lo cual éste deberá requerir opinión de la dirección de promoción del liberado.

IV. Reparar, en la medida de sus posibilidades, los daños causados por el delito, en los plazos y condiciones que fije el juez de ejecución o juez competente. Estas condiciones regirán a partir del día de egreso hasta el de agotamiento de la condena.

Artículo 71 – Cuando el condenado en libertad asistida cometiere un delito o violare las obligaciones y reglas de conducta que le impone el apartado I, II y III del artículo que antecede, la libertad asistida le será revocada y agotará el resto de su condena en un establecimiento cerrado.

Si el condenado incumpliere sin causa que lo justifique la obligación de reparación de daños prevista en el apartado IV de ese artículo, el juez de ejecución deberá revocar su incorporación al régimen de la libertad asistida.

En tales casos el término de duración de la condena será prorrogado y se practicará un nuevo cómputo de la pena, en el que no se tendrá en cuenta el tiempo que hubiera durado la inobservancia que dio lugar a la revocación del beneficio.

Sección Décima: Excepciones a los beneficios acordados en el periodo de prueba.

Artículo 72 – No podrán otorgarse los beneficios comprendidos en el período de prueba a los condenados por los siguientes delitos:

1) Homicidio simple previsto en el artículo 79 y homicidio agravado previsto en el artículo 80 del Código Penal.

2) Delitos contra la integridad sexual, previstos en los arts. 119 segundo, tercer y cuarto párrafo, 120 segundo párrafo, 124, 125, 125 bis, 126, 127, 130 tercer párrafo y 167 incisos 1) y 2) del Código Penal;

3) Robo agravado (artículo 166 del Código Penal)

4) Homicidio en ocasión de robo (artículo 165 del Código Penal);

5) Tortura seguida de muerte (artículo 144 tercero, inciso 2, del Código Penal);

Los condenados por cualquiera de los delitos enumerados precedentemente, tampoco podrán obtener los beneficios de la prisión discontinua o semidetención, ni el de la libertad asistida.

Los beneficios comprendidos en el período de prueba tampoco se concederán a los reincidentes y a todos aquellos a los que prima facie no proceda el otorgamiento de la libertad condicional.

Sin perjuicio de los supuestos enumerados en el presente artículo el juez de ejecución deberá denegar los beneficios comprendidos en el periodo de prueba como así también la prisión discontinua o semidetención, por resolución fundada, cuando el egreso pueda constituir un grave riesgo para el condenado o para la sociedad.

En los supuestos descriptos por el presente artículo no será procedente el indulto ni la conmutación de penas previstas en el artículo 128 de la Constitución de la Provincia y la Ley 3.645 en su Capítulo XVI.

CAPITULO III: Normas de trato Denominación

Artículo 73 – La persona condenada sujeta a medida de seguridad que se aloje en instituciones previstas en este Código, se denominará interno. Al interno se le citará o llamará únicamente por el nombre y apellido.

Higiene

Artículo 74 – El régimen penitenciario deberá asegurar y promover el bienestar psicofísico de los internos. Para ello, se implementarán medidas y programas de prevención, recuperación y rehabilitación de la salud y se atenderán especialmente las condiciones ambientales e higiénicas de los establecimientos.

Artículo 75 – El número de internos de cada establecimiento deberá estar preestablecido y no se lo, excederá a fin de asegurar un adecuado alojamiento. Todos los locales estarán siempre en buen estado de conservación. Su ventilación, iluminación, calefacción y dimensiones guardarán relación con su destino y los factores climáticos.

Artículo 76 – El aseo personal del interno será obligatorio. Los establecimientos deberán disponer de suficientes y adecuadas instalaciones sanitarias y proveerán al interno de los elementos indispensables para su higiene. El interno deberá cuidar el aseo de su alojamiento y contribuir a la higiene y conservación del establecimiento.

Alojamiento

Artículo 77 – El alojamiento nocturno del interno, en lo posible, será individual en los establecimientos cerrados y semiabiertos.

Los internados en régimen cerrado se alojarán en celdas preferentemente individuales, que permanecerán cerradas durante su tiempo de ocupación. Estarán dotadas del correspondiente módulo sanitario, cumpliendo con los requisitos de habitabilidad que prescriben las normas legales vigentes.

El alojamiento de los internos incluidos en el régimen semiabierto será preferentemente individual, o en dormitorios que albergando un reducido número de condenados, garanticen para los mismos la debida privacidad.

En las instituciones o secciones basadas en el principio de autodisciplina se podrán utilizar dormitorios para internos cuidadosamente seleccionados.

Vestimenta y ropa

Artículo 78 – La Administración proveerá al interno de vestimenta acorde al clima y a la estación, para usarla en el interior del establecimiento, pudiéndose autorizar el uso de equipo y vestimenta que se ajusten a las normas que determine la reglamentación. En manera alguna esas prendas, por sus características podrán resultar humillantes. Deberá cuidarse su mantenimiento en buen estado de conservación e higiene.

Cuando el interno hubiere de salir del establecimiento, en los casos autorizados, deberá permitírsele utilizar sus ropas personales. Si no dispusiere de ellas, se le facilitará vestimenta adecuada.

Artículo 79 – Al interno se le proveerá de ropa suficiente para su cama individual, la que será mudada con regularidad.

Alimentación

Artículo 80 – La alimentación del interno estará a cargo de la administración; será adecuada a sus necesidades y sustentada en criterios nutricionales, salvo excepciones debidamente fundadas. Todo interno deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite.

La tentativa y/o el ingreso indebido de elementos y/o sustancias prohibidas privará al interno de la posibilidad de recibir alimentos por parte de las visitas por el tiempo que dure la condena. La prohibición de bebidas alcohólicas será absoluta.

Información y peticiones

Artículo 81 – A su ingreso al establecimiento el interno recibirá explicación oral e información escrita acerca del régimen a que se encontrará sometido, las normas de conducta que deberá observar, el sistema disciplinario vigente, los medios autorizados para formular pedidos o presentar quejas y de todo aquello que sea útil para conocer sus derechos y obligaciones. Si el interno fuere analfabeto, presentare discapacidad física o psíquica o no comprendiese el idioma castellano, esa información se le deberá suministrar por persona y medio idóneo.

Artículo 82 – El interno podrá presentar peticiones y quejas al director del establecimiento y dirigirse sin censura al procurador de las personas privadas de la libertad y/o a otra autoridad administrativa superior o al juez de ejecución.

Las resoluciones a las peticiones o quejas que se adopten deberán ser fundada, emitidas en tiempo razonable y notificadas al interno.

Tenencia y depósito de objetos y valores

Artículo 83 – Los objetos de valor y demás prendas propias que el interno posea a su ingreso o que reciba con posterioridad y que reglamentariamente no pueda retener consigo serán, previo inventario, mantenidos en depósito. Se adoptarán las disposiciones necesarias para su conservación en buen estado.

El interno no podrá disponer de dinero y otros objetos salvo excepciones que determine la reglamentación para los supuestos de internos que gocen de los beneficios dispuestos para el periodo de prueba o en los casos del artículo 139.

Los efectos no dispuestos por el interno y que no hubieren sido retenidos o destruidos por razones de higiene, le serán devueltos a su egreso. De todo depósito, disposición o devolución se extenderán las correspondientes constancias y recibos.

Cuidados de bienes

Artículo 84 – El interno deberá cuidar las instalaciones, el mobiliario y los objetos y elementos que la administración destine para el uso individual o común y abstenerse de producir daño en los pertenecientes a otros internos.

Registro de internos y de instalaciones

Artículo 85 – Para preservar la seguridad general, los registros en las personas de los internos, sus pertenencias y locales que ocupen, los recuentos y las requisas de las instalaciones del establecimiento, se efectuarán con las garantías que reglamentariamente se determinen y dentro del respeto a la dignidad humana.

Traslado de internos

Artículo 86 – El traslado individual o colectivo de internos estará exento de publicidad. Deberá efectuarse en medios de transportes higiénicos y seguros.

La administración reglamentará las precauciones que deberán utilizarse contra posibles evasiones, las cuales en ninguna circunstancia causarán padecimientos innecesarios al interno.

El traslado del interno de un establecimiento a otro, con las razones que lo fundamenten, deberá ser comunicado de inmediato al juez de ejecución y al procurador de las personas privadas de la libertad e informado de inmediato a las personas o instituciones con las que mantuviere visita o correspondencia o a quienes hubieren sido por él designados para ello.

Medidas de sujeción

Artículo 87 – Queda prohibido el empleo de esposas o de cualquier otro medio de sujeción como castigo.

Artículo 88 – Sólo podrán adoptarse medidas de sujeción en los siguientes casos:

a) Como precaución contra una posible evasión durante el traslado del interno;

b) Por razones médicas, a indicación del facultativo, formulada por escrito;

c) Por orden expresa del director o del funcionario que lo reemplace en caso de no encontrarse éste en servicio, si otros métodos de seguridad hubieran fracasado y con el único propósito de que el interno no se cause daño a sí mismo, a un tercero o al establecimiento. En este caso el director o quien lo reemplace, dará de inmediato intervención al servicio médico y remitirá un informe detallado al juez de ejecución, al procurador de las personas privadas de la libertad y a la autoridad penitenciaria superior.

Artículo 89 – La determinación de los medios de sujeción autorizados y su modo de empleo serán establecidos por la reglamentación que se dicte. Su aplicación no podrá prolongarse más allá del tiempo necesario, bajo apercibimiento de las sanciones administrativas y penales que correspondan por el funcionario responsable.

Resistencia a la autoridad penitenciaria

Artículo 90 – Al personal penitenciario le está prohibido emplear la fuerza en el trato con los internos, excepto en los casos de fuga, evasión o de sus tentativas o de resistencia por la fuerza activa o pasiva a una orden basada en norma legal o reglamentaria. Aun en estos casos, todo exceso hará pasible al responsable de las sanciones administrativas y penales que correspondan.

El personal que habitualmente preste servicios en contacto directo con los internos no estará armado. Deberá recibir un entrenamiento físico adecuado que le permita actuar razonable y eficazmente para superar situaciones de violencia.

El uso de armas reglamentarias quedará limitado a las circunstancias excepcionales en que sea indispensable utilizarlas con fines de prevención o por peligro inminente para la vida, la salud o la seguridad de agentes, de internos o de terceros.

Suspensión de derechos

Artículo 91 – En supuestos de graves alteraciones del orden en un establecimiento carcelario o de ejecución de la pena, el Ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno podrá disponer, por resolución fundada, la suspensión temporal y parcial de los derechos reconocidos a los internos en este Código y en los reglamentos dictados en su consecuencia. Esta suspensión no podrá extenderse más allá del tiempo imprescindible para restablecer el orden alterado.

La resolución deberá ser comunicada, inmediata y fehacientemente al juez de ejecución.

CAPITULO IV: Disciplina

Artículo 92 – El interno está obligado a acatar las normas de conducta que determine la ley y la reglamentación que se dicte, para posibilitar una ordenada convivencia, en su propio beneficio y para promover su reinserción social.

Artículo 93 – El orden y la disciplina se mantendrán con decisión y firmeza. No se impondrán más restricciones que las indispensables para mantener la seguridad y la correcta organización de la vida de los alojados, de acuerdo al tipo de establecimiento y al régimen en que se encuentra incorporado el interno.

Los internos deben:

1) Atender y cumplir las indicaciones que reciban de los funcionarios correspondientes sobre su desenvolvimiento en el establecimiento o en las áreas relacionadas con su programa de asistencia y/o tratamiento.

2) Tratar con corrección a las autoridades, el personal y demás internos.

3) Mantener una correcta presentación, cuidando su aseo personal y el de su hábitat, al igual que la conservación del equipo y los objetos confiados a su responsabilidad.

4) Abstenerse de toda perturbación del orden y de la disciplina.

Está prohibido a los internos:

1) Tener armas o elementos que puedan ser usados como tales.

2) Efectuar reclamaciones colectivas salvo que sean por escrito.

3) Realizar todo tipo de apuestas.

4) Mantener comunicaciones en términos o signos que resulten ininteligibles para el personal.

5) En general, todo acto que fuese prohibido por este Código, los reglamentos internos o las disposiciones de la Dirección del Establecimiento.

Artículo 94 – El poder disciplinario sólo puede ser ejercido por el director del establecimiento, quien tendrá competencia para imponer sanciones, suspender o dar por cumplida su aplicación o sustituirlas por otras más leves, de acuerdo a las circunstancias del caso.

Artículo 95 – El director del establecimiento o un miembro del personal superior podrá ordenar el aislamiento provisional de internos cuando existan fundados motivos para ello y conforme lo determine la reglamentación.

Artículo 96 – En ningún caso el interno podrá desempeñar tareas a las que vaya unido el ejercicio de una potestad disciplinaria. No habrá infracción ni sanción disciplinaria sin expresa y anterior previsión legal o reglamentaria.

Artículo 97 – El incumplimiento de las normas de conducta a que alude el artículo 93, constituye infracción disciplinaria.

Artículo 98 – Las infracciones disciplinarias se clasifican en leves, medias, y graves.

I- Son faltas graves:

a) Evadirse o intentarlo, colaborar en la evasión de otros o poseer elementos para ello;

b) Incitar o participar en movimientos para quebrantar el orden y la disciplina;

c) Poseer dinero u otros valores que lo reemplacen injustificadamente.

d) Intentar introducir o sacar elementos de cualquier naturaleza eludiendo los controles reglamentarios;

e) Retener, agredir, coaccionar o amenazar a funcionarios u otras personas;

f) Intimidar física, psíquica o sexualmente a otra persona;

g) Amenazar o desarrollar acciones que sean real o potencialmente aptas para contagiar enfermedades;

h) Resistir activa y gravemente al cumplimiento de órdenes legalmente impartidas por funcionario competente;

i) Provocar intencionalmente accidentes de trabajo o de cualquier otra naturaleza;

j) Cometer un hecho previsto como delito doloso, sin perjuicio de ser sometido al eventual proceso penal.

k) Confeccionar objetos punzocortantes o armas, para si o para terceros.

l) Poseer, ocultar, facilitar o traficar elementos electrónicos o medicamentos no autorizados, estupefacientes, alcohol, sustancias tóxicas o explosivos, armas o todo instrumento capaz de atentar contra la vida, la salud o la integridad propia o de terceros;

II-Son faltas medias:

a) Negarse al examen médico a su ingreso o reingreso al establecimiento, o a los exámenes médicos legal o reglamentariamente exigibles;

b) Incumplir las normas de los procedimientos de registro personal o de sus pertenencias, recuentos, requisas, encierros, desencierres o con las que regulan el acceso o permanencia a los diversos sectores del establecimiento;

e) Impedir u obstaculizar, sin derecho, la realización de actos administrativos;

d) Destruir, inutilizar, ocultar o hacer desaparecer, total o parcialmente, instalaciones, mobiliario y todo objeto o elemento provisto por la administración o perteneciente a terceros;

e) Resistir pasivamente al cumplimiento de órdenes legalmente impartidas por funcionario competente o no acatarlas;

f) Auto agredirse o intentarlo como medio de protesta o persecución de beneficios propios;

g) Dar a los alimentos suministrados o prescriptos un destino distinto al previsto;

h) Dar a los medicamentos suministrados un destino diferente al prescripto;

i) Interferir o impedir a otros internos el ejercicio de sus derechos, al trabajo, a la educación, a la asistencia social, a la asistencia espiritual, o a las relaciones familiares y sociales;

j) Promover actitudes en sus visitantes o en otras personas tendientes a la violación de normas reglamentarias;

k) Negarse en forma injustificada a realizar personalmente las labores de mantenimiento que se le encomienden;

l) Amedrentar o intimidar física o psíquicamente a otro interno para que realice tareas en su reemplazo o en su beneficio personal;

m) Peticionar colectivamente, directa o indirectamente, en forma oral, de un modo que altere el orden del establecimiento;

n) Preparar o colaborar en la elaboración de bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas o adulterar comidas y bebidas;

ñ) Usar o consumir drogas o medicamentos no autorizados por el servicio médico;

o) Efectuar en forma clandestina conexiones eléctricas, telefónicas, informáticas, de gas o de agua;

p) Sacar clandestinamente alimentos o elementos varios pertenecientes a la administración o a terceros de depósitos o de otras dependencias o materiales, maquinarias, herramientas o insumos de los sectores de trabajo;

q) Utilizar equipos o maquinarias sin la debida autorización o en contravención con las normas de seguridad fijadas;

r) Mantener o intentar contactos clandestinos dentro del establecimiento o con el exterior;

s) Ejercer violencia física o verbal a visitantes;

t) Intentar o mantener relaciones sexuales no autorizadas;

u) Proferir un trato discriminatorio a otro interno por su grupo de pertenencia.

v) Utilizar y/o poseer teléfonos celulares y/o terminales móviles de comunicación.

w) Toda otra conducta que determine la reglamentación como falta media.

III-Son faltas leves:

a) No respetar injustificadamente el horario o la convocatoria a actividades;

b) Descuidar el aseo personal o la higiene del lugar de su alojamiento o de las instalaciones del establecimiento;

c) Cocinar en lugares, horarios o en formas no autorizados;

d) Descuidar la higiene o el mantenimiento de la ropa de cama;

e) Comportarse agresivamente durante el desarrollo de las prácticas deportivas que realice;

f) Alterar el orden con cantos, gritos, ruidos o mediante el elevado volumen de aparatos electrónicos autorizados;

g) No comunicar de inmediato al personal cualquier anormalidad, desperfecto o deterioro producido en el lugar de alojamiento o en otras dependencias;

h) Fumar en lugares u horarios no autorizados;

i) Fingir enfermedad para la obtención indebida de medicamentos o para eludir una obligación;

j) Negarse a dar su identificación o dar una falsa a un funcionario en servicio;

k) Producir actos de escándalo en ocasión de ser trasladado a nuevo destino, o conducido para la realización de diligencias judiciales u otras o durante las salidas en los casos autorizados por la legislación vigente;

l) Agraviar verbalmente a funcionarios y visitantes;

m) Ausentarse, sin autorización, del lugar que, en cada circunstancia, tenga asignado.

n) Toda otra conducta que determine la reglamentación como falta leve.

Artículo 99 – El interno estará obligado a resarcir los daños o deterioros materiales causados en las cosas muebles o inmuebles del Estado o de terceros, sin perjuicio de ser sometido al eventual proceso penal.

Artículo 100 – Sólo se podrá aplicar como sanción, de acuerdo a la importancia de la infracción cometida y a la individualización del caso, alguna de las siguientes correcciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 102:

a) Amonestación,

b) Exclusión de las actividades recreativas o deportivas hasta quince (15) días;

c) Exclusión de la actividad común hasta veinte (20) días;

d) Suspensión o restricción total o parcial de derechos reglamentarios de hasta quince (15) días de duración;

e) Permanencia en su alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones no agraven ilegítimamente la detención, hasta veinte (20) días ininterrumpidos;

f) Permanencia en su alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones no agraven ilegítimamente la detención, hasta diez (10) fines de semana sucesivos o alternados;

g) Traslado a otra sección del establecimiento de régimen más riguroso;

h) Traslado a otro establecimiento.

La ejecución de las sanciones no implicará la suspensión total del derecho a visita y correspondencia de un familiar directo o allegado del interno, en caso de no contar con aquél.

Artículo 101 – El sancionado con la corrección de permanencia en su alojamiento habitual no será eximido de trabajar. Se le facilitará material de lectura. Será visitado diariamente por un miembro del personal superior del establecimiento, por el capellán o ministro de culto reconocido por el Estado Nacional cuando lo solicite, por un educador y por el médico. Este último informará por escrito a la dirección, si la sanción debe suspenderse o atenuarse por razones de salud.

Artículo 102 – El director del establecimiento, previo informe del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento, podrá retrotraer al período o fase inmediatamente anterior al interno sancionado por falta grave o media y leve reiterada.

Artículo 103 – Cuando la falta disciplinaria dé motivos para sospechar la existencia de una perturbación mental en su autor, el director del establecimiento deberá solicitar asesoramiento médico, previo a la decisión del caso.

Artículo 104 – El interno debe ser informado de la infracción que se le imputa, tener oportunidad de presentar sus descargos, ofrecer prueba y ser recibido en audiencia por el director del establecimiento antes de dictar resolución, la que en todos los casos deberá ser fundada. La resolución se pronunciará dentro del plazo que fije el reglamento.

Artículo 105 – El interno no podrá ser sancionado dos veces por la misma infracción. En caso de duda se estará a lo que resulte más favorable al interno. En ningún caso se aplicarán sanciones colectivas.

Cuando un hecho cayere bajo más de una falta, sólo se aplicará la sanción mayor. Cuando concurrieren varios hechos independientes de distinta gravedad, se podrán aplicar una o más sanciones en forma conjunta.

Artículo 106 – La notificación de la sanción impuesta debe estar a cargo de un miembro del personal directivo del establecimiento. El interno será informado de sus fundamentos y alcances y exhortado a modificar su comportamiento.

Artículo 107 – Las sanciones serán recurribles ante el juez de ejecución dentro de los cinco días hábiles, derecho del que deberá ser informado el interno al notificársele la resolución. La interposición del recurso no tendrá efecto suspensivo, a menos que así lo disponga el magistrado interviniente. Si el juez de ejecución no se expidiese dentro de los sesenta (60) días, la sanción quedará firme.

Artículo 108 – Las sanciones y los recursos que eventualmente interpongan los sancionados, deberán ser notificados al juez de ejecución por la vía más rápida disponible dentro de las veinticuatro horas subsiguientes a su dictado o interposición.

Artículo 109 – En el supuesto de primera infracción en el establecimiento, si el comportamiento anterior del interno lo justificare, el director, en la misma resolución que impone la sanción, podrá dejar en suspenso su ejecución. Si el interno cometiere otra falta dentro de plazo prudencial que en cada caso fije el director en la misma resolución, se deberá cumplir tanto la sanción cuya ejecución quedó suspendida, como la correspondiente a la nueva infracción.

Artículo 110 – En cada establecimiento se llevará un “registro de sanciones”, foliado, encuadernado y rubricado por el juez de ejecución, en el que se anotarán, por orden cronológico, las sanciones impuestas, sus motivos, su ejecución o suspensión y el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101, dejándose constancia de todo ello en el legajo personal.

CAPITULO V: Conducta y concepto.

Artículo 111 – El interno será calificado de acuerdo a su conducta. Se entenderá por conducta la observancia de las normas reglamentarias que rigen el orden, la disciplina y la convivencia dentro del establecimiento.

Artículo 112 – El interno será calificado, asimismo, de acuerdo al concepto que merezca. Se entenderá por concepto la valoración de su evolución personal de la que se infiera su mayor o menor posibilidad de adecuada reinserción social.

Artículo 113 – La calificación de conducta y concepto será efectuada trimestralmente, notificada al interno en la forma en que reglamentariamente se disponga y formulada de conformidad con la siguiente escala:

a) Ejemplar: Diez (10)

b) Muy buena: Ocho (8) y Nueve (9)

c) Buena: Seis (6) y Siete (7)

d) Regular: Cuatro (4) y Cinco (5)

e) Mala: Dos (2) y Tres (3)

t) Pésima: Uno (1)

Artículo 114 – La calificación de conducta tendrá valor y efectos para determinar la aplicación de la progresividad del régimen, el otorgamiento de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, libertad asistida, conmutación de pena e indulto, la frecuencia de las visitas, la participación en actividades recreativas y otras que los reglamentos establezcan.

En atención a las infracciones disciplinarias sancionadas, respecto de la calificación vigente a ese momento podrán efectuarse las siguientes disminuciones o quitas:

a) Faltas leves: Ninguna o hasta un (01) punto;

b) Faltas medias: entre dos (2) y tres (03) puntos;

c) Faltas graves: entre cuatro (4) y cinco (05) puntos.

A tal efecto el Consejo Correccional deberá tener a la vista y examinar los expedientes disciplinarios correspondientes.

Artículo 115 – La calificación de concepto servirá de base para la aplicación de la progresividad del régimen, el otorgamiento de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, libertad asistida, conmutación de pena e indulto.

Artículo 116 – Los responsables directos de las Divisiones Seguridad Interna y Trabajo y de las Secciones Asistencia Social y Educación, el último día hábil de cada mes, requerirán del personal a sus órdenes, las observaciones que hayan reunido sobre cada interno respecto de:

I. División Seguridad Interna:

a) Convivencia con los otros internos y trato con el personal;

b) Cuidado de las instalaciones, mobiliario, objetos y elementos provistos para uso personal o para uso común;

c) Cumplimiento de los horarios establecidos;

d) Higiene personal y de los objetos de uso propio o compartido.

II. División Trabajo:

a) Aplicación e interés demostrado en las tareas encomendadas;

b) Asistencia y puntualidad;

c) Cumplimiento de las normas propias de la actividad laboral que desempeña.

III. Sección Asistencia Social:

a) Trato con sus familiares, allegados u otros visitantes;

b) Comunicaciones con el exterior.

Sección Educación:

a) Asistencia a la Educación General Básica u optativa, la instrucción a distancia o en el medio libre;

b) Dedicación y aprovechamiento;

c) Participación y actitudes en las actividades recreativas, culturales o deportivas.

El personal de las Divisiones Seguridad Interna y Trabajo y de las Secciones Asistencia Social y Educación en contacto directo con el interno completará semanalmente una planilla con las observaciones que realicen.

El responsable de cada área integrante del Consejo Correccional, el último día hábil de cada mes, deberá formular su calificación de concepto, teniendo en cuenta sus propias observaciones y las que haya realizado el personal a sus órdenes, ponderando además los actos meritorios del interno.

Los informes mensuales deberán ser presentados por el responsable de cada una de sus áreas en la reunión trimestral del Consejo Correccional para que éste califique el concepto.

Para calificar la conducta y el concepto, el Consejo Correccional podrá entrevistar y escuchar al interno, practicar las consultas que estime necesarias y solicitar información a cualquier miembro del personal, quien deberá producirla dentro del plazo requerido. Cuando el interno lo peticionare deberá ser escuchado por el Consejo Correccional.

CAPITULO VI: Recompensas

Artículo 117 – Los actos del interno que demuestren buena conducta, espíritu de trabajo, voluntad en el aprendizaje y sentido de responsabilidad en el comportamiento personal y en las actividades organizadas del establecimiento, serán estimulados mediante un sistema de recompensas reglamentariamente determinado. No podrá establecerse como recompensa la promoción excepcional a cualquier fase del período de tratamiento.

CAPITULO VII:Trabajo Principios generales

Artículo 118 – El trabajo constituye un derecho y un deber del interno. Es una de las bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación.

Artículo 119 – El trabajo se regirá por los siguientes principios:

a) No se impondrá como castigo;

b) No será aflictivo, denigrante, infamante ni forzado;

c) Propenderá a la formación y al mejoramiento de los hábitos laborales;

d) Procurará la capacitación del interno para desempeñarse en la vida libre;

e) Se programará teniendo en cuenta las aptitudes y condiciones psicofísicas de los internos, las tecnologías utilizadas en el medio libre y las demandas del mercado laboral;

f) Deberá ser remunerado;

g) Se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente.

Artículo 120 – El trabajo de los internos no se organizará exclusivamente en función del rendimiento económico individual o del conjunto de la actividad, sino que tendrá como finalidad primordial la generación de hábitos laborales, la capacitación y la creatividad.

Artículo 121 – El trabajo del interno estará condicionado a su aptitud física o mental.

Artículo 122 – Sin perjuicio de su obligación a trabajar, no se coaccionará al interno a hacerlo. Su negativa injustificada será considerada falta media e incidirá desfavorablemente en el concepto.

Artículo 123 – La ejecución del trabajo remunerado no exime a ningún interno de su prestación personal para labores generales del establecimiento o comisiones que se le encomienden de acuerdo con los reglamentos. Estas actividades no serán remuneradas, salvo que fueren su única ocupación.

Artículo 124 – El trabajo del interno estará basado en criterios pedagógicos y psicotécnicos.

Dentro de las posibilidades existentes el interno podrá manifestar su preferencia por el trabajo que desee realizar.

Artículo 125 – En el caso de internos que ejerciten o perfeccionen actividades artísticas o intelectuales, éstas podrán ser su única actividad laboral si fuere productiva y compatible con su tratamiento y con el régimen del establecimiento.

Formación profesional

Artículo 126 – La capacitación laboral del interno, particularmente la de los jóvenes adultos, será objeto de especial cuidado.

El régimen de aprendizaje de oficios a implementar, será concordante con las condiciones personales del interno y con sus posibles actividades futuras en el medio libre.

Artículo 127 – Se promoverá la organización de sistemas y programas de formación y reconversión laboral, las que podrán realizarse con la participación concertada de las autoridades laborales, agrupaciones sindicales, empresarias y otras entidades sociales vinculadas al trabajo y a la producción.

Artículo 128 – Los diplomas, certificados o constancias de capacitación laboral que se expidan, no deberán contener referencias de carácter penitenciario.

Organización

Artículo 129 – La organización del trabajo penitenciario, sus métodos, modalidades, jornadas de labor, horarios, medidas preventivas de higiene y seguridad, atenderán a las exigencias técnicas y a las normas establecidas en la legislación inherente al trabajo libre.

Artículo 130 – La administración velará para que las tareas laborales se coordinen con los horarios destinados a otros aspectos del tratamiento del interno.

Artículo 131 – El trabajo y la producción podrán organizarse por administración, bajo las formas de ente descentralizado, empresa mixta o privada, por cuenta propia del interno o mediante sistema cooperativo. En cualquiera de esas modalidades la administración ejercerá la supervisión de la actividad del interno en lo concerniente al tratamiento.

Un reglamento especial establecerá las normas regulatorias de los aspectos vinculados a la organización, funcionamiento, supervisión y evaluación de los entes oficiales, mixtos, privados o cooperativos.

Las utilidades materiales percibidas por la administración penitenciaria se emplearán exclusivamente en obras y servicios relacionados con el tratamiento de los internos.

Remuneración

Artículo 132 – El trabajo del interno será remunerado, salvo los casos previstos por el artículo 123. Si los bienes o servicios producidos se destinaren al Estado o a entidades de bien público, el salario del interno no será inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo vital móvil. En los demás casos o cuando la organización del trabajo esté a cargo de una empresa mixta o privada la remuneración será igual al salario de la vida libre correspondiente a la categoría profesional de que se trate.

Los salarios serán abonados en los términos establecidos en la legislación laboral vigente.

Artículo 133 – La retribución del trabajo del interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social, se distribuirá simultáneamente en la forma siguiente:

a) Diez por ciento (10%) para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia;

b) Treinta y cinco por ciento (35%) para la prestación de alimentos, según el Código Civil;

c) Veinticinco por ciento (25%) para costear los gastos que causare en el establecimiento;

d) Treinta por ciento (30%) para formar un fondo propio que se le entregará a su salida.

Artículo 134 – El salario correspondiente al interno durante la semilibertad, prisión discontinua o semidetención podrá ser percibido por la administración penitenciaria o por el propio interno. En todos los casos deberá ser aplicado al cumplimiento de lo dispuesto en los incisos 1, 2 y 4 del artículo 11 del Código Penal.

Artículo 135 – Cuando no hubiere indemnización que satisfacer, la parte que correspondiere a la misma según el artículo anterior acrecerá el porcentaje destinado a la prestación de alimentos.

Artículo 136 – Si el interno no tuviere indemnización que satisfacer, ni hubiere lugar a la prestación de alimentos, los porcentajes respectivos acrecerán al fondo propio.

Artículo 137 – Si el interno tuviere que satisfacer indemnización, pero no prestación alimentaria, la parte que pudiere corresponder a ésta, acrecerá el fondo propio.

Artículo 138 – En los casos previstos en el artículo 134, la parte destinada para costear los gastos que el interno causara al establecimiento, acrecerá su fondo propio.

Artículo 139 – La administración penitenciaria podrá autorizar que se destine como fondo disponible hasta un máximo del treinta por ciento (30%) del fondo propio mensual, siempre que el interno haya alcanzado como mínimo la calificación de conducta buena. El fondo disponible se depositará en el establecimiento a la orden del interno para adquisición de los artículos de uso y consumo personal que autoricen los reglamentos.

Artículo 140 – El fondo propio, deducida en su caso la parte disponible que autoriza el artículo anterior, constituirá un fondo de reserva, que deberá ser depositado a interés en una institución bancaria oficial, en las mejores condiciones de plaza. Este fondo, que será entregado al interno a su egreso, por agotamiento de pena, libertad condicional o asistida, será incesible e inembargable, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 141.

Los reglamentos establecerán en casos debidamente justificados y con intervención judicial, la disposición anticipada del fondo de reserva. En el supuesto de fallecimiento del interno, el fondo de reserva será transmisible a sus herederos.

Artículo 141 – De la remuneración del trabajo del interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social, podrá descontarse, en hasta un veinte por ciento (20%) los cargos por concepto de reparación de daños intencionales o culposos causados en las cosas muebles o inmuebles del Estado o de terceros.

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Artículo 142 – La muerte o los accidentes sufridos por internos durante o con motivo de la ejecución del trabajo, así como las enfermedades profesionales contraídas por su causa, serán indemnizables conforme la legislación vigente.

Artículo 143 – La indemnización, cualquiera fuere el monto de la efectiva remuneración percibida por el interno, se determinará sobre la base de los salarios fijados en los convenios o disposiciones vigentes, a la fecha del siniestro, para las mismas o similares actividades en el medio libre.

Artículo 144 – Durante el tiempo que dure su incapacidad, el interno accidentado o enfermo percibirá la remuneración que tenía asignada.

CAPITULO VIII: Educación

Artículo 145 – Derecho a la educación. Todas las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación pública. El Estado provincial tiene la responsabilidad indelegable de proveer prioritariamente a una educación integral, permanente y de calidad para todas las personas privadas de su libertad, garantizando la igualdad y gratuidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones no gubernamentales y de todos aquellos que puedan contribuir en la misma.

Los internos deberán tener acceso pleno a la educación en todos sus niveles y modalidades de conformidad con las Leyes 26.206 de Educación Nacional, 26.058 de Educación Técnico-Profesional, 26.150 de Educación Sexual Integral, 24.521 de Educación Superior y toda otra norma aplicable nacional y/o provincial aplicable.

Artículo 146 – Los fines y objetivos de la política educativa respecto de las personas privadas de su libertad son idénticos a los fijados para todos los habitantes de la Nación por la ley de Educación Nacional. Las finalidades propias de esta Ley no pueden entenderse en el sentido de alterarlos en modo alguno. Todos los internos deben completar la escolaridad obligatoria fijada en la ley.

Artículo 147 – Son deberes de los alumnos estudiar y participar en todas las actividades formativas y complementarias, respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, participar y colaborar en la mejora de la convivencia y en la consecución de un adecuado clima de estudio en la institución, respetando el derecho de sus compañeros a la educación y las orientaciones de la autoridad, los docentes y los profesores, respetar el proyecto educativo institucional, las normas de organización, convivencia y disciplina del establecimiento, asistir a clase regularmente y con puntualidad y conservar y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales didácticos del establecimiento.

Artículo 148 – Restricciones prohibidas al derecho a la educación. El acceso a la educación en todos sus niveles y modalidades no admitirá limitación alguna fundada en motivos discriminatorios, ni en la situación procesal de los internos, el tipo de establecimiento de detención, la modalidad de encierro, el nivel de seguridad, el grado de avance en la progresividad del régimen penitenciario, las calificaciones de conducta o concepto, ni en ninguna otra circunstancia que implique una restricción injustificada del derecho a la educación.

Artículo 149 – Situaciones especiales. Las necesidades especiales de cualquier persona o grupo serán atendidas a fin de garantizar el pleno acceso a la educación, tal como establece la Ley de Educación Nacional 26.206. La mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo, el parto, y se le proveerán los medios materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el medio carcelario, facilitándose la continuidad y la finalización de los estudios, tal como lo establece el artículo 58 de la Ley de Educación Nacional.

Artículo 150 – Notificación al interno. El contenido de este capítulo será puesto en conocimiento de todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente, al momento de su ingreso a una institución. Desde el momento mismo del ingreso se asegurará al interno su derecho a la educación, y se adoptarán las medidas necesarias para mantener, fomentar y mejorar sus capacidades e instrucción. Cada vez que un interno ingrese a un establecimiento, las autoridades educativas y penitenciarias deberán certificar su nivel de instrucción dejando constancia en el legajo personal y en los registros pertinentes.

En caso de ingresar con algún nivel de escolaridad incompleto, la autoridad educativa determinará el grado de estudio alcanzado mediante los procedimientos estipulados para los alumnos del sistema educativo y asegurará la continuidad de esos estudios desde el último grado alcanzado al momento de privación de libertad.

Artículo 151 – Acciones de implementación. La Dirección General de Escuelas acordará y coordinará todas las acciones, estrategias y mecanismos necesarios para la adecuada satisfacción de las obligaciones de este capítulo con las autoridades nacionales, con Institutos de educación superior de gestión estatal y con Universidades Nacionales.

El Ministerio Trabajo, Justicia y Gobierno, la autoridad penitenciaria, y los organismos responsables de las instituciones en que se encuentran niños y adolescentes privados de su libertad, deberán atender las indicaciones de la autoridad educativa y adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo.

Entre otras acciones, deberán proveer de ámbitos apropiados para la educación, tanto para los internos como para el personal docente y penitenciario, adoptar las previsiones presupuestarias y reglamentarias pertinentes, remover todo obstáculo que limite los derechos de las personas con discapacidad, asegurar la permanencia de los internos en aquellos establecimientos donde cursan con regularidad, mantener un adecuado registro de los créditos y logros educativos, requerir y conservar cualquier antecedente útil a la mejor formación del interno, garantizar la capacitación permanente del personal penitenciario en las áreas pertinentes, fomentar la suscripción de convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas, garantizar el acceso a la información y a los ámbitos educativos de las familias y de las organizaciones e instituciones vinculadas al tema, fomentar las visitas y todas las actividades que incrementen el contacto con el mundo exterior, incluyendo el contacto de los internos con estudiantes, docentes y profesores de otros ámbitos, la facilitación del derecho a enseñar de aquellos internos con aptitud para ello, y la adopción de toda otra medida útil a la satisfacción plena e igualitaria del derecho a la educación.

En todo establecimiento funcionará, además, una biblioteca para los internos, debiendo estimularse su utilización según lo estipula la ley de Educación Nacional.

Artículo 152 – Documentación y certificados. A los efectos de garantizar la provisión y la continuidad de los estudios, se documentarán en el legajo personal del interno o procesado los créditos y logros educativos correspondientes alcanzados de manera total o parcial que, además, se consignarán en la documentación de la institución educativa correspondiente. En caso de traslado del interno o procesado, la autoridad educativa deberá ser informada por la autoridad judicial correspondiente para proceder a tramitar de manera automática el pase y las equivalencias de acuerdo a la institución educativa y al plan de estudios que se corresponda con el nuevo destino penitenciario o el educacional que se elija al recuperar la libertad. Los certificados de estudios y diplomas extendidos por la autoridad educacional competente durante la permanencia del interno en un establecimiento penitenciario, no deberán contener ninguna indicación que permita advertir esa circunstancia.

Artículo 153 – Estímulo educativo. Los plazos requeridos para el avance a través de las distintas fases y períodos de la taprogresividad del sistema penitenciario se reducirán de acuerdo con las pautas que se fijan en este artículo, respecto de los internos que completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de formación profesional o equivalentes, en consonancia con lo establecido por la Ley Nacional 26.206 en su Capítulo XII:

a) un (1) mes por ciclo lectivo anual;

b) dos (2) meses por curso de formación profesional anual o equivalente;

c) dos (2) meses por estudios primarios completos;

d) cuatro (4) meses por estudios secundarios completos;

e) seis (6) meses por estudios de nivel terciario completos;

f) un (1) año por estudios univesitarios completos;

g) tres (3) meses por cursos de posgrado completos.

Estos plazos serán acumulativos hasta un máximo de veinticuatro (24) meses.

Artículo 154 – Control de la gestión educativa de las personas privadas de su libertad. La Dirección General de Escuelas, en el marco del Consejo Federal de Educación, deberá establecer un sistema de información público, confiable, accesible y actual, sobre la demanda y oferta educativa, los espacios y los programas de estudio existentes en cada establecimiento y mantener noun adecuado registro de sus variaciones. Deberá garantizarse el amplio acceso a dicha información al Procurador de las Personas Privadas de Libertad, a organizaciones no gubernamentales interesadas en el tema, y a abogados, funcionarios competentes, académicos, familiares de las personas privadas de su libertad, y a toda otra persona con legítimo interés.

Artículo 155 – Control judicial. Los obstáculos e incumplimientos en el acceso al derecho a la toseducación podrán ser remediados por los jueces competentes a través de la vía del hábeas corpus correctivo, incluso en forma colectiva. Excepcionalmente, los jueces podrán asegurar la educación a través de un tercero a cuenta del Estado, o, tratándose de la escolaridad obligatoria, de la continuación de los estudios en el medio libre.

CAPITULO IX: Asistencia médica

Artículo 156 – El interno tiene derecho a la salud. Deberá brindársele oportuna asistencia médica integral, no pudiendo ser impedida su accesibilidad a la consulta y a los tratamientos prescriptos.

Los estudios diagnósticos, tratamientos y medicamentos indicados, le serán suministrados sin cargo.

Artículo 157 – Al ingreso o reingreso del interno a un establecimiento, deberá ser examinado por un profesional médico. Este dejará constancia en la historia clínica de su estado clínico, así como de las lesiones o signos de malos tratos y de los síndromes etílicos o de ingesta de drogas, estupefacientes o cualquier otra sustancia tóxica susceptible de producir dependencia física o psíquica, si los presentara.

Detectadas las anomalías aludidas, el médico deberá comunicarlas inmediatamente al director del establecimiento.

Artículo 158 – La historia clínica en la que quedará registrada toda prestación médica, se completará con la incorporación de los estudios psicológico y social realizados durante el período de observación, previsto en el artículo 14 inciso a), y la actualización a que aluden el artículo 14 inciso d) y el artículo 26.

Copia de la historia clínica y de sus actuaciones integrará la historia criminológica.

Artículo 159 – Cuando el interno ingrese o reingrese al establecimiento con medicamentos en su poder o los reciba del exterior, el director conforme dictamen médico decidirá el uso que deba hacerse de ellos.

Artículo 160 – El interno podrá ser trasladado a un establecimiento penitenciario especializado de carácter asistencial médico o psiquiátrico o a un centro apropiado del medio libre, cuando la naturaleza del caso así lo aconseje.

En el segundo de los supuesse requerirá previa autorización del juez de ejecución, salvo razones de urgencia. En todos los casos se comunicará la novedad de inmediato al magistrado interviniente.

Artículo 161 – El interno podrá requerir, a su exclusivo cargo, la atención de profesionales privados.

La autoridad penitenciaria dará curso al pedido, excepto que razones debidamente fundadas aconsejen limitar este derecho.

Toda divergencia será resuelpor el juez de ejecución.

Artículo 162 – Si el tratamiento del interno prescribiere la realización de operaciones de cirugía mayor o cualquiera otra intervención quirúrgica o médica que implicaren grave riesgo para la vida o fueren susceptibles de disminuir permanentemente sus condiciones orgánicas o funcionales, deberá mediar su consentimiento o el de su representante legal y la autorización del juez de ejecución, previo informe de peritos médicos.

En caso de extrema urgencia, bastará el informe médico, sin perjuicio de la inmediata comunicación al juez de ejecución.

Artículo 163 – Está expresamente prohibido someter a los internos a investigaciones o tratamientos médicos o científicos de carácter experimental.

Artículo 164 – Sólo se permitiinvestigaciones o tratamientos experimentales mediando solicitud del interno, en enfermedades incurables y siempre que los mismos sean avalados por la autoridad sanitaria correspondiente y se orienten a lograr una mejora en su estado de salud.

Artículo 165 – Si el interno se negare a ingerir alimentos, se intensificarán los cuidados y controles médicos. Se informará de inmediato al juez de ejecución solicitando, en el mismo acto, su autorización para proceder a la alimentación forzada, cuando, a criterio médico, existiere grave riesgo para la salud del interno.

Artículo 166 -Los tratamientos psiquiátricos que impliquen suspensión de la conciencia o pérdida de la autonomía psíquica, aunque fueran transitorias, sólo podrán ser realizados en establecimientos especializados.

CAPITULO X: Asistencia espiritual

Artículo 167 – El interno tiene derecho a que se respete y garantice su libertad de conciencia y de religión, se facilite la atención espiritual que requiera y el oportuno contacto personal y por otros medios autorizados con un representante del credo que profese, reconocido e inscrito en el Registro Nacional de Cultos y conforme a la Ley 7.848. Ninguna sanción disciplinaria podrá suspender el ejercicio de este derecho.

Artículo 168 – El interno será autorizado, en la medida de lo posible, a satisfacer las exigencias de su vida religiosa, participando de ceremonias litúrgicas y a tener consigo objetos, libros de piedad, de moral e instrucción de su credo, para su uso personal.

Artículo 169 – En cada establecimiento se habilitará un local adecuado para celebraciones litúrgicas, reuniones y otros actos religiosos de los diversos cultos reconocidos.

Artículo 170 – En todo establecimiento penitenciario se celebrará el culto católico, en forma adecuada a las posibilidades edilicias de que disponga. La concurrencia a estos actos será absolutamente voluntaria.

Artículo 171 – Los capellanes de los establecimientos tendrán a su cargo la instrucción religiosa y moral y la orientación espiritual de los internos, incluso de los no católicos que la aceptaren.

CAPITULO XI: Relaciones familiares y sociales

Artículo 172 – El interno tiene derecho a comunicarse periódicamente, en forma oral o escrita, con su familia, amigos, allegados, curadores y abogados, así como con representantes de organismos oficiales e instituciones privadas con personería jurídica que se interesen por su reinserción social.

En todos los casos se respetará la privacidad de esas comunicaciones, sin otras restricciones que las dispuestas por juez de ejecución.

Artículo 173 – Los internos de nacionalidad extranjera, gozarán de facilidades para comunicarse con sus representantes diplomáticos y consulares acreditados.

Los internos nacionales de Estados sin representación diplomática o consular en el país, los refugiados y los apátridas, tendrán las mismas posibilidades para dirigirse al representante diplomático del Estado encargado de sus intereses en el país o a cualquier autoridad nacional o internacional que tenga la misión de protegerlos.

Artículo 174 – Las visitas y la correspondencia que reciba o remita el interno y las comunicaciones telefónicas, se ajustarán a las condiciones, oportunidad y supervisión que determinen los reglamentos, los que no podrán desvirtuar lo establecido en los artículos 172 y 173 y deberá ajustarse a las previsiones del la Ley 7.968.

Quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles.

A tal fin se deberá proceder al bloqueo y/o inhibición de señal de telefonía móvil dentro del establecimiento penitenciario para impedir u obstaculizar el uso de dichos dispositivos en el establecimiento.

Artículo 175 – Las comunicaciones orales o escritas previstas en el artículo 174, sólo podrán ser suspendidas o restringidas transitoriamente, por resolución fundada del director del establecimiento, quien de inmediato, lo comunicará al juez de ejecución o juez competente. El interno será notificado de la suspensión o restricción transitoria de su derecho.

Artículo 176 – El visitante deberá respetar las normas reglamentarias vigentes en la institución, las indicaciones del personal y abstenerse de introducir o intentar ingresar elemento alguno que no haya sido permitido y expresamente autorizado por el director. Si faltaren a esta prescripción o se comprobare connivencia culpable con el interno, o no guardare la debida compostura, su ingreso al establecimiento será suspendido, temporal o definitivamente, por resolución del director, la que podrá recurrirse ante el juez de ejecución o el juez competente.

Artículo 177 – El visitante y sus pertenencias, por razones de seguridad, serán registrados. El registro, dentro del respeto a la dignidad de la persona humana, será realizado o dirigido, según el procedimiento previsto en los reglamentos por personal del mismo sexo del visitante. El registro manual, en la medida de lo posible, será sustituido por sensores no intensivos u otras técnicas no táctiles apropiadas y eficaces.

Artículo 178 – El interno tiene el derecho a estar informado de los sucesos de la vida nacional e internacional, por los medios de comunicación social, publicaciones o emisiones especiales permitidas.

Artículo 179 – La enfermedad o accidentes graves o el fallecimiento del interno, será comunicado inmediatamente a su familia, allegados o persona indicada previamente por aquél, al representante de su credo religioso y al juez de ejecución.

Artículo 180 – El interno será autorizado, en caso de enfermedad o accidente grave o fallecimiento de familiares o allegados con derecho a visita o correspondencia, para cumplir con sus deberes morales, excepto cuando se tuviesen fundados motivos para resolver lo contrario.

Artículo 181 – Los internos que no gocen de permiso de salida para afianzar y mejorar los lazos familiares podrán recibir la visita íntima de su cónyuge o, a falta de éste, de la persona con quien mantiene vida marital permanente, en la forma y modo que determinen los reglamentos.

CAPITULO XII: Asistencia social

Artículo 182 – Las relaciones del interno con su familia, en tanto fueren convenientes para ambos y compatibles con su tratamiento, deberán ser facilitadas y estimuladas. Asimismo se lo alentará para que continúe o establezca vínculos útiles con personas u organismos oficiales o privados con personería jurídica, que puedan favorecer sus posibilidades de reinserción social.

Artículo 183 – Al interno se le prestará asistencia moral y material y, en la medida de lo posible, amparo a su familia. Esta asistencia estará a cargo de órganos o personal especializado, cuya actuación podrá ser concurrente con la que realicen otros organismos estatales y personas o entidades privadas con personería jurídica.

Artículo 184 – En defecto de persona allegada al interno designada como curador o susceptible de serlo, se proveerá a su representación jurídica, en orden a la curatela prevista en el artículo 12 del Código Penal.

Artículo 185 – En modo particular se velará por la regularización de los documentos personales del interno. A su ingreso se le requerirá información sobre los mismos. La documentación que traiga consigo, se le restituya o se le obtenga, se depositará en el establecimiento, para serle entregada bajo constancia, a su egreso.

CAPITULO XIII: Asistencia postpenitenciaria

Artículo 186 – Los egresados y liberados gozarán de protección y asistencia social, moral y material postpenitenciaria a cargo de la dirección de promoción del liberado, procurando que no sufra menoscabo su dignidad, ni se ponga de manifiesto su condición.

Artículo 187 – La asistencia postpenitenciaria atenderá a su ubicación social y a su alojamiento, a la obtención de trabajo, a la provisión de vestimenta adecuada y de recursos suficientes, si no los tuviere, para solventar la crisis del egreso y de pasaje para trasladarse al lugar de la República donde fije su residencia.

Artículo 188 – Las gestiones conducentes al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 186, se iniciarán con la debida antelación, para que en el momento de egresar, el interno encuentre facilitada la solución de los problemas que puedan ser causa de desorientación, desubicación o desamparo. A tales efectos se le conectará con la Dirección de Promoción del Liberado y de prestarle asistencia y protección en todas las demás formas de egreso.

CAPITULO XIV: Contralor judicial y administrativo de la ejecución

Artículo 189 – El juez de ejecución verificará, por lo menos semestralmente, si el tratamiento de los condenados y la organización de los establecimientos de ejecución se ajusta a las prescripciones de este Código y de los reglamentos que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo. Las observaciones y recomendaciones que resulten de esas inspecciones serán comunicadas al Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno.

Artículo 190 – El Poder Ejecutivo dispondrá que inspectores calificados por su formación y experiencia, designados por una autoridad superior a la administración penitenciaria efectúen verificaciones, por lo menos, semestrales con los mismos propósitos que los establecidos en el artículo 189.

TITULO II: SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA

Capítulo 1 Sistema Penitenciario. Conformación

Artículo 191 – El Sistema Penitenciario de la Provincia de Mendoza compuesto por:

1- El Servicio Penitenciario

2- El Organismo Técnico-Criminológico (OTC)

3- La Dirección de Promoción de los Liberados (DP)

4- Procurador de las Personas Privadas de Libertad

5- La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

6- La Inspección General de Seguridad.

Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el presente Código, la Dirección de Promoción del Liberado se regirá de conformidad a lo establecido por la Ley 7.503, de mismo modo la Inspección General de Seguridad se regirá en un todo de acuerdo con la Ley 6.721; por último el Procurador de las Personas Privadas de Libertad y La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se atendrán a lo dispuesto por la Ley 8.284.

Capítulo II: Servicio Penitenciario

Artículo 192 – El Servicio Penitenciario de la Provincia dependerá orgánica y funcionalmente del Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, a través de la Subsecretaria de Justicia.

Artículo 193 – El Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza está constituido:

a) Por la Dirección General del Servicio Penitenciario;

b) Por los Establecimientos Penitenciarios;

c) Por los Organismos indispensables para el cumplimiento de su misión;

d) Por el personal que integra el Cuerpo Penitenciario de la Provincia;

e) Por el personal civil, para el cual regirán las disposiciones legales que correspondan.

Artículo 194 – La Dirección General del Servicio Penitenciario es el órgano técnico desconcentrado responsable de la conducción operativa y administrativa del Servicio Penitenciario Provincial. Tiene a su cargo los establecimientos y organismos enunciados en el artículo 193, destinados al cumplimiento de los objetivos fijados por este Código y de las normas que se dicten en consecuencia.

Artículo 195 – Son funciones de la Dirección General del Servicio Penitenciario:

a) Procurar la reinserción social de los condenados a penas privativas de libertad;

b) Velar por la seguridad y custodia de las personas sometidas a procesos y de las condenadas a penas privativas de la libertad, garantizando sus derechos fundamentales;

c) Adoptar todas las medidas que requiera la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad bajo su jurisdicción, en particular su vida e integridad física.

d) Organizar y ejecutar la política penitenciaria que fije el Poder Ejecutivo Provincial a través de la Subsecretaría de Justicia;

e) Asesorar al Poder Ejecutivo Provincial en todo asunto que se relacione con la política penitenciaria;

f) Cooperar con otros organismos en la elaboración de una política de prevención de la delincuencia.

Artículo 196 – La Dirección General del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza estará constituida por:

1) Director General del Servicio Penitenciario;

2) Subdirector General del Servicio Penitenciario

3) Coordinación de Tratamiento

4) Coordinación de Seguridad

5) Coordinación de Administración Contable;

6) Coordinación de Recursos Humanos;

7) Departamento Legal y Técnico;

8) Capellanía Mayor;

9) Secretaría General.

Artículo 197 – Sin perjuicio de lo establecido en el articulo anterior, el Poder Ejecutivo, a propuesta del Director General del Servicio Penitenciario, podrá crear nuevas áreas cuando las necesidades así lo requieran.

Artículo 198 – El Director General del Servicio Penitenciario, el Subdirector General del Servicio Penitenciario, los Directores de los establecimientos y el Capellán Mayor, serán designados por el Poder Ejecutivo de la Provincia. Los Coordinadores, Jefe del Departamento Legal y Técnico, Secretario General y demás funcionarios de la Dirección General serán designados por el Poder Ejecutivo de la Provincia a propuesta del Director General del Servicio Penitenciario, previo concurso de antecedentes y oposición.

Artículo 199 – Serán requisitos indispensables para ocupar los cargos de los artículos anteriores, título universitario afín a la función y experiencia calificada. Entre los requisitos se exigirá, además, experiencia y capacitación administrativa, un adecuado perfil para el cargo y otras condiciones que fijen los reglamentos.

Artículo 200 – Serán funciones del Director General del Servicio Penitenciario:

a) Planificar, organizar, ejecutar y controlar las acciones desarrolladas por la Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial;

b) Asumir la representación de la Institución;

e) Ejercer el control e inspección de todos los establecimientos e institutos a su cargo;

d) Proponer al Poder Ejecutivo la reglamentación de este Código y dictar los reglamentos internos de los establecimientos e institutos a su cargo;

e) Crear bajo su dependencia departamentos, divisiones o áreas cuando las necesidades así lo requieran y conforme lo establezca la reglamentación;

f) Resolver respecto a los destinos, transferencias y demás situaciones atinentes al personal a su cargo dentro de la órbita del Servicio Penitenciario;

g) Formular la política de formación y capacitación del personal penitenciario, poniendo particular énfasis en fortalecer el espíritu crítico y el respeto por los Derechos Humanos;

h) Elevar a la Subsecretaría de Justicia las propuestas de promoción y ascenso del personal;

i) Disponer las sanciones disciplinarias establecidas legalmente;

j) Admitir en los establecimientos carcelarios a procesados y condenados de Jurisdicción Federal, a los que les será aplicable la legislación Provincial, debiendo gestionar ante las autoridades respectivas el reintegro de los gastos que demanden;

k) Elevar la previsión presupuestaria anual a la Subsecretaría de Justicia;

I) Realizar la ejecución presupuestaria de su sector, autorizando gastos hasta el monto que establezca la reglamentación.

m) Propiciar la creación de establecimientos penitenciarios en la Provincia;

n) Organizar conferencias penitenciarias provinciales;

o) Auspiciar convenios con la Nación y las Provincias en materia de organización carcelaria y régimen de la pena;

p) Elaborar la estadística penitenciaria provincial;

q) Intercambiar información con las instituciones oficiales y privadas de asistencia postpenitenciaria;

r) Propiciar y mantener intercambio técnico y científico con instituciones similares nacionales, provinciales y extranjeras.

s) Toda otra función que el presente Código le asigne en el marco de su competencia.

Artículo 201 – Le compete al Subdirector General del Servicio Penitenciario, como inmediato y principal colaborador del Director General del Servicio Penitenciario, los asuntos inherentes a la gestión institucional, cumplir las funciones que éste le encomiende, reemplazándolo en su ausencia, enfermedad o delegación con todas las obligaciones y facultades del titular.

Artículo 202 – Será función de las Coordinaciones: asesorar al Director y Subdirector General del Servicio Penitenciario, acordando criterios, estableciendo los lineamientos y controlando la actuación de las áreas de su competencia en los Establecimientos Penitenciarios dependientes de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Artículo 203 – Anualmente, deberán realizar una evaluación de los resultados obtenidos con las medidas implementadas en las áreas de su competencia, para identificar diferencias con las acciones planeadas y proponer cursos de acción correctivos.

Artículo 204 – Serán funciones del Coordinador de Tratamiento gestionar las acciones concernientes al tratamiento aplicable a los internos condenados y procesados, de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias y con la finalidad de integrar socialmente o evitar la desocialización del interno.

Atenderá los aspectos psicológicos, sociales, de salud, educativos, recreativos, culturales, laborales y todos aquellos que, a su criterio técnico, coadyuven al logro de los objetivos propuestos.

Artículo 205 – Serán funciones del Coordinador de Seguridad gestionar las acciones concernientes a traslado de internos, la cobertura integral de la seguridad de los Establecimientos y de las personas sometidas a su guarda y custodia, como asi también del personal que allí trabaja.

Artículo 206 – Serán funciones del Coordinador de Administración Contable administrar los bienes de la Institución; dirigir y controlar las tareas de las áreas que se encuentran bajo su dependencia en los establecimientos; controlar la correcta ejecución del presupuesto; preparar los balances e inventarios; realizar los trámites inherentes a las compras que efectúe la Dirección General del Servicio Penitenciario, con sujeción a las normas legales que rigen la materia; elaborar la previsión presupuestaria de la Institución; gestionar el mantenimiento y conservación de los edificios; registrar todos los bienes muebles e inmuebles de la Institución.

Artículo 207 – Serán funciones del Coordinador de Recursos Humanos participar en el proceso de reclutamiento y selección de aspirantes, proponer la afectación del personal incorporado a cada destino y las transferencias entre las dependencias de la Dirección General del Servicio Penitenciario; diseñar y ejecutar programas de capacitación continua; confeccionar y actualizar Legajos Personales; controlar las áreas que se encuentren bajo su órbita en los establecimientos; proponer la contratación de especialistas, instructores técnicos y maestros; atender a las condiciones de salubridad y la asistencia al personal penitenciario; proponer los regímenes horarios del personal; intervenir en los procesos de calificación, ascensos, reincorporación y retiro del personal y fijar el plan de carrera del personal penitenciario.

Artículo 208 – Serán funciones del Jefe del Departamento Legal y Técnico asesorar, representar y asistir al Director y Subdirector General del Servicio Penitenciario en cuestiones de índole jurídica que se susciten en el cumplimiento de sus funciones; coordinar y unificar criterios jurídicos a implementarse dentro del Servicio Penitenciario; dictaminar necesariamente en las contrataciones que realice la Dirección General del Servicio Penitenciario y en todo otro asunto sometido a su consideración y confeccionar los reglamentos necesarios para el funcionamiento de los establecimientos e institutos penitenciarios.

Artículo 209 – La Capellanía Mayor estará a cargo del Capellán Mayor y dependerá directamente de la Dirección General del Servicio Penitenciario ejerciendo sus funciones conforme lo dispuesto por la Ley de creación del programa destinado a garantizar el derecho de los internos en relación a su libertad de conciencia y de religión creado por Ley 7.846.

Artículo 210 – Serán funciones del Secretario General llevar el registro del movimiento de las actuaciones administrativas de la Dirección General del Servicio Penitenciario; redactar los proyectos de resoluciones, órdenes internas, notas y memorándum que deba firmar el Director y Subdirector General del Servicio Penitenciario; suscribir las resoluciones de mero trámite interno de la repartición y encargarse del protocolo, prensa y difusión. Asimismo deberá organizar una Mesa de Entradas que tendrá como funciones esenciales las siguientes: recibir, caratular, poner cargo, registrar, clasificar, dar destino y despachar todas las actuaciones administrativas que ingresen o salgan de la repartición; atender y orientar a los interesados en sus peticiones y gestiones ante la repartición.

Capítulo III: De los Establecimientos Penitenciarios

Sección Primera: Disposiciones Generales

Artículo 211 – Los Establecimientos Penitenciarios de la Provincia, funcionarán como unidades organizativas dependientes de la Dirección General del Servicio Penitenciario y comprenderá a:

a) Establecimiento o Alcaldía para procesados;

b) Centro de observación para el estudio criminológico del condenado y planificación de su tratamiento;

c) Instituciones diferenciadas por su régimen para la ejecución de la pena establecimientos abiertos, semiabiertos y cerrados;

d) Instituciones diferenciadas para mujeres y jóvenes adultos;

e) Establecimientos especiales de carácter asistencial médico y psiquiátrico.

Artículo 212 – Cada establecimiento de ejecución tendrá su propio reglamento interno, basado en este Código, en su destino específico y en las necesidades del tratamiento individualizado que deban recibir los alojados. Contemplará una racional distribución del tiempo diario que garantice la coordinación de los medios de tratamiento que en cada caso deban utilizarse, en particular la enseñanza en los niveles obligatorios, la atención de las necesidades físicas y espirituales y las actividades laborales, familiares, sociales, culturales y recreativas de los internos, asegurando ocho horas para el reposo nocturno y un día de descanso semanal.

Artículo 213 – Las cárceles o alcaidías tienen por objeto retener y custodiar a las personas sometidas a proceso penal. Su régimen posibilitará que el interno pueda ejercer su derecho al trabajo y afrontar la responsabilidad de asistir a su grupo familiar dependiente e incluirá programas y actividades que permitan evitar o reducir, al mínimo posible, la desocializaclón que pueda generar la privación de libertad.

Artículo 214 – Los establecimientos destinados a procesados no podrán alojar condenados, excepcionalmente en los supuesto de imposibilidad física y/o material los procesados deberán ser alojados en pabellones diferenciados sin contacto con los internos condenados.

Artículo 215 – En las cárceles y establecimientos de ejecución de la pena no se podrá recibir, bajo ningún concepto, persona alguna, que no sea acompañada de una orden de detención expresa extendida por juez competente.

Artículo 216 – Para la realización de las tareas técnicocriminológicas que dispone el articulo 14, según las circunstancias locales, se deberá disponer de:

a) Una institución destinada a esa exclusiva finalidad;

b) Una sección separada e independiente en la cárcel o alcaldía de procesados;

c) Una sección apropiada e independiente en una institución de ejecución de la pena.

Artículo 217 – Según lo requiera el volumen y la composición de la población penal y las necesidades del tratamiento individualizado de los internos, deberá contarse con instituciones abiertas, semiabiertas y cerradas.

Artículo 218 – Los establecimientos de carácter asistencial especializados podrán ser:

a) Centros hospitalarios diversificados cuando sea necesario y posible;

b) Institutos psiquiátricos. La dirección de estos centros asistenciales sólo podrá ser ejercida por personal médico debidamente calificado y especializado.

Artículo 219 – Los centros de reinserción social deben ser instituciones basadas en el principio de la autodisciplina destinados a la recepción de condenados que se encuentren en semilibertad, prisión discontinua y semidetención. Serán dirigidos por profesionales universitarios con versación criminológica.

Artículo 220 – Los establecimientos destinados a la ejecución de las penas privativas de libertad, atendiendo a su destino especifico, deberán contar, como mínimo, con los medios siguientes:

a) Personal idóneo, en particular el que se encuentra en contacto cotidiano con los internos, que deberá ejercer una actividad predominantemente educativa;

b) Un organismo técnicocriminológico del que forme parte un equipo multidisciplinario con especialización en criminología y en disciplinas afines;

c) Servicio médico y odontológico acorde con la ubicación, tipo del establecimiento y necesidades;

d) Programas de trabajo que aseguren la plena ocupación de los internos aptos;

e) Biblioteca y escuela a cargo de personal docente con título habilitante, con las secciones indispensables para la enseñanza de los internos que estén obligados a concurrir a ella;

f) Capellán nombrado por el Estado o adscripto honorariamente al establecimiento;

g) Consejo correccional, cuyos integrantes representen los aspectos esenciales del tratamiento;

h) Instalaciones para programas recreativos y deportivos;

i) Locales y medios adecuados para alojar a los internos que presenten episodios psiquiátricos agudos o cuadros psicopáticos con graves alteraciones de la conducta;

j) Secciones separadas e independientes para el alojamiento y tratamiento de internos con problemas de adicción a drogas;

k) Instalaciones, apropiadas para las diversas clases de visitas autorizadas.

Artículo 221 – En las instituciones de ejecución no se alojarán internos comprendidos en el articulo 25 del Código Penal mientras subsista el cuadro psiquiátrico y a quienes padezcan enfermedad mental crónica.

Con intervención del juez de ejecución, serán trasladados para su atención a servicios especiales de carácter psiquiátrico o servicios u hospitales psiquiátricos de la comunidad.

Artículo 222 – Los internos que padezcan enfermedades infectocontagiosas u otras patologías similares, de tal gravedad que impidan su tratamiento en el establecimiento donde se encuentren, serán trasladados a servicios especializados de carácter médico asistencial o a servicios u hospitales de la comunidad.

Artículo 223 – En los programas de tratamiento de todas las instituciones y con particular énfasis en las abiertas y semiabiertas, se deberá suscitar y utilizar en la mayor medida posible los recursos de la comunidad local, cuando resulten provechosos para el futuro de los internos y compatibles con el régimen de la pena.

Artículo 224 – En los establecimientos de ejecución no podrán alojarse procesados, con excepción de aquellos recibidos en virtud de sentencia definitiva y que tengan otra causa pendiente o posterior a su ingreso.

Sección Segunda: Establecimientos para mujeres

Artículo 225 – Las internas estarán a cargo exclusivamente de personal femenino. Sólo por excepción podrán desempeñarse varones en estos establecimientos en tareas específicas. La dirección siempre estará a cargo de personal femenino debidamente calificado.

Artículo 226 – Ningún funcionario penitenciario del sexo masculino ingresará en dependencias de un establecimiento o sección para mujeres sin ser acompañado por un miembro del personal femenino.

Artículo 227 – En los establecimientos para mujeres deben existir dependencias especiales para la atención de las internas embarazadas y de las que han dado a luz. Se adoptarán las medidas necesarias para que el parto se lleve a cabo en un servicio de maternidad.

Artículo 228 – La interna embarazada quedará eximida de la obligación de trabajar y de toda otra modalidad de tratamiento incompatible con su estado, cuarenta y cinco días antes y después del parto. Con posterioridad a dicho período, su tratamiento no interferirá con el cuidado que deba dispensar a su hijo.

Artículo 229 – No podrá ejecutarse ninguna corrección disciplinaria que, a juicio médico, pueda afectar al hijo en gestación o lactante. La corrección disciplinaria será formalmente aplicada por la directora y quedará sólo como antecedente del comportamiento de la interna.

Artículo 230 – La interna podrá retener consigo a sus hijos menores de cuatro años. Cuando se encuentre justificado, se organizará un jardín maternal a cargo de personal calificado.

Artículo 231 – Al cumplirse la edad fijada en el artículo anterior, si el progenitor no estuviere en condiciones de hacerse cargo del hijo, la administración penitenciaria dará intervención a la autoridad judicial o administrativa que corresponda.

Sección Tercera: Jóvenes adultos

Artículo 232 – Los jóvenes adultos de dieciocho (18) a veintiún (21) años deberán ser alojados preferentemente en instituciones especiales o en secciones separadas o independientes de los establecimientos para adultos. En su tratamiento se pondrá particular empeño en la enseñanza obligatoria, en la capacitación profesional y en el mantenimiento de los vínculos familiares.

Artículo 233 – Excepcionalmente y mediando los informes favorables del organismo técnicocriminológico y del consejo correccional del establecimiento, quienes hayan cumplido veintiún (21) tarioaños podrán permanecer en instituciones o secciones especiales para jóvenes adultos hasta cumplir veinticinco (25) años. Luego serán trasladados a un establecimiento para adultos.

Sección Cuarta: Del Director del Establecimiento

Artículo 234 – Cada unidad penitenciaria estará a cargo de un Director de Establecimiento Penitenciario el que será designado por el Poder Ejecutivo.

Podrá convocarse a concurso de antecedentes y oposición especialmente para dicha unidad penal, a todo Oficial Superior Penitenciario con título Universitario afín.

Artículo 235 – Serán funciones del Director del Establecimiento:

a) Ejercer la representación del Establecimiento Penitenciario;

b) Conducir operativa y administrativamente el Establecimiento a su cargo;

c) Velar por el debido cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales de nivel provincial, nacional e internacional en relación al funcionamiento del Establecimiento Penitenciario;

d) Ejecutar las políticas penitenciarias fijadas por la Dirección General del Servicio Penitenciario;

e) Adoptar las medidas necesarias para prevenir o resolver cualquier situación individual o colectiva que altere el normal funcionamiento del Establecimiento;

f) Ejecutar el presupuesto a su cargo y autorizar gastos hasta el monto que se establezca;

g) Disponer las sanciones disciplinarias establecidas legalmente;

h) Elevar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Establecimiento a la Coordinación de Administración Contable de la Dirección General de Servicio Penitenciario;

i) Ejercer toda otra función que, en el marco de su competencia, contribuya al logro de la finalidad propuesta.

Artículo 236 – Del Director del Establecimiento dependerán distintas divisiones o áreas que representen la organización establecida para la Dirección General del Servicio Penitenciario en concordancia, con las necesidades del Complejo o Unidad de que se trate.

Artículo 237 – El alcance y competencia de cada una de las divisiones o áreas, será determinado conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo a propuesta de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Sección Quinta: Consejo Correccional

Artículo 238 – En los establecimientos de ejecución de la pena funcionará el Consejo Correccional encargado de efectuar el seguimiento continuo del tratamiento del interno y la evaluación de su resultado, a fin de adoptar decisiones en los casos de su competencia o de asesorar a las autoridades pertinentes, de acuerdo a las leyes y a los reglamentos vigentes.

Artículo 239 – El Consejo Correccional es competente para:

a) Calificar trimestralmente la conducta y el concepto del interno, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 113 y demás disposiciones de este Código;

b) Proponer al Director del establecimiento el avance o retroceso del interno en la progresividad del régimen penitenciario;

c) Dictaminar en los casos de:

1) Salidas Transitorias;

2) Régimen de Semilibertad;

3) Libertad Condicional;

4) Libertad Asistida;

5) Permanencia en instituciones o secciones especiales para jóvenes adultos, de internos que hayan cumplido Veintiún (21) años;

6) Ejecución de las sanciones disciplinarias de cambio de sección o traslado a otro establecimiento;

7) Otorgamiento de recompensas;

8) Traslado a otro establecimiento;

9) Pedidos de indulto o de conmutación de pena, cuando le sea solicitado,

d) Determinar en cada caso y con la anticipación suficiente la fecha concreta en que debe iniciarse el Programa de Prelibertad de cada interno;

e) Considerar las cuestiones que el Director presente para su examen en sesiones extraordinarias.

Artículo 240 – El Consejo Correccional será presidido por el Director del establecimiento e integrado por los siguientes vocales responsables de:

  1. El subdirector
  2. Jefe de la unidad de trabajo
  3. Jefe de la unidad de tratamiento
  4. Jefe de la unidad de educación
  5. Jefe de la unidad de servicios médicos
  6. Jefe de la unidad de seguridad interna
  7. El capellán del establecimiento.

Artículo 241 – El Consejo Correccional contará con un Secrepermanente, designado por el Director del establecimiento, que será el encargado de coordinar las actividades, reunir los informes, redactar la documentación pertinente, llevar el Libro de Actas, preparar el temario de cada reunión de acuerdo a las directivas del Presidente y realizar toda tarea que éste le asigne.

Artículo 242 – El Consejo Correccional realizará las siguientes sesiones:

a) Trimestrales: en los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año, para calificar la conducta y el concepto del interno;

b) Mensuales: para considerar la promoción en la progresividad del régimen penitenciario en cada caso concreto y para dictaminar acerca de la permanencia en las instituciones o secciones especiales para jóvenes adultos de internos que hayan cumplido Veintiún (21) años;

c) Semanales: para dictaminar en los pedidos de libertad condicional, libertad asistida, indultos, conmutaciones de pena, en los casos de ejecución de las sanciones disciplinarias de cambio de sección o traslado a otro establecimiento; para considerar las modificaciones a la calificación de conducta prevista en el artículo 113 y para determinar la iniciación del Programa de Prelibertad;

d) Extraordinarias: convocadas por el Director del establecimiento, en cualquier oportunidad, para el tratamiento de cuestiones inherentes a sus funciones.

Artículo 243 – La asistencia a las sesiones del Consejo Correccional constituye una obligación prioritaria y personal de cada uno de sus integrantes. En caso de imposibilidad justificada el ausente deberá ser sustituido por su reemplazante natural.

Capítulo IV: Organismo Técnico Criminológico

Artículo 244 – En los establecimientos de ejecución de la pena funcionará el organismo técnicocriminológico con la misión esencial de contribuir a la individualización del tratamiento del interno.

Artículo 245 – Son funciones del Organismo Técnico Criminológico:

a) Realizar las tareas correspondientes al Período de Observación;

b) Verificar y actualizar el programa de tratamiento indicado a cada interno;

c) Informar en las solicitudes de traslado a otro establecimiento, de libertad condicional, de libertad asistida y, cuando se lo solicite, de indulto o de conmutación de penas;

d) Proponer:

1) La promoción de salidas transitorias o la incorporación al régimen de semilibertad;

2) La permanencia en instituciones o secciones especiales para jóvenes adultos, de internos que hayan cumplido Veintiún (21) años;

3) El retroceso del interno al período o fase que correspondiere;

4) El otorgamiento de recompensas;

e) Producir los informes médicos, psicológicos y sociales previstos en este Código;

f) Participar en las tareas del Consejo Correccional;

g) Coadyuvar con las tareas de investigación y docencia;

Artículo 246 – El Organismo Técnico Criminológico estará constituido por profesionales con título habilitante que acrediten, además, su especialización o versación en criminología y en disciplinas afines.

Formarán parte de él, por lo menos, un psiquiatra, un psicólogo y un asistente social, a los que se incorporará, en lo posible, entre otros, un educador y un abogado cada 300 internos alojados en el establecimiento.

Artículo 247 – El responsable del Organismo Técnico Criminológico será el profesional universitario que acredite especialización universitaria en criminología o en ciencias penales.

Artículo 248 – Cuando la cantidad de internos a considerar lo requiera, se aumentará el número de profesionales para que el Organismo Técnico Criminológico pueda funcionar en equipos, ya sea durante el Período de Observación o para el seguimiento del tratamiento del interno.

Artículo 249 – Los estudios, informes y propuestas a que se refiere el artículo 245 serán fundados, previa entrevista personal con el interno, por cada uno de los profesionales por especialidad que integren el Organismo Técnico Criminológico.

Artículo 250 – El Organismo Técnico Criminológico de cada establecimiento llevará un Libro de Actas foliado y rubricado por el Director del establecimiento, en el que se asentarán los casos considerados y las resoluciones que se adopten.

Artículo 251 – El tratamiento del liberado será personal y directo tendiendo a evitar la reiteración y la reincidencia, y se instrumentará a través de programas formativos, educativos y cuya ejecución deberá adecuar el debido ajuste al medio familiar, laboral y social. En cada caso deberán evaluarse:

  1. La situación personal y/o condición legal del tutelado;
  2. Las condiciones compromisorias, reglas de conducta y/o medidas impuestas judicialmente como así también las recomendaciones especiales y pautas específicas impuestas por el juez de ejecución;
  3. La tarea de adaptación proyectada y/o materializada en los programas de tratamientos penitenciarios;
  4. El resultado de la tarea del programa de prelibertad;
  5. Los antecedentes judiciales de interés respecto del hecho y la personalidad del interno;
  6. Las conductas y actividades que puedan ser consideradas inconvenientes para su adecuada inserción social;
  7. El lugar de residencia fijado judicialmente;
  8. El tiempo de contralor al que estará sometido;
  9. Toda otra información útil y sin perjuicio de las funciones asignadas por otras disposiciones del Código.

Artículo 252 – El control del liberado se hará en forma individualizada y será realizado a través de:

  1. Presentaciones periódicas en la delegación o lugar que determine el organismo técnico criminológico;
  2. Entrevistas profesionales;
  3. Visitas domiciliarias periódicas;
  4. Constatación del domicilio fijado judicialmente;
  5. Todo otro procedimiento adecuado.

Artículo 253 – Todos los informes que se elaboren y/o que sean recepcionados por el organismo técnico criminológico serán agregados al legajo personal del interno o formarán parte del que se iniciará si éste no tuviere antecedentes en la institución. El seguimiento del caso se realizará con informes sociales de evaluación periódica en los que se dejará constancia de la evolución y modificaciones que se introduzcan y/ o se propongan sobre su asistencia, control y tratamiento.

Artículo 254 – El organismo técnico criminológico podrá requerir en forma directa ante las autoridades competentes la evaluación, tratamiento y/o internación de los internos cuando los mismos presentaren cambios psicológicos o de comportamiento relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas o trastornos mentales que pusieran en riesgo su vida y/o la de terceros.

Tal determinación deberá justificarse en función del riesgo individual, familiar, laboral y/o social que implica su falta de atención y comunicará lo actuado al juez de ejecución. En la comunicación que se enviare a la autoridad requerida se transcribirá el presente artículo.

Artículo 255 – El organismo técnico criminológico procurará la adopción de las medidas necesarias para mantener, fomentar y mejorar la educación e instrucción de los internos. A tal fin la Dirección General de Escuelas y demás instituciones educativas prestarán la colaboración que se les solicite.

Artículo 256 – El organismo técnico criminológico procurará capacitar al interno para el ejercicio de una profesión u oficio por medio de subsidios o aportes directos en dinero o en especie, con o sin reintegro. En tal sentido, podrá completar la capacitación laboral adquirida en el medio penitenciario.

Artículo 257 – El organismo técnico criminológico facilitará a los internos y/o a su grupo familiar -cuando razones de asistencia, tratamiento y/o control así lo justifiquen-el traslado dentro y fuera de la Provincia y/o de la República, efectuando las gestiones pertinentes.

Capítulo V: Sección Primera: Dirección de Promoción del Liberado

Artículo 258 – La Dirección de Promoción de los Liberados funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno de la Provincia y conforme a las previsiones de la Ley 7.503.

Artículo 259 – Los patronatos de liberados concurrirán a prestar la asistencia a que se refieren los artículos 182 a 184, la asistencia postpenitenciaria de los egresados, las acciones previstas en el artículo 184, la función que establecen los artículos 13 y 53 del Código Penal y las leyes Nacionales 24.316 y 24.390, complementando la labor de la Dirección de Promoción del Liberado y conforme a convenios suscriptos con la misma, conforme lo determine la reglamentación.

Artículo 260 – Los patronatos de liberados podrán ser asociaciones civiles y/o fundaciones con personería jurídica, las que recibirán un subsidio del Estado, cuya inversión será controlada por la autoridad competente.

Sección II: Personal

Artículo 261 – El personal de las cárceles y establecimientos de ejecución debe ser cuidadosamente seleccionado, capacitado y especializado, teniendo en cuenta la importancia de la misión social que debe cumplir.

Artículo 262 – Leyes especiales y los reglamentos determinarán un adecuado régimen de selección, incorporación, retribuciones, estabilidad, asignación de funciones, ascensos, retiros y pensiones, teniendo en cuenta el riesgo, las exigencias éticas, intelectuales y físicas y la dedicación que su misión social requiere.

El contenido de esas normas legales y reglamentarias deberá considerar las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre Tratamiento de los Reclusos, las Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la Selección y Formación del Personal Penitenciario adoptadas en Ginebra – 1955-y la Resolución 21 A del Octavo Congreso de las Naciones Unidas, celebrado en La Habana en 1990.

Artículo 263 – La conducción de los servicios penitenciarios o correccionales y la jefatura de sus principales áreas así como la dirección de los establecimientos deberán estar a cargo de personal penitenciario con título universitario de carrera afín a la función.

Artículo 264 – Las funciones comprendidas en el artículo anterior se cubrirán por concurso interno. Entre los requisitos se exigirá, además, experiencia y capacitación administrativa, un adecuado perfil para el cargo y otras condiciones que fijen los reglamentos.

Cuando por dos veces consecutivas un concurso interno se declarase desierto, se llamará a concurso abierto de antecedentes y oposición.

Artículo 265 – En cada jurisdicción se organizará o facilitará la formación del personal, según los diversos roles que deba cumplir, así como su permanente actualización y perfeccionamiento profesional.

Artículo 266 – Los planes y programas de enseñanza en los cursos de formación, actualización y perfeccionamiento, con contenido predominantemente criminológico, deberán incluir el estudio de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y el Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobado por Resolución 34/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 17 de diciembre de 1979.

Artículo 267 – El personal de organismos oficiales y de instituciones privadas con personería jurídica, encargado de la aplicación de las diversas modalidades de ejecución de la pena privativa de la libertad y de las no institucionales, será seleccionado y capacitado teniendo en consideración las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre Medidas no Privativas de Libertad, Reglas de Tokio 15-19.

Artículo 268 – Para cumplir tareas en las cárceles o establecimientos de ejecución, las personas presentadas por el contratista de servicios privatizados deberán contar con una habilitación individual previa. Esta será concedida luego de un examen médico, psicológico y social que demuestre su aptitud para desempeñarse en ese medio.

Disposiciones Finales

Artículo 269 – Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias a fin de posibilitar la construcción de tres (3) complejos penitenciarios en las zonas del Este, Valle de Uco y Sur de la Provincia, con sujeción a la ley de Obras Públicas y normas de impacto ambiental.

Artículo 270 – El presente Código entrará en vigencia a los 15 días de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo ser reglamentada la misma, en cuanto correspondiere en un plazo no mayor a noventa 90 días.

Artículo 271 – Derógase la Ley 6.513 dejándose sin efecto la adhesión a la Ley Nacional 24.660.

Artículo 272 – Derógase toda disposición que se oponga a la presente.

Artículo 273 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los doce días del mes de setiembre del año dos mil doce.

Carlos G. Ciurca

Vicegobernador Gobierno de Mendoza

Sebastián P. Brizuela

Secretario Legislativo H. Cámara de Senadores

Jorge Tanus

Presidente H. Cámara de Diputados

Jorge Manzitti

Secretario Legislativo H. Cámara de Diputados

B.O.: 09/12/15

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de LEY:

Artículo 1º – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 131 de la Constitución de la Provincia, los Ministerios del Poder Ejecutivo Provincial serán los siguientes:

Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia;

Ministerio de Seguridad;

Ministerio de Hacienda y Finanzas;

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes;

Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía;

Artículo 2º – Asistirán, además, al Gobernador en su gestión institucional y administrativa, las siguientes Secretarías:

Secretaría de Cultura;

Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial;

Secretaría de Servicios Públicos.

TITULO I DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS MINISTERIOS

CAPÍTULO I DE LOS MINISTROS DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 3º – Son atribuciones y deberes de cada Ministro:

a) Refrendar con su firma los actos gubernativos.

b) Dirigir y controlar las dependencias que le estén jerárquicamente subordinadas.

c) Ejercer el control funcional sobre los entes descentralizados de la órbita de su jurisdicción.

d) Ejecutar las leyes. Cumplir y hacer cumplir los convenios, decretos resoluciones y fallos judiciales relativos a su Ministerio.

e) Dictar por sí sólo los actos administrativos y normas reglamentarias dentro del régimen administrativo y presupuestario de su Ministerio.

f) Redactar la memoria anual de su Ministerio y elevarla a consideración del Poder Ejecutivo.

g) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de su Ministerio y remitirlo al Ministerio de Hacienda y Finanzas.

h) Elaborar y suscribir los proyectos de decretos y leyes y sus respectivos fundamentos. Los proyectos y fundamentos que reglamenten asuntos no exclusivos de un solo ministerio serán suscriptos por todos los Ministros que deban entender en ellos. En los proyectos de leyes en que se autoricen gastos, se comprometan recursos o se disponga el uso del crédito de la Provincia, tendrá intervención el Ministro de Hacienda y Finanzas.

i) Celebrar convenios y contratos en el ámbito de sus competencias específicas, sujetos a la aprobación del Poder Ejecutivo.

El contrato se considerará válidamente y producirá sus efectos a partir de la aprobación por decreto. Cuando del contrato deriven obligaciones que comprometan fondos públicos, deberá contar con partida presupuestaria suficiente, lo cual deberá acreditarse en las actuaciones administrativas correspondientes, en forma previa a la aprobación por decreto.

j) Es responsable política, administrativa y patrimonialmente por todos los actos y hechos que autorice o ejecute. En los supuestos en que tales actos y hechos originen derechos de terceros a reclamar resarcimiento o produzcan menoscabo al patrimonio del fisco, será directa y personalmente responsable. En todos los casos el Fiscal de Estado interpondrá la acción de repetición contra el funcionario responsable.

k) Los Ministros podrán concurrir en todos los casos a todas las sesiones públicas y secretas de las H. Cámaras Legislativas, con la limitación impuesta por la 2da.parte del Artículo 135 de la Constitución Provincial. Participarán de las deliberaciones con voz pero sin voto.

l) Sostener ante las H. Cámaras Legislativas los proyectos de ley que inicie el Poder Ejecutivo sobre asuntos de su competencia.

m) Los Ministros están obligados a remitir a las H. Cámaras Legislativas, cuando éstas lo soliciten, los informes sobre asuntos de sus respectivas áreas, de conformidad con la legislación vigente.

n) El Gobernador podrá delegar en los Ministros competencias administrativas con las limitaciones impuestas por el Artículo 8 de la Ley909.

CAPÍTULO II DE LOS ACUERDOS DE MINISTROS

Artículo 4º – Además de los casos previstos en la Constitución o las Leyes, el Gobernador dispondrá cuando se decidirá el acuerdo.

Artículo 5º – Los decretos emanados del acuerdo serán suscriptos en primer término, por el Ministro a quien competa el asunto y a continuación por los demás, en el orden establecido en el Artículo 1° de esta Ley. Deberán ser ejecutados por el Ministro que corresponda o por el que se designe al efecto en el mismo acuerdo. En caso de duda sobre la competencia, el Gobernador decidirá al respecto.

CAPÍTULO III LOS IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES

Artículo 6º – Siempre que uno de los Ministros tuviere motivo de impedimento para entender en un asunto de su competencia, se excusará de intervenir en él.

En tal caso el Gobernador, si estima fundada la excusación, seleccionará al Ministro que deba actuar en su reemplazo. Se considerarán causales de obligatoria excusación las previstas para los Magistrados en el Capítulo 4, Titulo III, Libro Primero del Código Procesal Penal de Mendoza.

Artículo 7º – En los casos de vacancia, ausencia, enfermedad o cualquier otro impedimento transitorio, el titular de una cartera será reemplazado por el Ministro que designe el Gobernador.

Artículo 8º – Los Ministros no podrán estar directa o indirectamente interesados en contratos o negocios con la Provincia, municipalidades, reparticiones autárquicas, entes descentralizados y empresas o sociedades de los que participe la Provincia en cualquier carácter. Tal incompatibilidad se extenderá a su cónyuge, parientes por consanguinidad hasta el 4° grado y por afinidad hasta el 2° grado; a las personas jurídicas en los que éstos fueran socios, accionistas, fundadores o miembros de sus órganos de dirección y/o control.

Artículo 9º – Es incompatible el cargo de Ministro con cualquier otra función pública, con excepción de la docencia universitaria y de las comisiones honorarias.

TITULO II DE LOS MINISTERIOS EN PARTICULAR

Artículo 10 – El despacho de los asuntos administrativos de la Provincia se distribuirá en la forma que establecen los artículos siguientes.

MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA

Artículo 11 – Será competencia en general del Ministerio Gobierno, Trabajo y Justicia, la coordinación y ejecución de las políticas del trabajo, de la actividad política y de las relaciones institucionales del Poder Ejecutivo Provincial, y su vinculación con el Poder Judicial, el despacho administrativo de todos los asuntos del Gobernador de la Provincia y la planificación y diseño de las políticas de gestión pública.

En particular, con carácter enunciativo, le corresponde:

a) Aplicar las leyes, decretos, reglamentaciones, convenios, resoluciones y demás normas en vigencia que rigen las relaciones entre el capital y el trabajo, ejercer la policía de trabajo y sobre higiene y seguridad laboral en todo el territorio provincial.

b) Actuar como organismo de conciliación en los conflictos individuales y colectivos del trabajo, y homologar sus acuerdos.

c) Crear y atender el registro de infractores, manteniéndolo permanentemente al día.

d) Labrar los sumarios y aplicar las sanciones por infracciones a las leyes laborales; y de higiene y seguridad en el trabajo.

e) Asesorar a los poderes públicos provinciales en todos los asuntos y cuestiones relacionados con las funciones que se le encomienden por la presente Ley, y formularles las propuestas o sugerencias que estime útiles o necesarias para su mejor desenvolvimiento.

f) Promover la difusión y el conocimiento de los convenios colectivos, resoluciones, condiciones de trabajo y publicar en monografías, boletines, folletos, los datos estadísticos e información y trabajos especializados que se estimen de interés.

g) Resolver en los casos referentes a excepciones o modalidades particulares en la aplicación de las normas laborales.

h) Organizar la agencia de colocación, coordinando y orientando la oferta y demanda de trabajo; las migraciones internas y externas, especialmente zonales y las del denominado “obrero golondrina”; y controlar el funcionamiento de las agencias privadas de colocación.

i) Realizar la estadística obrera.

j) Proveer asistencia gratuita y representación legal a los obreros y empleados.

k) Intervenir en la celebración y renovación de convenios colectivos, homologarlos y registrarlos.

l) Ejercer toda otra función necesaria para el mejor cumplimiento y observancia de la legislación laboral en la esfera de su competencia.

m) Ejecutar las leyes que organizan al Poder Judicial que no sean de competencia exclusiva de dicho Poder.

n) Entender en la elaboración y aplicación de la política salarial del sector público coordinando la participación de otros Ministerios y organismos en cuanto corresponda.

o) Coordinar las relaciones institucionales con: el Gobierno Nacional, las demás Provincias, los otros Poderes del Estado Provincial, los Municipios de la Provincia, las organizaciones sociales.

p) Participar en la reforma constitucional.

q) Difundir los derechos y obligaciones de los ciudadanos.

r) Registrar y controlar a las personas jurídicas.

s) Preparar la convocatoria al Congreso de Municipalidades con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley079.

t) Realizar los estudios sobre creación de Departamentos, Ciudades y otros centros poblados.

u) Administrar el Sistema de Identificación y Registro del Estado Civil de las Personas.

v) Planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de Elecciones Nacionales, Provinciales y Municipales, conforme las normas legales en vigencia.

w) Refrendar los actos administrativos de los organismos públicos para su elevación a la firma del Gobernador de la Provincia.

x) Coordinar las iniciativas en materia de legislación del Poder Ejecutivo verificando su encuadre normativo.

y) Administrar la publicación del Boletín Oficial e implementar su difusión por los medios oficiales de comunicación.

z) Diseñar, proponer, organizar, supervisar y ejecutar, conforme a las pautas que fije el Poder Ejecutivo las políticas provinciales de gestión pública, comprensivas de procesos, recursos humanos, tecnología aplicada a los procesos y demás actos tendientes a instrumentar un sistema de mejora continua en la gestión pública.

aa) Disponer el régimen de cobertura de riesgos de trabajo de los empleados de la Administración Pública Provincial, realizando los contratos y gestiones necesarias a tal fin de conformidad a la legislación vigente.

bb) Organizar y coordinar los sistemas provinciales de informática, comunicación, gobierno electrónico y tecnologías de la información del Poder Ejecutivo.

cc) Efectuar el control de gestión del Gobierno de la Provincia, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos por el Poder Ejecutivo.

dd) Coordinar la política de transformación y modernización del Estado, de acuerdo a las pautas determinadas por el Gobernador de la Provincia, elaborando la propuesta de las normas reglamentarias en la materia.

ee) Controlar y coordinar la gestión de gobierno y requerir de los Ministros y demás funcionarios de la Administración Pública del Gobierno de Mendoza la información necesaria para el cumplimiento de su función específica y de las responsabilidades emergentes de cada área, de conformidad a las pautas fijadas por el Gobernador.

ff) Coordinar el sistema de atención y reclamos de los ciudadanos.

gg) Verificar la ejecución de las políticas y decisiones del Poder Ejecutivo en materia de Relaciones Internacionales y guiar al cuerpo diplomático y consular extranjero y a los representantes gubernamentales.

hh) Coordinar las relaciones con las organizaciones religiosas de la Provincia.

ii) Coordinar y ejecutar la implementación de un sistema centralizado de recursos humanos, tendiente a la capacitación continua de los agentes del estado y al mejor aprovechamiento de dichos recursos aplicados a un mejor servicio a la comunidad.

jj) Entender en políticas de control y fiscalización que aseguren la calidad y el pleno ejercicio de los derechos de los consumidores.

MINISTERIO DE SEGURIDAD

Artículo 12 – Será competencia en general del Ministerio de Seguridad la planificación, coordinación, organización, ejecución y control de la política de seguridad pública de la Provincia, en orden a la protección de la vida, la libertad, los derechos y los bienes de los habitantes de la Provincia.

En particular, con carácter enunciativo, le corresponde:

a) Entender en la organización del control de seguridad interna del Sistema de Policía Provincial.

b) Entender en la organización, capacitación, despliegue y esfuerzos de las fuerzas de seguridad de la Provincia.

c) Coordinar la formulación de planes de mediano y largo plazo de capacitación, inversión, equipamiento y bienestar de las fuerzas, en el marco del sistema de seguridad.

d) Planificar, coordinar, organizar, dirigir y controlar el Sistema Provincial de Seguridad Pública.

e) Coordinar la participación de la comunidad en el Sistema Provincial de Seguridad Pública.

f) Organizar y conducir el sistema de Policía de la Provincia y el sistema de Defensa Civil.

g) Coordinar y dirigir el sistema de comunicación al servicio de la seguridad.

h) Planificar, ejecutar y controlar las tareas de inteligencia y análisis de información conducentes a la prevención y represión delictual.

i) Habilitar, regular y controlar la constitución y funcionamiento de las empresas privadas de vigilancia.

j) Promover acciones en materia de prevención situacional de la violencia y el delito.

k) Garantir la generación y consecución de planes, programas y proyectos preventivos e integradores que eviten, anulen o disminuyan los efectos causados por desastres naturales y antrópicos.

l) Proveer a la protección de los derechos humanos en todo el Territorio Provincial.

m) Proponer al Poder Ejecutivo los indultos, la conmutación y la rebaja de penas.

n) Proyectar y proponer leyes de amnistías.

o) Proyectar y proponer leyes procesales.

p) Administrar el Sistema Penitenciario Provincial, los Establecimientos de Encausados y Penados, la Comisaría del Menor y la Dirección de Promoción de Liberados.

q) Atender el Organismo Técnico Criminológico y ejercer el control necesario de los detenidos y encarcelados en resguardo de sus derechos y garantías.

r) Ejecutar las sanciones penales.

s) Organizar un registro de antecedentes judiciales de las personas físicas.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

Artículo 13 – Será competencia en general del Ministerio de Hacienda y Finanzas todo lo referido a la administración financiera y tributaria del Estado.

En particular, con carácter enunciativo, le corresponde:

a) Formular las políticas fiscales en materia de impuestos provinciales y de gasto público.

b) Aplicar el régimen impositivo provincial vigente y proponer las reformas del mismo.

c) Definir las políticas destinadas a realizar una recaudación eficiente de los tributos provinciales, combatiendo la evasión.

d) Intervenir en la formulación del régimen de Participación Municipal, de impuestos, aplicando sus disposiciones.

e) Analizar el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y proponer las bases para su perfeccionamiento.

f) Ejercer la representación de la Provincia en los organismos federales de impuestos.

g) Proponer el régimen de compras y ventas común y obligatorio para la Administración Central, Organismos Descentralizados y Autárquicos y Cuentas Especiales, controlando su aplicación.

h) Aplicar la Ley de Administración Financiera de la Provincia y controlar su cumplimiento por parte de todos los organismos estatales provinciales.

i) Coordinar y supervisar el sistema de “Cuenta Única” o “Fondo Unificado” de modo que permita el uso eficiente de las existencias de fondos de todos los Entes de la Administración Provincial, de acuerdo al principio de “Unidad de Caja”.

j) Dirigir la formulación y presentación del Presupuesto Anual de Recursos y Erogaciones de la Administración Pública

k) Controlar y registrar la ejecución presupuestaria de acuerdo con las normas de la Ley de Administración Financiera de la Provincia, determinando los resultados financieros y las variaciones patrimoniales de cada ejercicio fiscal.

l) Proponer normas sobre ritmo de las inversiones del gasto público y su productividad.

m) Proponer medidas para la obtención del equilibrio fiscal y de reducción de los niveles de endeudamiento.

n) Intervenir en el proceso de reforma del estado para garantizar el equilibrio presupuestario, adecuar el endeudamiento a la capacidad de pago, asegurar la liquidez financiera y contribuir a una mayor eficiencia del gasto público.

o) Gestionar empréstitos, créditos y otros mecanismos de financiamiento, efectuar la emisión de títulos y bonos conforme a las normas legales que los autoricen.

p) Entender en todo lo relacionado con la deuda pública, su registración actualizada, el mejoramiento de sus plazos y la reducción de las tasas de interés que se abonan.

q) Suministrar permanentemente información sobre las finanzas públicas.

r) Ejercer la representación de la Provincia en los asuntos económicos financieros incluidos las tramitaciones que se realicen con organismos financieros nacionales, extranjeros o multilaterales.

s) Intervenir en la coordinación del origen y aplicación de fondos para el financiamiento de los proyectos públicos de inversión.

t) Intervenir en los aspectos económico-financieros de los procesos de privatización de entes de propiedad del Estado Provincial.

u) Emitir dictamen antes de la celebración de cualquier tipo de convenio, acerca de sus efectos económico-financieros sobre presupuesto y la deuda pública.

v) Intervenir en todos los trámites inherentes a expropiación.

w) Las funciones establecidas se ejercerán en coordinación con la Administración Tributaria Mendoza en los respectivos ámbitos de su competencia.

x) Entender en la elaboración y control de ejecución del Presupuesto Provincial, como así también en los niveles del gasto y de los ingresos públicos conforme a las pautas que fije el Poder Ejecutivo Provincial; en todos los organismos comprendidos en el artículo 4 inciso a) y b) de la Ley

y) Intervenir en la elaboración de los planes de acción y presupuestos de los organismos previstos en el apartado “b” del artículo 4° de la ley 8.706;

z) Funcionar como órgano coordinador responsable de la supervisión, mantenimiento y administración de los sistemas de la Administración Provincial, pudiendo intervenir en procesos, procedimientos, sistemas y cuentas de acuerdo a las necesidades del Estado Provincial en su conjunto.

aa) Coordinar, supervisar y auditar la totalidad de los Servicios Administrativos Financieros conforme a lo dispuesto en los artículos 8, 9, 10, 11,cc.y ss. de la Ley 8706, formulando las políticas y procedimientos tendientes al logro del equilibrio económico financiero.

Artículo 14 – Se relacionarán con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, los siguientes organismos:

a) Instituto Provincial de Juegos y Casinos.

b) Caja de Seguro Mutual.

c) Administración Tributaria Mendoza.

d) Unidad de Financiamiento Internacional.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

Artículo 15 – Será competencia en general del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, la formulación de las políticas y la ejecución de las acciones de gobierno para la industrialización del sector productivo, la corrección de asimetrías de la economía provincial, la diversificación de su matriz productiva, la promoción, desarrollo y control de las actividades productivas promoviendo la búsqueda de mercados para la producción provincial, la búsqueda del financiamiento para el desarrollo armónico sustentable, equilibrado y equitativo de los distintos sectores y regiones económicas de la Provincia así como la coordinación de las políticas tendientes a su consolidación como un destino turístico de calidad.

En materia de Infraestructura, será su competencia la planificación, programación, ejecución y conservación de la obra pública y la infraestructura pública de carácter social en todo el territorio provincial así como entender en el diseño, planificación y ejecución de la política hidrocarburífera, minera y energética de la Provincia, proveyendo a un desarrollo y explotación de las fuentes de energía en forma sustentable.

En particular, con carácter enunciativo, le corresponde:

En materia de política económica:

a) Fijar la política para la defensa, promoción, desarrollo y control de las actividades agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales y de servicios; promoviendo el establecimiento de un entorno económico que incentive al sector privado a invertir y a generar nuevos puestos de trabajo.

b) Promover la eliminación de las asimetrías que afectan el funcionamiento de la economía.

c) Evaluar, diseñar e implementar las formas de participación del sector público en la economía provincial en coordinación con los otros organismos e instituciones del ámbito económico.

d) Instrumentar las políticas y medidas tendientes a facilitar la diversificación de la matriz productiva, la radicación de inversiones, el acceso a los mercados locales e internacionales, la defensa contra la competencia desleal y el aumento de la competitividad global y sectorial, en coordinación con entes públicos y privados del ámbito económico provincial y nacional.

e) Propiciar el desarrollo territorial con políticas de competitividad tendientes a lograr un mayor acceso integrado a los activos de la tierra, la infraestructura y el capital humano de los sectores productivos de la Provincia.

f) Favorecer la conformación de un mercado de capitales activos, con instrumentos financieros múltiples, que posibiliten el ahorro, las inversiones y el financiamiento de la actividad privada para lograr la modificación de la matriz productiva con el incremento del empleo en la Provincia.

g) Diseñar y ejecutar políticas de control y fiscalización de las actividades productivas, que aseguren la calidad, sanidad y genuinidad de la producción, la sana competencia y la transparencia de los mercados.

h) Participar en la medida de su competencia en la planificación de la infraestructura física de la producción que requiera su desarrollo en sus diversas formas y etapas, en coordinación con las áreas y organismos provinciales y nacionales responsables de su ejecución.

i) Apoyar la acción de los agentes innovadores para la investigación, aplicación y difusión de nuevas técnicas productivas y de comercialización.

j) Desarrollar un programa integral de prevención y reparación de los daños causados a la producción por factores climáticos o fitosanitarios.

k) Obtener, elaborar y difundir información económica y social para disminuir incertidumbre en la toma de decisiones y mejorar la calidad de la inversión por parte del sector privado.

l) Participar en la planificación e implementación de una estrategia de complementación e integración económica con el Nuevo Cuyo y otras regiones del país y del mundo.

m) Promover la mejora de la eficiencia del recurso humano disponible en el área, así como de su estructura organizativa e infraestructura de apoyo, tendiendo a prestar un mejor servicio al conjunto de los agentes económicos.

n) Ejercer la representación de la Provincia en los organismos regionales, nacionales e internacionales relacionados con las materias agropecuaria, industrial, de comercio exterior y de inversiones.

o) Participar en representación de la Provincia en negociaciones con otros países para asegurar la concurrencia de nuestros productos a sus mercados en condiciones favorables y de reciprocidad.

p) Será autoridad de aplicación de la Ley Nacional877 “de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica” y de la Ley Nacional 25.922 “Promoción de la Industria del Software”.

En materia de Infraestructura

q) Entender en la aprobación de los pliegos de bases y condiciones para llamados a concursos y/o licitaciones, así como también entender en los procesos licitatorios que se efectúen con motivo de las acciones vinculadas al área de su competencia.

r) Efectuar la planificación, programación y ejecución de las Obras Públicas de Jurisdicción Provincial, en consulta con los Municipios en que se desarrollen cuando correspondiera.

s) Efectuar los análisis para el dictado de normas relacionadas con la contratación, construcción y conservación de las obras públicas.

t) Efectuar los análisis y estudios para el dictado de normas relacionadas con la conservación y construcción de toda obra vial en la medida en que corresponda a la jurisdicción provincial y en concordancia con la Política de Ordenamiento Territorial, coordinando acciones comunes con los Municipios.

u) Realizar el ensayo y control de los materiales y elementos de estructura y ejecución de las obras públicas y de aquellos que hagan a la prestación de los servicios públicos y privados.

v) Intervenir en la aplicación, dirección y fiscalización del Registro de Empresas Contratistas de Obras Públicas y de Consultoría Relacionadas a ellas con arreglo a la Legislación Provincial

w) Intervenir en la gestión y obtención de cooperación técnica y financiera para el cumplimiento de objetivos y políticas de su competencia.

x) Programar, proyectar y construir obras de infraestructura, viales, de arte e hidráulicas. Proveer equipos mecánicos, materiales y elementos para la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos.

y) Atender la ejecución y la reparación de las construcciones de propiedad del Estado incluyendo las obras de infraestructura hospitalaria y escolar.

z) Entender en el diseño e implementación de las políticas públicas referidas a la construcción y mejoramiento de viviendas.

aa) Entender en la coordinación y fiscalización de la ejecución que realice la Provincia y los municipios, en lo concerniente a los planes de vivienda y al planeamiento urbano, acorde con el régimen de asentamiento humano que establezca la política de ordenamiento territorial.

bb) Efectuar estudios, trabajos y ensayos de geofísica-sismología.

cc) Entender en el dictado de normas relacionadas con la construcción y conservación de toda obra vial cuya realización corresponda al Gobierno Provincial en concordancia con la política de ordenamiento territorial.

dd) Entender en la elaboración y ejecución de la política hídrica provincial.

ee) Estudiar, programar, atender y fiscalizar el mantenimiento y la explotación de las obras hidráulicas, aguas corrientes y efluentes.

ff) Entender en la adopción de medidas para la defensa de cursos de agua y avenamientos y zonas inundables e insalubres.

gg) Entender en el régimen de utilización de los recursos hídricos de uso múltiple acorde con la política hídrica provincial.

hh) Intervenir en lo referente a los usos y efectos de las aguas provinciales y municipales.

ii) Entender en la elaboración y ejecución de un programa integral provincial de emergencia hídrica.

jj) Prever una adecuada infraestructura de funcionamiento para los servicios educativos, de salud y seguridad.

kk) Programar el relevamiento de las necesidades edilicias relacionadas con la Infraestructura

ll) Elaborar, programar y ejecutar la política de mantenimiento y mejora de los inmuebles afectados a los servicios educativos, de salud y de seguridad.

En materia de Energía y Minería

mm) Ejecutar la política para la defensa, promoción, desarrollo y control de las actividades hidrocarburíferas, minera y energética, fijadas por el Poder Ejecutivo.

nn) Efectuar el seguimiento y la evaluación de la aplicación de la política hidrocarburífera, minera y energética.

oo) Elaborar y actualizar en forma permanente la matriz energética provincial y la proyección de la demanda de energía.

pp) Ejercer la representación de la Provincia en los organismos regionales, nacionales e internacionales relacionados con dichas competencias.

qq) Ejercer como autoridad de aplicación para el otorgamiento de permisos y concesiones de exploración, explotación, almacenaje y transporte de hidrocarburos.

rr) Ejercer como autoridad de aplicación para el otorgamiento de prórrogas de plazos y autorización de cesiones sobre aquellas áreas que correspondan o reviertan a la Provincia en virtud del régimen jurídico nacional, como así también las que se definan en los planes de exploración y/o explotación de hidrocarburos que a tal efecto se elaboren.

ss) Administrar y custodiar todos los datos primarios de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos, la documentación técnica y la información estadística relacionada con las áreas y los yacimientos localizados en la Provincia.

tt) Ejercer el control técnico, operativo y económico de la producción de petróleo y gas en las áreas concesionadas, permisionadas, a permisionarse y/o concederse.

uu) Desarrollar las tareas de control de cantidad, calidad, y ubicación de las fuentes respectivas de la producción de hidrocarburos.

vv) Promover el desarrollo e investigación de las distintas fuentes de energía existentes en la Provincia de Mendoza, promoviendo en particular hábitos racionales y eficientes de consumo energético, mediante soluciones sustentables tanto desde el punto de vista económico como medioambiental.

ww) Ejecutar la política minera en la Provincia de Mendoza.

xx) Ejercer las facultades de supervisión, en el ámbito de su competencia.

Artículo 16 – Se relacionarán con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, los siguientes organismos:

a) ISCAMen.

b) Fondo de Financiamiento de Inversiones Privadas para la Transformación y el Crecimiento Socio-Económico de la Provincia de Mendoza

c) Dirección Provincial de Vialidad.

d) Departamento General de Irrigación.

e) Instituto Provincial de la Vivienda.

f) Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (E.M.E.S.A.).

MINISTERIO DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES

Artículo 17 – Será competencia en general del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes crear las condiciones necesarias para la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, con la participación responsable de todos los sectores involucrados, a fin de proporcionar cobertura integral accesible a toda la población Promover las condiciones que permitan a los habitantes de la Provincia, a la familia y a cada uno de sus miembros alcanzar su realización, removiendo obstáculos que impidan o dificulten una correcta integración social, promoviendo el esfuerzo propio y la acción solidaria, en un marco de derechos y equidad territorial, en orden a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías, bajo la plena vigencia de las instituciones del sistema democrático.

Fomentar, apoyar y controlar el desarrollo de las prácticas deportivas en la Provincia de Mendoza.

En particular, con carácter enunciativo, le corresponde:

a) Proponer y aplicar la política sanitaria y de prevención, promoción y protección integral de la familia en todo el ámbito provincial.

b) Promover y proponer, con la participación de los sectores de la seguridad social y de los prestadores privados, la creación de un sistema de salud para todos los habitantes de la Provincia.

c) Proveer la capacitación del recurso humano en función de las necesidades del servicio

d) Reunir la información y promover la investigación sanitaria y científico-técnica aplicada a los servicios de salud.

e) Ejercer la policía sanitaria y la superintendencia de todas las acciones que en materia de salud se desenvuelvan en el territorio provincial.

f) Administrar los establecimientos y dependencias que de este Ministerio dependan pertenecientes al Gobierno Provincial.

g) Descentralizar la administración sanitaria y social a fin de lograr una adecuada coordinación y ejecución local de las acciones, debiendo preverse los recursos en el caso que corresponda.

h) Garantizar mediante la firma de convenios la efectiva descentralización de recursos suficientes que aseguren el normal funcionamiento de los centros de salud, con aquellos municipios que tengan efectores propios de atención primaria.

i) Promover, colaborar y programar las medidas para prevenir y controlar los riesgos epidemiológicos en la Provincia.

j) Propiciar la investigación como herramienta fundamental para dotar de efectividad a las políticas sanitarias.

k) Brindar un soporte tecnológico sustentable integrador del manejo de la información con el objeto de optimizar los procesos y circuitos de información sanitaria.

l) Regular las condiciones sanitarias de los establecimientos de venta y preparación de productos alimenticios, con el objeto de proteger la salud de los consumidores, en coordinación con otros organismos en el marco de sus respectivas competencias.

m) Regular y fiscalizar la cadena de venta de productos farmacéuticos con el objeto de garantizar la calidad, eficiencia, trazabilidad y seguridad de la compra de medicamentos por la población, en el marco de la legislación vigente.

n) Organizar y controlar la prestación, accesibilidad y calidad de los servicios sanitarios en el primer nivel de atención.

o) Coordinar los programas preventivos especialmente dirigidos a grupos vulnerables y con factores de riesgo.

p) Planificar, evaluar y controlar el cumplimiento de las políticas y estrategias de Salud Materno Infantil.

q) Asistir las emergencias sanitarias en el marco de las competencias respectivas.

r) Facilitar el acceso de los pacientes a los distintos programas de alta o mayor complejidad sanitaria.

s) Desarrollar políticas y acciones de prevención y asistencia de la salud mental de la población.

t) Promover y ejecutar programas destinados a prevenir y asistir a las personas afectadas por adicciones.

u) Proponer y ejecutar políticas de promoción y protección integral de la familia.

v) Proponer, coordinar y ejecutar políticas integrales relacionadas con la niñez y la adolescencia, la juventud, la ancianidad y la discapacidad.

w) Desarrollar políticas dirigidas a grupos sociales vulnerables, con el propósito de asegurar la equidad social, e integrar creativamente a todos los ciudadanos en la distribución de bienes sociales.

x) Promover la organización social como objetivo de desarrollo humano y como instrumento eficiente para la participación ciudadana en la definición de objetivos de política socioeconómica y en la autogestión de servicios y actividades.

y) Promover el crecimiento socioeconómico de la Provincia, la transformación de su estructura productiva y la generación y protección del ingreso económico de las familias, en coordinación con el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía en el ámbito de sus respectivas competencias.

z) Desarrollar y Organizar la ayuda estatal y comunitaria para los casos de emergencias y catástrofes individuales y sociales promoviendo al mismo tiempo la organización social.

aa) Promover y consolidar el desarrollo de valores y actitudes para el fortalecimiento de la comunidad.

bb) Desarrollar políticas públicas que garanticen una mayor equidad en la situación de las mujeres, afirmando su rol dentro de la comunidad como sujetos activos, y habilitando su participación en el proceso de desarrollo social, educacional, político y cultural de la Provincia.

cc) Entender en las medidas y acciones tendientes a obtener financiamiento para planes de desarrollo social, controlando -en el ámbito de su competencia- el cumplimiento por los organismos ejecutores -provinciales o municipales- de los compromisos adquiridos.

dd) Intervenir en la definición de los criterios de asignación de recursos financieros destinados a la población en el ámbito de su competencia.

ee) Entender en la reglamentación, control y auditoría de los programas sociales y sanitarios descentralizados a la Provincia, municipios y organizaciones no gubernamentales, por transferencia.

ff) Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.

gg) Entender en la formulación y aplicación de políticas y programas de promoción, protección y fortalecimiento de los derechos humanos.

hh) Promover y ejecutar políticas de integración y de lucha contra todo tipo de discriminación.

ii) Promover y ejecutar las políticas de prevención contra la violencia de niños y de género.

jj) Entender en la aplicación de los Convenios de Asistencia y Cooperación Jurídica con la Nación y con las otras Provincias en materia de derechos humanos, e intervenir en los Convenios Internacionales de la misma naturaleza.

kk) Fomentar, apoyar y organizar la práctica de actividades deportivas en coordinación con las jurisdicciones competentes según la temática respectiva.

ll) Elaborar propuestas de intercambio local, regional e interprovincial en materia deportiva.

mm) Coordinar y ejecutar con los Municipios programas de capacitación y desarrollo de acciones en materia deportiva, procurando para tal fin la aplicación de principios éticos y pedagógicos.

nn) Fomentar y organizar eventos deportivos de participación masiva.

oo) Promover programas y proyectos donde el deportista y sus organizaciones sean actores protagónicos del desarrollo local.

pp) Articular la financiación de los proyectos deportivos con aportes de organismos públicos y privados, provinciales, nacionales e internacionales.

qq) Organizar actividades deportivas para grupos específicos como adultos mayores, discapacitados y niños, en coordinación con las jurisdicciones con competencia específica en la temática.

rr) Promover la descentralización de la actividad deportiva.

ss) Promover la integración de las organizaciones vinculadas a la actividad deportiva.

tt) Fiscalizar y controlar los ámbitos donde se realiza la práctica de deportes, en coordinación con las autoridades y jurisdicciones correspondientes, como así también la matriculación de los profesionales de la Educación Física.

uu) Favorecer y facilitar la organización y participación de representaciones deportivas provinciales en eventos de carácter, regional, nacional e internacional.

vv) Propiciar la capacitación y perfeccionamiento de dirigentes, técnicos, instructores deportivos, auspiciando y organizando cursos, congresos y conferencias a tal efecto.

ww) Evaluar las necesidades y elaborar en coordinación con las entidades específicas los programas técnicos de alto rendimiento deportivo en la Provincia.

Artículo 18 – Se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes los siguientes organismos;

a) Obra Social de Empleados Públicos (OSEP);

b) Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) y

c) Hospitales Públicos descentralizados

TITULO III DE LAS SECRETARIAS DEL PODER EJECUTIVO

DISPOSICIONES COMUNES A LAS SECRETARÍAS

Artículo 19 – Los Secretarios tendrán rango y jerarquía de Ministerio.

Artículo 20 – Son funciones comunes a todas las Secretarías las siguientes:

a) Colaborar con el Gobernador en la solución de los problemas propios de su competencia.

b) Informar por escrito, emitiendo opinión fundada sobre los asuntos en trámite, cuando así lo requiriese el Gobernador.

c) Dirigir, supervisar, coordinar y ejecutar todas las acciones relacionadas con la función específica de su área.

Artículo 21 – Los Secretarios dependerán directamente del Gobernador de la Provincia y participarán de las reuniones de Gabinete.

Artículo 22 – El Procedimiento de refrendo de los actos administrativos originados en la Secretaría de Cultura será a través del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia. Las Secretarías de Ambiente y Ordenamiento Territorial y de Servicios Públicos lo harán a través del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía.

TITULO IV DE LAS SECRETARIAS EN PARTICULAR

SECRETARÍA DE CULTURA

Artículo 23 – Será competencia en general de la Secretaría de Cultura, la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política cultural de la Provincia, articulando los intereses de los distintos sectores de la sociedad desde una concepción pluralista y democrática, sustentándose en la reafirmación de la identidad mendocina, argentina y latinoamericana, con apertura a los demás pueblos del mundo y su integración en el Mercosur, preservando y valorizando el patrimonio histórico, artístico, cultural y natural.

En particular, con carácter enunciativo, le corresponde:

a) Diseñar e implementar las políticas, planes y programas tendientes a preservar y acrecentar el acervo cultural.

b) Realizar, promover y orientar las manifestaciones artístico-culturales promoviendo y realizando actividades de formación especializada en estas áreas.

c) Promover las actividades culturales de interés comunitario.

d) Diseñar e implementar políticas, normas, proyectos y obras que tengan por objeto el desarrollo, relevamiento y preservación del patrimonio de la Provincia de Mendoza, así como de su infraestructura cultural.

e) Diseñar e implementar las políticas y acciones tendientes a fomentar las industrias culturales.

f) Fomentar y estimular la creación artística y el desarrollo científico a través del reconocimiento económico y el estímulo al mérito.

g) Estimular y apoyar las iniciativas culturales, de producción audiovisuales, de comunicación y demás expresiones del arte.

h) Entender en todo lo relacionado con bibliotecas, archivos y museos, prestando asistencia.

i) Estimular, apoyar, organizar y coordinar ejes relacionados con la Artes Escénicas, tanto de vanguardia como clásicas, permitiendo en ellas tanto la participación profesional de los actores como el disfrute de los ciudadanos, especialmente programas de acercamiento de público infantil, joven y tercera edad.

j) Generar información estadística de consumo cultural en toda la provincia, tendiente a obtener datos de interés que permiten el rediseño, diseño e implementación de políticas culturales ajustadas a la realidad cultural, social y económica de cada región cultural de la provincia.

k) Promover acuerdos, intercambios, convenio, marcos acuerdos con organismos estatales de cualquier jurisdicción y organismos y entidades privadas relacionadas con el con el conocimiento científico, cultural, socio cultural y artístico, tanto en el fuero provincial como nacional e internacional, poniendo especial interés en la proyección del Mercosur Cultural.

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Artículo 24 – Le corresponde en general a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial planificar, gestionar y ejecutar las políticas tendientes a promover un uso y explotación de la tierra y de los recursos naturales de Mendoza con una función social y sustentable en términos ambientales, reforzando el rol del Estado como ordenador, regulador y promotor del bien común.

En particular, con carácter enunciativo, le corresponde:

a) Promover la ejecución y la planificación de las políticas de desarrollo territorial y planes de uso de la tierra de conformidad a la normativa vigente.

b) Realizar acciones tendientes a promover asentamientos poblacionales en zonas habilitadas con el objeto de poner en valor las características productivas y de desarrollo regional de cada zona.

c) Potenciar la inversión privada, adecuándola a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial del Estado de manera tal de incentivar la creación de puestos de trabajo.

d) Ejecutar y controlar el cumplimiento de las normas de impacto ambiental.

e) Definir los objetivos esenciales del ordenamiento ambiental en el ámbito de su competencia, procurando el mejoramiento de la articulación urbana y territorial dentro de la Provincia y de la región.

f) Impulsar y fomentar la coordinación entre el Estado Provincial y los Municipios en el trazado de las políticas de desarrollo urbano y territorial, garantizando la participación de los ciudadanos y de las organizaciones intermedias, mediante su información y respeto por su derecho de iniciativa, propiciando la solución concertada de diferencias y conflictos.

g) Propender a que las políticas de empleo, vivienda, salud y educación consideren como componentes los aspectos espaciales y ambientales.

h) Proponer campañas educativas y de concientización, relativas a la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente.

i) Mantener el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas y procurar su expansión a otras áreas.

j) Prevenir y controlar el avance de la desertificación, trazar políticas específicas de recuperación para subregiones deprimidas, deterioradas o en involución ambiental, procurando el aprovechamiento de potencialidades endógenas y el arraigo de sus habitantes en condiciones adecuadas de calidad de vida evitando desigualdades territoriales.

k) Promover el uso racional de los recursos naturales disponibles, coordinando con los Municipios los planes y políticas que tracen al respecto.

l) Recuperar y revalorizar las identidades culturales de las regiones intra-provinciales que sustenten la armonía entre el hombre y el ambiente.

m) Ejecutar las acciones en materia de política y gestión ambiental provincial tendientes a la preservación, conservación, defensa y mejoramiento de los ambientes naturales, urbanos y agropecuarios y todos sus elementos constitutivos.

n) Intervenir en la gestión y obtención de cooperación técnica y financiera para el cumplimiento de objetivos y políticas de su competencia.

o) Administrar los Parques y Zoológicos provinciales.

p) Disponer, con autorización legislativa en los casos que así corresponda, la afectación al uso público de las tierras de propiedad de la Provincia de Mendoza priorizando su aplicación a planes de vivienda y/o de desarrollo productivo que se instrumenten a través de las carteras ministeriales correspondientes.

q) Controlar el cumplimiento de las normas ambientales en las actividades petroleras, mineras y todas aquellas vinculadas a la utilización de recursos naturales.

r) Ejecutar las acciones en materia de política y gestión provincial en la generación, transporte y operación de los residuos patogénicos y peligrosos, conforme a la Ley917 y 7.168 y sus modificatorias.

Artículo 25 – Se relacionarán con el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial los siguientes organismos:

a) Agencia Mendocina de Cambio Climático.

b) Administración de Parques y Zoológicos.

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Artículo 26 – Le corresponde en general a la Secretaría de Servicios Públicos el planeamiento, coordinación, la fiscalización, el contralor de la prestación de los servicios de transporte, energía, agua potable y saneamiento urbano y rural, sanitarios: concesiones materiales, técnicas.

En particular, con carácter enunciativo, le corresponde:

a) La promoción, adaptación y perfeccionamiento de la legislación sobre: agua superficial y subterránea, en coordinación con Departamento General de Irrigación.

b) Entender en la elaboración, propuesta y ejecución de la política en materia de Transporte Público de Pasajeros en el ámbito de la jurisdicción provincial.

c) El Planeamiento, coordinación, fiscalización, contralor y prestación de los servicios de generación, distribución de agua potable y saneamiento urbano y rural, sanitarios, concesiones materiales, técnicas y prestación de servicios técnicos.

d) Entender en la planificación y formulación de las políticas electro – energéticas en el ámbito de la jurisdicción provincial y en su relación con el resto de los actores del Mercado Eléctrico Mayorista.

Artículo 27 – Los organismos enumerados en el presente artículo se relacionaran funcionalmente con el poder ejecutivo a través de la Secretaría de Servicios Públicos, a saber:

a) Ente Provincial del Agua y de Saneamiento.

b) Empresa Provincial de Transportes.

c) Ente Provincial Regulador Eléctrico.

d) Agua y Saneamiento Mendoza Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (AYSAM-S.A.P.E.M.).

e) El Comité de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial (Ley 6.082).

Artículo 28 – La Secretaría de Servicios Públicos creada por esta Ley será el organismo de aplicación de la Ley 6.082, del Decreto Reglamentario 867/94 y de las demás normativas concordantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en reemplazo del Ministerio de Transporte. Toda mención de la Dirección de Transporte, de la Dirección de Vías y Medios de Transporte, o el Ministerio de Transporte, en los textos legales, a partir de la presente se entenderá referida a la Secretaría de Servicios Públicos. Toda mención del Director de Transporte, del Director de Vías y Medios de Transporte o del Ministro de Transporte, a partir de la presente se entenderá referida al Secretario de Servicios Públicos.

TITULO V DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 29 – Cuando el Estado Provincial o sus entes descentralizados de cualquier índole, fueran condenados en juicio por faltas personales de los funcionarios o agentes públicos, los responsables del servicio jurídico que hubieren intervenido en el proceso respectivo, deberán adoptar las medidas necesarias a fin de que antes de la prescripción se inicien las acciones de repetición pertinentes contra los responsables.

Artículo 30 – Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar por vía reglamentaria, las modificaciones y adecuaciones administrativas, institucionales, orgánicas, funcionales y presupuestarias necesarias a efectos del cumplimiento de la presente Ley, pudiendo determinar las nuevas autoridades de aplicación de la normativa vigente.

Artículo 31 – Deróguese la Ley 8.637 “Ley Orgánica Ministerial”, así como toda otra norma que se oponga a la presente.

Artículo 32 – Modifíquese el Artículo 2° de la Ley 6.006 y su modificatoria el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 2°- Será autoridad de aplicación de la presente Ley la Administración de Parques y Zoológicos. Su relación funcional con el Poder Ejecutivo Provincial se mantendrá a través de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial”.

Artículo 33 – Modifíquese el Artículo 16 de la Ley 6.333 el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 16- La relación institucional del I.S.C.A.Men con el Poder Ejecutivo Provincial se canalizará a través del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía”.

Artículo 34 – El Fondo de Financiamiento de Inversiones Privadas para la Transformación y el Crecimiento Socio – Económico de la Provincia de Mendoza creado por Ley 6.071 y sus modificatorias dependerá funcionalmente del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía.

Artículo 35 – Modifíquese el primer párrafo del Artículo 3° de la Ley 7.412 y modificatorias, “Ley Marco de Administración, Planificación y Regulación Transporte Público de Pasajeros”, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 3°- Principios generales y objetivos. La Política General y la Planificación del Transporte Público de Pasajeros en el ámbito de la jurisdicción provincial, se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Servicios Públicos”.

Artículo 36 – Modifíquese el Artículo 8° de la Ley 7.412 y modificatorias, “Ley Marco de Administración, Planificación y Regulación Transporte Público de Pasajeros”, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 8°- El Ente Regulador del Transporte Público de Pasajeros queda vinculado funcionalmente al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Servicios Públicos”.

Artículo 37 – Modifíquese el Artículo 11 de la Ley 6.497 y modificatorias, “Marco Regulatorio Eléctrico”, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 11- El Poder Ejecutivo tiene a su cargo la planificación y formulación de las políticas electro – energéticas en el ámbito de la jurisdicción provincial, siendo autoridad de aplicación de la presente Ley la Secretaría de Servicios Públicos”.

Artículo 38 – La Secretaría de Servicios Públicos será autoridad de aplicación de las Leyes 6.497, 6.498, 7.543, 7.544, complementarias y modificatorias, disposiciones Nacionales atinentes a la Jurisdicción Provincial en temas de energía, como así también en todos aquellos ámbitos y leyes que comprendan o comprometan competencias asignadas por esta Ley a la referida Secretaría.

Artículo 39 – Las competencias en materia de Turismo que no estén contempladas en el artículo 15 de la presente Ley, serán ejercidas por el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía hasta tanto se cree el Ente Autárquico de Derecho Público Mendoza Turismo (Mendoza Turismo) siendo las mismas:

  1. Promover las actividades turísticas como una herramienta para el desarrollo económico y social.
  2. Promover la investigación de la demanda y el desarrollo de la oferta turística de la Provincia en todas sus categorías.
  3. Atraer inversiones para el desarrollo de la capacidad turística instalada.
  4. Fijar políticas de defensa, promoción, desarrollo y control de las actividades turísticas.
  5. Promover formas de participación y coordinación con el sector privado en la promoción y desarrollo de actividades turísticas.
  6. Promover la integración turística a nivel regional, nacional e internacional.
  7. Fomentar y promocionar la actividad turística provincial.
  8. Potenciar la oferta turística de Mendoza a través del desarrollo de nuevos productos turísticos.
  9. Desarrollar la conciencia turística de toda la población.
  10. Potenciar todos los atractivos de la Provincia en sus usos recreativos, deportivos, turísticos y culturales, tanto para mendocinos como para turistas.
  11. Desarrollar las potencialidades educativas y turísticas de las regiones, valorizando sus características diferenciales con otras de Latinoamérica.
  12. Promocionar la creación de foros mixtos regionales en los cuales se diserten las políticas turísticas, como así también la organización y descentralización de recursos del sector.

Artículo 40 – El Poder Ejecutivo reglamentará la estructura orgánica de cada Ministerio y/o Secretaría, aprobando sus organigramas.

Artículo 41 – Autorízase al Poder Ejecutivo a modificar, sustituir, suprimir, reasignar y reestructurar organismos, funciones, competencias, dependencias y denominaciones, de las jurisdicciones ministeriales dependientes de la administración central. Asimismo, queda facultado para modificar las relaciones jerárquicas y funcionales legalmente establecidas, respecto de la administración.

Artículo 42 – La presente Ley de Ministerios tendrá vigencia a partir de su promulgación.

Artículo 43 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. SENADO, en Mendoza, a los dos días del mes de diciembre del año dos mil quince.

Juan Carlos Jaliff

Presidente Provisional

de Senado

Sebastián Pedro Brizuela

Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Néstor Parés

Presidente

Cámara de Diputados

Jorge Manzitti

Secretario Legislativo

Cámara de Diputados